MEMORIA TABASQUEÑA
Hablando de leyes y represiones: contra los “conspiradores del orden y la tranquilidad pública”
(Miembro de la Academia de Historia y Ciencias Sociales de la UJAT)
En la historia de México es común encontrar gobiernos que establecen decretos, leyes y reglamentos para reprimir la acción crítica de los ciudadanos, para suprimir las libertades que devienen desde la declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron fruto de la Revolución Francesa y, que quedaron registrados como garantías individuales y sociales, en la mayoría de constituciones del siglo XIX. En la historia de México, esos gobiernos han representado el poder de los conservadores y muchas de sus leyes, representaron verdaderos mecanismos de coerción que limitaron la acción ciudadana, que luchaba por la democracia y la justicia social.
Uno de los gobernantes que se dio gusto publicando decretos con leyes y reglamentos, para mantener un control social y ejercer su poder de forma autoritaria, fue el general Antonio López de Santa Anna, en el último período en el que gobernó como Presidente de la República: entre 1852 y 1855. En especial, el 1 de agosto de 1853 publicó un decreto para establecer qué ciudadanos debían ser considerados como “conspiradores contra el orden y la tranquilidad pública”.
Ese decreto fue parte de una serie de leyes autoritarias que estableció el general veracruzano, que fueron parte de su proyecto conservador y que establecieron mecanismos de control y represión, contra todo mexicano que asumiera una postura liberal y federalista. En apego al poder que representaba Santa Anna, en Tabasco, el general y gobernador del Estado: Manuel María Escobar aprobó y publicó el decreto para considerar qué tabasqueños debían ser considerados como conspiradores, el 24 de agosto del mismo 1853.
En ese documento, el Presidente de la República y el gobernador de Tabasco, establecieron el contenido que definió qué ciudadanos debían ser tratados como conspiradores, por atentar contra el orden y la tranquilidad pública. Entre otras cuestiones, estaban cometiendo un delito contra el Estado y debían ser detenidos, todos los que:
1.- Se pronunciaran, con alguna crítica, contra el gobierno de la república o de Tabasco; ya sea que la dijeran verbalmente o por escrito.
2.- Los que se reunieran en alguna junta para manifestarse contra el gobierno; o que se resistieran contra sus decretos y leyes.
3.- Los que quisieran subvertir el orden público, promoviendo cualquier protesta, levantamiento o revolución.
4.- Los que convencieran a los ciudadanos de realizar cualquier pronunciamiento contra el gobierno y las instituciones.
5.- Los que corrompieran y lograran convencer a los funcionarios públicos de oponerse al gobierno; también, los funcionarios públicos que se vincularan con cualquier conspirador y le trasmitieran información oficial.
6,- Y todo aquel ciudadano que ayudara, tuviera relación o protegiera a los conspiradores; o sea, los hermanos, esposas, padres, amigos y familiares de todo ciudadano opositor al régimen de Santa Anna.
A partir de estas disposiciones, cualquier ciudadano que fuera acusado como “conspirador contra el orden y la tranquilidad pública”, debía ser detenido, sometido a un juicio militar por consejo de guerra y castigado con la pena de muerte. Sus bienes debían ser confiscados, para reparar los daños y perjuicios que sufriera la nación, por su acción contra el gobierno.
No está demás decir, que ese decreto se usó para perseguir a los liberales, quitarles sus bienes y amenazar a sus familiares y amigos. También, con su contenido se criminalizó la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación. Fue parte de muchas otras disposiciones legales que limitaron y reprimieron a la prensa; el libre tránsito por la república; el establecimiento de nuevos impuestos; y de nuevos mecanismos institucionales de control, que limitaron la vida pública de los ciudadanos y el ejercicio de sus libertades básicas.
Así, apoyado por los conservadores, Santa Anna en México y, Manuel María Escobar en Tabasco, ejercieron un poder autoritario, encarcelaron, persiguieron, enjuiciaron y despojaron, a todo aquel ciudadano que fue acusado de “conspirador contra el orden y la tranquilidad pública”. Lo cual, propició un repudio popular, que terminó en la Guerra de Reforma, una de las confrontaciones civiles más sangrientas, en la historia de América Latina.
