Los de abajo
La falacia del tutelaje de Washington y el despertar de la soberanía mexicana
El reciente pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a las constantes presiones provenientes de Washington no constituye un episodio aislado discurso nacionalista; representa, en cambio, una radiografía puntual de una asimetría geopolítica que se agudiza al ritmo del calendario electoral estadounidense.
Al rechazar de forma categórica el intervencionismo extranjero y señalar que los enfoques punitivos externos suelen exacerbar la inestabilidad interna, la mandataria mexicana coloca sobre la mesa una discusión impostergable sobre la corresponsabilidad, el respeto mutuo y los límites de la cooperación binacional de cara a los comicios legislativos del próximo noviembre.
La narrativa de la “narcopolítica”, reactivada de manera cíclica por diversos sectores de la política y funcionarios en Estados Unidos, opera bajo una lógica de reparto de culpas que carece de sustento analítico serio.
Se presenta el fenómeno del tráfico de sustancias ilícitas como una anomalía exclusivamente latinoamericana que contamina un territorio receptor pasivo. Esta postura ignora una realidad matemática y operativa elemental: los miles de toneladas de estupefacientes que cruzan la frontera no se distribuyen de manera espontánea ni invisible a lo largo y ancho del territorio estadounidense.
Un mercado de esa magnitud económica y logística solo puede prosperar mediante la complicidad estructural de redes locales, la corrupción de mandos policiacos en múltiples niveles de gobierno y la opacidad regulatoria dentro de sus propias fronteras.
En este entramado, la actuación de la Administración de Control de Drogas (DEA) queda bajo un severo escrutinio. Lejos de concentrar sus esfuerzos en desarticular los esquemas de lavado de dinero, las redes de distribución doméstica y el incesante flujo ilegal de armas de asalto de alta potencia que alimenta la violencia en México, la agencia ha priorizado históricamente una agenda de intromisión operativa y mediática.
Esta estrategia de tutelaje y condicionamiento político parece más orientada a influir en los equilibrios de poder internos del Estado mexicano que a resolver la crisis de salud pública por adicciones que desgarra al tejido social de la propia Unión Americana.
Por primera vez, este persistente diferendo diplomático e institucional encuentra un eco de rechazo explícito y medible en la base social de la población mexicana. Los resultados de la encuesta global realizada por la consultora británica Focaldata aportan un dato empírico contundente que transforma la naturaleza del debate: un 58 % de los mexicanos percibe a Estados Unidos como una amenaza importante para la seguridad nacional del país.
Este indicador sitúa a la superpotencia vecina muy por encima de los niveles de desconfianza que inspiran actores globales como Rusia (34 %) o China (27 %), desmitificando la noción de una aceptación sumisa del liderazgo de Washington en el país.
Este vuelco sociológico evidencia que la ciudadanía mexicana ha asimilado los costos históricos de una relación bilateral profundamente desigual, donde el norte aporta el consumo masivo insaciable y el financiamiento armamentístico, mientras que el sur asume los costos humanos, la violencia territorial y el estigma geopolítico internacional.
Al respaldar conceptualmente la postura presidencial de “coordinación sin subordinación”, la opinión pública mexicana envía un mensaje nítido: el margen de tolerancia frente a la instrumentalización de México como piñata electoral o chivo expiatorio de las campañas políticas estadounidenses se ha agotado, abriendo paso a una exigencia generalizada de soberanía bidireccional y dignidad diplomática.
