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La Verdad del Sureste

MÉXICO IMPUNIDAD


El martes 29 de agosto se llevó a cabo la ceremonia en donde se tomó protesta a Rodrigo Dorantes Salgado, quien fue nombrado como el nuevo Delegado Federal en Tabasco de la Procuraduría General de la República, dependencia del Ejecutivo Federal a punto de desaparecer para darle paso a la Fiscalía General que tendrá carácter de autónoma.
    El recién llegado Delegado federal, de entrada tiene bastante trabajo ya que en la entidad son comunes los delitos del fuero federal. A la ceremonia de toma de posesión asistió el Titular del Ejecutivo del Estado.
    Dorantes Salgado expresó que su objetivo es mejorar el servicio de procuración de justicia en el ámbito del fuero federal, de investigación y persecución de los delincuentes y castigo a los delitos.
    Afirmó que trabajará en coordinación con las autoridades estatales y municipales para combatir la  corrupción, actuando con respeto a los Derechos Humanos así como dirigir el proceso de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
    Dorantes Salgado, quien había sido subdelegado de la PGR en Ciudad Juárez, Chihuahua, y por más de un año y medio como Fiscal General del Estado de Morelos, estuvo en la mira debido a una investigación por el entierro ilegal y clandestino de más de 150 cuerpos; esto en el gobierno de Graco Ramírez.
    Graco Ramírez, es otro de los tabasqueños que milita en el PRD y gobierna una entidad.
    La implicación a Dorantes Salgado se debió a una investigación que se realizó por parte de la familia de Oliver Wenceslao quien el 24 de mayo de 2013 fue privado de su libertad y diez días después su cuerpo fue encontrado en una de las fosas comunes del poblado Telecinco, municipio de Cuautla, esto puso al descubierto las irregularidades de funcionarios de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía Estatal y al ex titular de la dependencia Rodrigo Dorantes Salgado.
    Según publicaciones, la renuncia de Dorantes Salgado de la Fiscalía General del Estado de Morelos se debió a que había tenido un enfrentamiento con el Comisionado Estatal de seguridad, por acusaciones de estar infiltrados por la delincuencia y estar relacionados con grupos criminales que operan en esa entidad.
    Pese al cuestionado desempeño que tuvo como subdelegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chihuahua, y Procurador General de Justicia en el Estado de Morelos, ahora ocupa la Delegación Federal  de la PGR en Tabasco.
    Dorantes Salgado se vende o se ostenta como que cuenta con una amplia capacitación en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Derechos Humanos, Técnicas de Juicio Oral en el Sistema Acusatorio e Investigación Criminal. Sumemos a este dato que asusta, el siguiente.
    Según los resultados de un estudio realizado por el Semáforo Nacional Ciudadano, 100 millones 358 mil 991 de mexicanos –84.76% de la población total– está expuesta a toda clase de delitos: homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada, trata de personas, corrupción de personas, narcomenudeo y delitos del fuero común.
    Elaborado por la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior (FUIPES) y la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica (ANCPC), el informe detalla que los datos se basan en cifras oficiales y en una encuesta realizada en 95 universidades públicas y privadas de todo el país.
    Con base en tales datos, los estados de alto riesgo para vivir son: Sonora, Chihuahua –de donde viene Dorantes y donde fue encargado del Despacho de la Delegación de la PGR y en donde también fue subdelegado en Ciudad Juárez-, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Morelos -en donde Dorantes fue Fiscal General y creció en los mentideros de la procuración de justicia-, Distrito Federal Tabasco –a donde ahora remiten a Dorantes a hacer tareas de combate a la delincuencia- , Quintana Roo y la zona fronteriza entre Chiapas y Guatemala.
    Al presentar el estudio, Arturo Mattiello Canales, presidente de la ANCPC, señaló que la mayoría de la población en el país no tiene la certeza de que el Estado mexicano en su conjunto les va a respetar sus garantías individuales.
    Prueba de ello, dijo, es el resultado de la Primera Encuesta Nacional Universitaria sobre Violencia, Drogas y el Delito que también se presentó este miércoles.
    Según dicha encuesta, aplicada a mil 900 estudiantes, catedráticos, investigadores y directivos o rectores de 95 instituciones de educación superior –70% privadas y el resto públicas– el 76.27% dijo haber sido víctima o tener conocimiento de algún delito, mientras que 29.16% dijo haber sido víctima directa de algún delito.

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