Los de abajo

El debate público en México padece una persistente amnesia. La reciente insistencia de las dirigencias nacionales del PRI y del PAN por etiquetar a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena como un "narcogobierno" no solo evidencia una estrategia de confrontación electoral simplista, sino que ignora la profunda genealogía de la violencia y la ilegalidad en el país.
 

El uso de calificativos estridentes suele funcionar como un mecanismo de evasión: al reducir un problema histórico a la gestión del adversario en turno, se elude la responsabilidad de revisar cómo se construyeron los cimientos de la crisis actual.
 

La periodista y cronista Alma Guillermoprieto, en su reciente obra Esta improbable tierra prometida, ofrece una clave de lectura fundamental para superar este reduccionismo. Su tesis es categórica: el crimen organizado no fundó el ecosistema de la impunidad en México, sino que se incrustó en un andamiaje institucional previamente diseñado.
 

"La corrupción en este país la inventó el PRI, la perfeccionó, le dio mil sutilezas y mil vueltas", apunta la escritora.
 

Bajo este enfoque analítico, el fenómeno del narcotráfico no debe entenderse como una fuerza externa que corrompió un Estado otrora funcional, sino como el huésped natural de un sistema donde la corrupción no era una desviación de la norma, sino la norma misma de cohesión política y supervivencia.
 

Por ello, resulta sociológicamente insostenible que las fuerzas políticas que vertebraron y administraron ese régimen corporativo pretendan hoy analizar el fenómeno de la inseguridad como si este careciera de pasado.
 

El narcotráfico, como bien señala Guillermoprieto, encontró "la cama en la que se acostó cómodamente".
 

HERENCIA TRICOLOR, LUCRO GRINGO
 

Esa cama se tendió a lo largo de décadas mediante redes de complicidad, simulación legal y una cultura patrimonialista cuyas raíces, incluso, se remontan a las dinámicas de control laxo de la época colonial.
 

Desmantelar un hábito histórico tan arraigado representa un desafío que trasciende por mucho los plazos de un sexenio o las alternancias partidistas.
 

Esta simplificación interna coincide, además, con el endurecimiento de la retórica punitiva proveniente de los Estados Unidos. Desde el inicio de la segunda gestión de Donald Trump en enero de 2025, la agenda bilateral ha estado marcada por el uso del combate a las drogas como una herramienta de presión geopolítica e injerencismo, reviviendo lógicas de la "guerra contra las drogas" inaugurada por Richard Nixon en 1971.
 

Más de medio siglo de evidencia empírica demuestra que el enfoque puramente militar y prohibicionista ha fracasado en reducir el flujo de sustancias, logrando únicamente multiplicar el número de víctimas y robustecer las economías criminales.
 

La crítica seria al momento actual no puede nutrirse de la desmemoria. Si la oposición busca recuperar legitimidad en el debate sobre la seguridad nacional, debe abandonar el adjetivo fácil y asumir el costo de su propia biografía histórica.
 

Señalar el presente sin reconocer que el narcotráfico opera sobre las estructuras que ellos mismos heredaron no es hacer contrapeso político; es perpetuar la incomprensión de un problema que exige, antes que consignas, una cirugía estructural del Estado.