México, SA

La presidenta Sheinbaum presentó su Plan Nacional Hídrico –al que destinará alrededor de 20 mil millones de pesos en 2025–, en el que subraya que el acceso al agua es un derecho humano de los mexicanos y un bien de la nación, no una mercancía como intentó convertirla el régimen neoliberal en su despiadado proceso privatizador («que pague por ella quien tenga con qué»).
Es de suponer que entre las principales líneas de acción de dicho plan está la revisión, reasignación y reorganización de las concesiones de agua, las cuales se incrementaron de forma demencial durante el citado régimen, siempre para privilegiar a los barones de la industria (refresqueros, cerveceros, lecheros, mineros y tantos otros) que a estas alturas siguen gozando de cientos de miles de ellas en detrimento de los mexicanos.
Por ejemplo, está el caso de Eduardo Tricio Haro, presidente del Grupo Lala, quien arrasó con los mantos acuíferos de La Laguna para dar de comer y beber a sus decenas de miles de vacas que producen millones de hectolitros de leche, mientras la población de la región prácticamente se quedó sin una gota de agua.
Sobre este caso, cuatro años atrás el entonces presidente López Obrador advirtió que por sobreexplotación «hay una situación crítica de contaminación por arsénico de los mantos acuíferos en La Laguna.
Durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a dar concesiones para extraer agua en el norte del país, en donde más escasea, la zona más desértica. ¿Saben para qué?, para producir alfalfa, que consume muchísima agua, que la leche en una proporción casi total es agua, entonces producir leche con alfalfa significa consumir muchísima agua».
La prioridad, pues eran las vacas y no la población.
Antes del lamentable accidente político que llevó al ex gerente de Coca-Cola, Vicente Fox, a instalarse en Los Pinos, alguien llamado Cristóbal Jaime Jáquez despachaba –hasta el 30 de noviembre de 2000– como director general del Grupo Industrial Lala, pero ya con el de las ideas corta y la lengua larga mágicamente se convirtió en el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las concesiones para Eduardo Tricio Haro, y algunos más, de por si abundantes, crecieron como la espuma.
La mandataria anunció que «hasta ahora, industriales y concesionarios del campo se han comprometido a regresar a la nación 2 mil 500 millones de metros cúbicos de agua que tenían concesionada y no utilizan, lo que equivale al abasto de dos años y medio de la Ciudad de México. El agua le pertenece a la nación».
Entre otras líneas de acción, el citado plan también contempla el saneamiento de ríos, como el Lerma-Santiago, el Atoyac y el Tula. Se trata de eliminar descargas contaminantes, reforestar, rehabilitar y construir plantas de tratamiento, colectores y humedales.
Entonces, de ninguna manera deben quedar fuera del saneamiento los ríos Sonora y Bacanuchi, los que Grupo México, del tóxico Germán Larrea, y su empresa Buenavista del cobre (antes Minera de Cananea) contaminó a más no poder, tras derramar en ellos (6 de agosto de 2014) 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico, contaminando 270 kilómetros de territorio y afectando a ocho municipios con alrededor de 25 mil pobladores, en lo que fue calificado como «el peor desastre ambiental de la historia de la minería en México».
Es la fecha que Grupo México no «remedia» nada. En el gobierno de López Obrador, la entonces secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, presentó un informe sobre ese desastre ecológico, y un elemento que subrayó fue que el corporativo, por medio del Fideicomiso Río Sonora (supuestamente por 2 mil millones de pesos –de los que sólo ejerció la mitad– destinó recursos cuatro veces mayores a propaganda que a atender la salud de la población afectada por el derrame tóxico.
Por cierto, en septiembre de 2014 La Jornada (Angélica Enciso) denunció que «la minera Buenavista del Cobre de Grupo México opera en Cananea con concesiones de agua irregulares, debido a que la Conagua se las entregó, violando a la Ley de Aguas Nacionales, en cauces donde había decretos de veda que impedían el uso industrial del recurso.
Dispone de alrededor de 21 millones de metros cúbicos de líquido, 75 por ciento más que los siete municipios aledaños, que suman apenas 5.5 millones al año». Y como estas concesiones muchas más deben revisarse.

LAS REBANADAS DEL PASTEL
La industria del table dance está muy preocupada por la extinción de los «órganos autónomos», toda vez que los recursos públicos que en ella alegremente gastaba parte de sus directivos ya no llegarán a sus arcas.
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