México: el rescate de la identidad por la educación.

La aprobación por unanimidad en la Cámara de Senadores, del proyecto de “Guardia Nacional” –que llevó a intensas negociaciones al interior del recinto camaral y a posiciones de la sociedad civil organizada, con críticas varias,  marca un hito en los últimos años y en especial en las semanas que lleva de acción concreta el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
    La democracia mexicana tiene momentos de quiebre importantes. Por un lado, la pérdida del poder por el partido que gobernó más de ocho décadas –con variantes positivas, intensas –ya reseñadas- que mediante crecimientos del PIB superiores al 6%, crea en buena medida al México actual y, graves, negativas, entreguistas, en las postrimerías de esa época-, que tira el crecimiento del país a menos del 2%, entregando el control de la economía a grupos antinacionales y extranjeros.
    Tal privación del poder político ocurre  en la elección presidencial del año 2000. El país entró en un momento de gran expectación, por el triunfo de la oposición, que pronto se diluyó ante la incapacidad del gobierno de la alternancia –de derecha cantada- para dar respuestas a los múltiples requerimiento de la sociedad, en su conjunto y de los grupos más vulnerables en lo particular.
    Los avances del capital sobre los derechos de los trabajadores se fortalece, la economía tiene crecimientos magros y la política internacional sufre reveses en la relación con varios países del Planeta, en particular con naciones latinoamericanas y caribeñas progresistas. Para muestra está documentado el sonado caso del trato abrupto al presidente de Cuba, Fidel Castro, paradigmática carencia de tacto político y cortesía debida hacia un dignatario extranjero. Para los anales de la diplomacia es un “crimen de lesa diplomacia”. Dicha actitud burda, renegaba la línea de “dignidad y decoro seguida por México en su trato hacia la Mayor de las Antillas”.
    El fiasco popular fue mayor cuando en el proceso electoral del 2006, se juega con el voto ciudadano y se arrebata burdamente el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Quien toma el control de la nación –“haiga sido como haiga sido- es un hombre gris, sin grandes vuelos pero ansioso de pasar a la historia, aunque para ello tenga que inventar la más atroz y sanguinaria guerra contra el narcotráfico, que terminó su sexenio con más de 104,000 muertos, sumando los desaparecidos más de 14,000, de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
    Esta situación se repite con gran fuerza en el 2012, cuando llega al poder otro representante de la oligarquía –en esta ocasión priista, miembro del grupo Atlacomulco- que hunde al país aún más, en la más grave “guerra” inventada por su antecesor.
    El tema desaparece del discurso presidencial, pero los hechos marcan un rumbo: las operaciones militares se mantuvieron con la misma intensidad. En 2016, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contabiliza 265,000 operaciones y la Marina 37,000; por su parte el gasto en seguridad llega a 248,000 millones de pesos en 2015 y 2016. La guerra contra el narco costó 1.8 billones de pesos al Estado mexicano, sin más resultados visibles que el incremento de personas desaparecidas y muertas.
    Los homicidios también crecen. Llevaban casi 70,000 hasta el 2016, para un acumulado de 174,000 en la década, según el SNSP. Otros análisis llevan esta cifra a más de 200,000. (INEGI entre 2007 y 2016). Desaparecidos superan 29,000. Observadores internacionales, afirman que durante el período, fueron práctica común: ejecuciones masivas, abusos de poder, tortura (provocada por criminales, pero también por agentes del Estado), desaparición forzada, ataques a defensores de derechos humanos y asesinato de periodistas.
    El gobierno federal presume la detención de 33 de los 37 capos de la droga que, en 2009, la PGR ubicó como los más buscados. Pero investigadores especializados (Eduardo Guerrero (Lantia Consultores) y Luis Astorga (UNAM)) advierten que los cárteles siguen operando y proliferando.
    Un elemento que muestra tal situación es el del mercado de la droga, aumentando y ensanchando el consumo doméstico en general, máxime entre los más jóvenes. Entre 2008 y 2011, se pasó de 3.9 millones a 5.7 millones de consumidores de drogas ilegales en México (según versión de la Encuesta Nacional de Adicciones) y, en 2014, 1.7 millones de jóvenes de secundaria y bachillerato, consumieron alguna droga.
    En esos casi 30 años de acciones alocadas, los partidos políticos pierden identidad. Muchos abandonamos filas en aquellos que ahora se rigen por la búsqueda del dinero fácil, sin importarles la pérdida de confianza de sus seguidores, poniendo en la representación de muchos de ellos a personajes ligados con la brutal corrupción galopante que atosiga a la nación, incluso en contubernio con grupos delincuenciales de toda índole. Al no haber precisiones ideológicas -en casi todos los partidos- estos abandonan la sana práctica de capacitar a sus miembros y a los ciudadanos en general.
    Los ciudadanos –por su lado- se organizan en grupos, intentando dar valor a su participación en la política, desde apreciaciones sociales que en muchas ocasiones pretenden rescatar tesis que los partidos abandonaron al enfrascarse en el reparto de la riqueza producida, entre ellos y sus socios –por lo general empresas transnacionales-. Un gran desafío para el país y su organización electoral es darle auténtica representación a los ciudadanos en la política nacional. Las normas que se dictan tienen un claro objetivo: evitar al máximo la participación de esas agrupaciones en procesos de elección, poniendo taxativas muy elevadas, que hacen por lo general, muy compleja y costosa económicamente la participación. El privilegio se mantiene para los partidos, en especial los que poseen nichos de poder local, estatal y federal.
    Solo una agrupación social –primero-, partidaria –después- logra cruzar el umbral y brincar la vara tan alta impuesta para nuevas organizaciones políticas: el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Su líder se constituye en la lucha social de larga data –por más de cuarenta años encabeza movimientos reivindicatorios por todo el territorio nacional-, organiza todo un andamiaje de voluntad y acción política, que va conformando una ideología en que los grupos sociales más vulnerables –campesinos (comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios), obreros cuyas organizaciones requieren renovación o respeto a sus normas de acción gremial por el poder público  y empresarios de toda índole, con decisión para apuntalar una nueva nación que escape de la corrupción, la impunidad y avance a la aplicación correcta de la Ley.
    Ese líder –Andrés Manuel López Obrador- es finalmente el presidente de la república mexicana, quien llega a esa posición con el porcentaje de votación más alto de todos los tiempos.
    La democracia participativa es su meta, llegar a la 4ª Transformación pacífica del país, su ruta, lograr la coparticipación para las decisiones fundamentales del país, de pueblos y comunidades su actuación diaria, que cubre en conferencias mañaneras dentro de Palacio Nacional y en sus recorridos por el territorio nacional, presentando programas sociales, en avance a lo que vendrá señalado en el Plan Nacional de Desarrollo. (Continuará)
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