Los campesinos pobres y los programas agropecuarios
Los campesinos antorchistas hemos aprendido, a costa de las distintas luchas que hemos librado en los 42 años de existencia, que las dependencias encargadas de apoyar la producción rural han servido para muchas cosas, pero no para mejorar las condiciones de vida en el campo o para aumentar la producción de alimentos suficientes. No se ha creado una independencia alimentaria que mejore la situación de vida de las familias que viven en las zonas rurales de nuestro país, pues actualmente se encuentran en una situación de abandono y tal parece que, de seguir con gobiernos como los que ha tenido México por los últimos 35 años, la situación no va a cambiar.
Veamos, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Esta dependencia tiene como objetivo son propiciar una política de apoyo que permita producir mejor y elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rural y costera; abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares; y mejorar los ingresos de los productores. Pero, ¿qué ocurre en la realidad?
Uno de los programas insignia de la dependencia, el PROAGRO (antes PROCAMPO), no ha logrado, en sus más de 20 años de operación, mejorar la producción de los campesinos que siembran para el autoconsumo y que son la inmensa mayoría de los 26 millones de mexicanos que viven en el medio rural, ni menos ha ayudado al país a lograr una independencia alimentaria. En otros casos, como PIMAF o AGROPRODUCCIÓN, nos consta que los campesinos humildes que pretenden inscribirse, se enfrentan a una serie de requisitos, muchas veces imposibles de cumplir: a los plazos de cierre de ventanillas, llenar formatos por internet, meter cotizaciones, etc. Y, cuando por fin alguien tiene la fortuna de lograr salir aprobado, resulta que éste es muy limitado e insuficiente dadas las grandes carencias ancestrales de los campesinos. Dichos programas otorgan montos de apoyo por poco más de dos mil pesos o menos por hectárea para semilla, herbicida y fertilizante, cuando es bien sabido que sólo para la fertilización se ocupa una inversión de dos mil 500 pesos o más, es decir, no alcanza.
Por otro lado, los “apoyos” casi siempre llegan a manos del productor con varios meses de retraso, cuando ya pasó la temporada de siembra y poco se puede hacer.
Ahora bien, si se quiere acceder a un apoyo para la compra de tractores o maquinaria agrícola, el requisito señala una superficie mínima de 85 hectáreas, cuando en nuestro país el 72 por ciento de las unidades de producción rural son menores a cinco, es decir pequeñas parcelas trabajadas por pequeños productores, muchos de ellos indígenas, que producen para el autoconsumo. Otro 22 por ciento son de entre cinco y 20 hectáreas, también de autoconsumo y sólo un excedente es destinado al mercado local. Estos datos nos llevan a la conclusión de que sólo el seis por ciento de las siembras se hacen en superficies de más de 20 has y éstas, por lo regular, pertenecen a empresarios que producen (ellos sí) como negocio.
No hace falta ser un especialista para darse cuenta que una política de apoyo al campo así diseñada, está encaminada a beneficiar principalmente a los grandes propietarios del campo, pues son ellos quienes pueden aprovechar realmente los programas diseñados de esa manera, ya que solo ellos pueden cubrir el requisito del tamaño de la tierra y dar las aportaciones para los apoyos con maquinaria o equipo de riego, etc., la mayoría de las veces, dichas aportaciones son de varios miles de pesos que difícilmente un campesino o pequeño productor pueden conseguir, si no es endeudándose o vendiendo la propia tierra.
La mayoría de los campesinos tampoco pueden aportar las garantías liquidas o pagar los créditos que suelen ser requisito en tales programas. De tal manera que, el auténtico campesino, el pequeño productor de autoconsumo, se tiene que conformar con los programitas de traspatio o con un “paquete tecnológico”, que consiste en un saco de semilla, una bombita de mano y un poco de fertilizante, y que además llega a destiempo. Eso si no toca la de malas que haya recorte, porque si hay, ni eso. Estos hechos lo único que evidencian es que, desde sus mismas reglas de operación, las dependencias del gobierno encargadas de la atención al campo, buscan beneficiar principalmente a los grandes negociantes del campo y no a los campesinos pobres.
A los antorchistas no nos sorprende esto, hemos aprendido con nuestra lucha que un gobierno como el actual y sus dependencias, forma parte de un sistema económico neoliberal dominado por una minoría que no se propone repartir la riqueza sino concentrarla. Nos queda claro que las acciones implementadas por un gobierno no popular nunca van a tender a beneficiar a los de abajo, sino a quienes lo tienen y sostienen para servir a sus propios intereses y los de su clase.
A los trabajadores, al pueblo sólo nos queda un camino si queremos una verdadera mejoría en el campo; si queremos que haya un reparto más equitativo de la riqueza, es necesario que nos unamos y sigamos el camino del Movimiento Antorchista. Es necesario sumar una fuerza popular que alcance 10 millones de mexicanos, una gran fuerza que aglutine a los pobres del campo y de la ciudad para que juntos luchemos por llevar a una nueva clase social al gobierno de nuestro país, y así lograr un cambio en el actual modelo económico.
Es necesario un gobierno que vele por los intereses del pueblo, que le haga obras, que le dé servicios básicos de calidad, vivienda, educación y salud a la clase trabajadora; en una frase, que le haga justicia a los desheredados y marginados de siempre.
Solamente así los campesinos podremos lograr un cambio en las instituciones encargadas de los apoyos al campo y entonces, sólo entonces, todos seremos tomados en cuenta y se darán las condiciones para que haya una verdadera igualdad de oportunidades.
Una tarea difícil, es cierto, pero el viaje más largo comienza por el primer paso.
