Los de abajo
Endurecer la ley y profesionalizar la fuerza,
la reforma de la seguridad en Tabasco
La XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez, ha colocado sobre la mesa de debate una de las reformas más profundas y estructurales en la historia reciente de la procuración de justicia en la entidad.
La propuesta formal para duplicar las penas mínimas por homicidio y el ambicioso proyecto para transformar la Academia de Policía del Estado en una Universidad de Policía marcan el inicio de una fase marcadamente institucional y de largo alcance.
Con este movimiento, el gobierno tabasqueño sitúa la discusión pública exactamente donde debe estar: en la urgencia de articular el despliegue operativo en las calles con cambios de fondo en el marco penal y educativo del estado.
La iniciativa de reforma al Código Penal presentada por el fiscal General del Estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, rompe con un rezago jurídico histórico que arrastraba la entidad frente a otras legislaciones del país.
Elevar el homicidio simple a un rango de 12 a 24 años de prisión, y el homicidio calificado a un espectro de 25 a 50 años de cárcel, responde a una necesidad de homologación federal. Durante mucho tiempo, la laxitud punitiva en la normativa local restó fuerza punitiva al Estado frente a los infractores.
El verdadero valor de este endurecimiento legislativo no radica en la trampa del populismo penal —esa vieja idea de que elevar los años de cárcel borra el delito en automático—, sino en dotar a los juzgadores de herramientas proporcionales a la gravedad de arrebatar una vida, elevando significativamente el costo legal de la delincuencia.
Este viraje en la estrategia legal ocurre en un contexto crucial para la actual administración. El combate a los delitos de alto impacto en Tabasco ha comenzado a registrar una tendencia sostenida a la baja en homicidios dolosos durante los últimos meses.
Este avance estadístico no es casualidad; deriva de una reconfiguración operativa basada en el uso de inteligencia policial, tiros de precisión y una estrecha coordinación interinstitucional con las fuerzas federales a través de la Mesa de Paz.
Sin embargo, contener las estadísticas en el territorio es un triunfo efímero si la estructura judicial no consolida esos esfuerzos. La calle puede ser pacificada temporalmente con patrullajes, pero la paz social solo se institucionaliza cuando la ley castiga con firmeza e impide las salidas fáciles del sistema de justicia.
Por ello, el segundo gran eje acordado en el salón Gorostiza de Palacio de Gobierno —el proyecto de la Universidad de Policía— es quizás el más trascendental de todos a largo plazo.
Al involucrar directamente al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Javier Zúñiga Hernández, y comprometer de manera corresponsable a los presidentes municipales, el Ejecutivo estatal está atacando el problema desde su raíz: la dignificación y profesionalización de los cuerpos de seguridad.
Transitar de un modelo de capacitación técnica básica (la actual Academia) a una formación universitaria científica, ética y con perspectiva de derechos humanos, permitirá a Tabasco contar con policías mejor preparados para blindar los municipios frente a las dinámicas delictivas.
Abatir el crimen y restaurar el tejido social exige un delicado equilibrio entre la fuerza del Estado y la solidez de sus leyes. Las propuestas emanadas de este Consejo Estatal demuestran que Tabasco busca superar la etapa de la simple reacción policial para construir una paz duradera, sustentada en policías profesionales en las calles y castigos severos e ineludibles en los tribunales.
El reto inmediato recaerá en el Congreso del Estado, encargado de procesar estas iniciativas con agilidad, y en la capacidad de las fiscalías y juzgados para aplicar estas nuevas herramientas con la transparencia y eficiencia que la ciudadanía tabasqueña demanda.