En la historia de México es común encontrar gobiernos que establecen decretos, leyes y reglamentos para reprimir la acción crítica de los ciudadanos, para suprimir las libertades que devienen desde la declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fueron fruto de la Revolución Francesa y, que quedaron registrados como garantías individuales y sociales, en la mayoría de constituciones del siglo XIX. En la historia de México, esos gobiernos han representado el poder de los conservadores y muchas de sus leyes, representaron verdaderos mecanismos de coerción que limitaron la acción ciudadana, que luchaba por la democracia y la justicia social.
Uno de los gobernantes que se dio gusto publicando decretos con leyes y reglamentos, para mantener un control social y ejercer su poder de forma autoritaria, fue el general Antonio López de Santa Anna, en el último período en el que gobernó como Presidente de la República: entre 1852 y 1855. En especial, el 1 de agosto de 1853 publicó un decreto para establecer qué ciudadanos debían ser considerados como “conspiradores contra el orden y la tranquilidad pública”.
Ese decreto fue parte de una serie de leyes autoritarias que estableció el general veracruzano, que fueron parte de su proyecto conservador y que establecieron mecanismos de control y represión, contra todo mexicano que asumiera una postura liberal y federalista. En apego al poder que representaba Santa Anna, en Tabasco, el general y gobernador del Estado: Manuel María Escobar aprobó y publicó el decreto para considerar qué tabasqueños debían ser considerados como conspiradores, el 24 de agosto del mismo 1853.
En ese documento, el Presidente de la República y el gobernador de Tabasco, establecieron el contenido que definió qué ciudadanos debían ser tratados como conspiradores, por atentar contra el orden y la tranquilidad pública. Entre otras cuestiones, estaban cometiendo un delito contra el Estado y debían ser detenidos, todos los que:
1.- Se pronunciaran, con alguna crítica, contra el gobierno de la república o de Tabasco; ya sea que la dijeran verbalmente o por escrito.
2.- Los que se reunieran en alguna junta para manifestarse contra el gobierno; o que se resistieran contra sus decretos y leyes.
3.- Los que quisieran subvertir el orden público, promoviendo cualquier protesta, levantamiento o revolución.
4.- Los que convencieran a los ciudadanos de realizar cualquier pronunciamiento contra el gobierno y las instituciones.
5.- Los que corrompieran y lograran convencer a los funcionarios públicos de oponerse al gobierno; también, los funcionarios públicos que se vincularan con cualquier conspirador y le trasmitieran información oficial.
6,- Y todo aquel ciudadano que ayudara, tuviera relación o protegiera a los conspiradores; o sea, los hermanos, esposas, padres, amigos y familiares de todo ciudadano opositor al régimen de Santa Anna.
A partir de estas disposiciones, cualquier ciudadano que fuera acusado como “conspirador contra el orden y la tranquilidad pública”, debía ser detenido, sometido a un juicio militar por consejo de guerra y castigado con la pena de muerte. Sus bienes debían ser confiscados, para reparar los daños y perjuicios que sufriera la nación, por su acción contra el gobierno.
No está demás decir, que ese decreto se usó para perseguir a los liberales, quitarles sus bienes y amenazar a sus familiares y amigos. También, con su contenido se criminalizó la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación. Fue parte de muchas otras disposiciones legales que limitaron y reprimieron a la prensa; el libre tránsito por la república; el establecimiento de nuevos impuestos; y de nuevos mecanismos institucionales de control, que limitaron la vida pública de los ciudadanos y el ejercicio de sus libertades básicas.
Así, apoyado por los conservadores, Santa Anna en México y, Manuel María Escobar en Tabasco, ejercieron un poder autoritario, encarcelaron, persiguieron, enjuiciaron y despojaron, a todo aquel ciudadano que fue acusado de “conspirador contra el orden y la tranquilidad pública”. Lo cual, propició un repudio popular, que terminó en la Guerra de Reforma, una de las confrontaciones civiles más sangrientas, en la historia de América Latina.
