LOS VERDADEROS MOTIVOS DE LA RENUNCIA DE CASTILLO Por Lénin Bocanegra Priego*
La renuncia de Alfonso Castillo Suárez a la presidencia del Consejo Estatal del IEPC obliga a una lectura de fondo por las causas y los efectos que ello implica y que van más allá de supuestos “motivos de salud”. ACS, que todo el tiempo contó con el apoyo institucional (gobierno-PRI) para que permaneciera en el cargo, se pensaría que abandona el puesto después de considerar que por “salud moral y familiar” ya no le era conveniente continuar sometido a las presiones oficiales que por conducto de la Secretaría Ejecutiva se filtran hacia el interior de ese órgano colegiado electoral. Si así lo fue, ¡FELICIDADES!
Empero, no se puede pasar por alto que al irse, deja un IEPC convertido en defensor de oficio del PRI, muy lejos de ser garante de legalidad, autonomía, independencia e imparcialidad. En los hechos ha quedado demostrado que 5 de los 7 consejeros estatales y el secretario ejecutivo son apéndice del pri-gobierno. Pensaríamos que Alfonso Castillo se resistió a depender del monopolio de poder que hacia el interior de ese organismo siempre ha tenido el secretario ejecutivo Armando Xavier Maldonado.
La historia reciente nos enseña que todos los presidentes del IEPC han adolecido del síndrome de la obediencia gubernamental, entregándose totalmente a los caprichos e intereses del partido en el poder. Claro, unos se han tirado al suelo más que otros y ahí tenemos la prueba de un flamante notario público que en la administración madracista presidió el órgano, en donde se labró un fatal desprestigio como hombre, como profesionista y como ciudadano, lo que, quizás, nada le importó si quedó con los bolsillos llenos y como el sistema siempre premia a sus testaferros, hoy sigue gozando de privilegios laborales. Del mismo pie cojean los que anteriormente fueron consejeros electorales, salvo una que otra honrosa excepción, porque todos salieron con sus problemas económicos resueltos de por vida y los que actualmente fungen están cortados por la misma tijera, merced a que fueron impuestos por la mayoría priista en el Congreso, por considerárseles los más obedientes y confiables.
Hay algo que identifica a los que ya fueron y a los que están: que poco les ha importado y les importa lo que la ciudadanía piense y diga de su actuación en el IEPC, mientras que el PRI-Gobierno le brinde todo su apoyo y les pague bien por sus servicios. La honra y la dignidad para que no estorbe la guardan definitivamente en el archivo de los recuerdos, conscientes de que nunca volverían a darle uso.
En el caso del joven Castillo, es de pensar que en una lucha interna de conciencia sobrevivirían sus principios por sobre el destino de ignominia que le depararía su futuro y que por eso preferiría haber renunciado al cargo antes de continuar sometido al yugo de la consigna servil. Si así lo fue lo felicitamos por negarse a seguir siendo cómplice de la simulación.
Pero el problema de suciedad hacia el interior del IEPC no queda resuelto con la salida de Castillo Suárez, si permanece en la Secretaría Ejecutiva Xavier Maldonado Acosta. Tal vez el malo no era aquel, sino éste por ser el canal por donde fluyen las consignas de favorecer al partido en el poder y denostar a los de oposición.
Dudamos que el Congreso Local en un acto de dignidad y congruencia democrática, asuma la responsabilidad de designar a un árbitro imparcial para efecto de redimir a un IEPC que hasta ahora esta sumamente contaminado.
*Presidente de la Asociación de Abogados Progresistas
[email protected]
Empero, no se puede pasar por alto que al irse, deja un IEPC convertido en defensor de oficio del PRI, muy lejos de ser garante de legalidad, autonomía, independencia e imparcialidad. En los hechos ha quedado demostrado que 5 de los 7 consejeros estatales y el secretario ejecutivo son apéndice del pri-gobierno. Pensaríamos que Alfonso Castillo se resistió a depender del monopolio de poder que hacia el interior de ese organismo siempre ha tenido el secretario ejecutivo Armando Xavier Maldonado.
La historia reciente nos enseña que todos los presidentes del IEPC han adolecido del síndrome de la obediencia gubernamental, entregándose totalmente a los caprichos e intereses del partido en el poder. Claro, unos se han tirado al suelo más que otros y ahí tenemos la prueba de un flamante notario público que en la administración madracista presidió el órgano, en donde se labró un fatal desprestigio como hombre, como profesionista y como ciudadano, lo que, quizás, nada le importó si quedó con los bolsillos llenos y como el sistema siempre premia a sus testaferros, hoy sigue gozando de privilegios laborales. Del mismo pie cojean los que anteriormente fueron consejeros electorales, salvo una que otra honrosa excepción, porque todos salieron con sus problemas económicos resueltos de por vida y los que actualmente fungen están cortados por la misma tijera, merced a que fueron impuestos por la mayoría priista en el Congreso, por considerárseles los más obedientes y confiables.
Hay algo que identifica a los que ya fueron y a los que están: que poco les ha importado y les importa lo que la ciudadanía piense y diga de su actuación en el IEPC, mientras que el PRI-Gobierno le brinde todo su apoyo y les pague bien por sus servicios. La honra y la dignidad para que no estorbe la guardan definitivamente en el archivo de los recuerdos, conscientes de que nunca volverían a darle uso.
En el caso del joven Castillo, es de pensar que en una lucha interna de conciencia sobrevivirían sus principios por sobre el destino de ignominia que le depararía su futuro y que por eso preferiría haber renunciado al cargo antes de continuar sometido al yugo de la consigna servil. Si así lo fue lo felicitamos por negarse a seguir siendo cómplice de la simulación.
Pero el problema de suciedad hacia el interior del IEPC no queda resuelto con la salida de Castillo Suárez, si permanece en la Secretaría Ejecutiva Xavier Maldonado Acosta. Tal vez el malo no era aquel, sino éste por ser el canal por donde fluyen las consignas de favorecer al partido en el poder y denostar a los de oposición.
Dudamos que el Congreso Local en un acto de dignidad y congruencia democrática, asuma la responsabilidad de designar a un árbitro imparcial para efecto de redimir a un IEPC que hasta ahora esta sumamente contaminado.
*Presidente de la Asociación de Abogados Progresistas
[email protected]
