MORRALLA LEGISLATIVA PORFIRIO MUÑOZ LEDO
En la rutina del abandono las inconsistencias de la Cámara se vuelven más evidentes. Un avezado compañero me decía: ¡Qué pésima legislatura hemos vivido! A lo que respondí que no es necesariamente la peor, sino la muestra inocultable de la degradación de un sistema político en que el Ejecutivo carece de mayoría parlamentaria o de alianzas consistentes y sus contrarios colocan piezas para cobrar cuotas presupuestales o de influencia política.
Las sesiones transcurren entre ocurrencias menores para consumo aldeano, corrección de erratas a leyes vigentes, denuncias por abusos de autoridades y pleitos de barandilla. Lo que suelo llamar “morralla legislativa” en la doble acepción del diccionario: “multitud de gente de escaso valor” o “mezcla de cosas inútiles y despreciables”: a decir verdad, más la segunda que la primera en honor a compañeros de talento y buena voluntad que suelen ser diligentes y constructivos cuando se les llama a tareas constructivas.
La Cámara aprobó un nuevo reglamento que en vez de corregir antiguos vicios vino a consolidarlos. Su propósito ostensible era limitar el uso de la palabra y sancionar incluso a los transgresores, lo que se tornó imposible ante a rebeldía de los diputados convirtiendo en un coto de arbitrariedad la conducción de los debates. Los males de fondo no fueron extirpados: la dictadura de la Junta de Coordinación Política que establece las agendas y conduce a casi todos los rebaños y el escandaloso e impune ausentismo en las comisiones de dictamen. El mayor mérito de esta legislatura es no haber legislado en cuestiones extremamente graves para la nación. La presión de la sociedad, el choque de los contrarios, la ruptura de las alianzas e inclusive la toma de la tribuna impidieron una y otra vez que fuesen aprobadas la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional y la retrógrada Ley Federal del Trabajo en que inicialmente se habían coludido el PAN y la cúpula del PRI.
Aun las reformas más avanzadas, como la constitucional sobre Derechos Humanos, que provenía del Senado y era por tanto inevitable se hicieron a despecho de proyectos verdaderamente congruentes con los instrumentos internacionales que pretendían consagrarse. Si bien logramos incluir el principio “pro persona” que favorece al agraviado no se limitó el fuero militar ni se modificaron preceptos abiertamente violatorios de esas convenciones. Menos todavía se tomaron providencias para fortalecer a la CNDH, sancionar violaciones o convertir compromisos internacionales en normas de derecho interno. Si bien se logró establecer el carácter obligatorio de la educación media superior, una malhadada supeditación presupuestal difirió su cumplimiento a un plazo de diez años, cuando el desastre habrá ocurrido de modo irreversible. La Ley de Acciones colectivas aprobó mecanismos limitados para detener afectaciones del medio ambiente o a los derechos de los consumidores y los usuarios de los servicios financieros, pero no en los derechos sociales como vivienda, educación o salud. Predominan el “poquitismo”, la ignorancia y el prejuicio.
Los temas de la cacareada “reforma política” llegaron a la Cámara, a partir de una iniciativa sesgada, de manera caótica. Lo más lejano a la nueva arquitectura institucional que requiere el país. La intención obvia de los principales actores era fortalecer el presidencialismo sobre las ruinas de un congreso inservible y parcelado y bajo los ropajes de un populismo falsamente participativo que finalmente naufragó, junto con la reelección consecutiva. Con un retraso de catorce meses, durante los cuales fracasó la obstinación de nombrar consejeros electorales por cuotas, finalmente la Cámara proveyó -mediante un procedimiento excepcional- los tres miembros faltantes del Consejo del IFE. Valido de esa experiencia he propuesto a la Mesa directiva que elaboremos un listado de las reformas pendientes de mayor calado, así sea para dejarlas a título de herencia. Habida cuenta de los criterios feudales con los que se procede a integrar el próximo Congreso, poco podríamos esperar en ausencia de un genuino movimiento de regeneración nacional; esto es, de un proceso constituyente.
Las sesiones transcurren entre ocurrencias menores para consumo aldeano, corrección de erratas a leyes vigentes, denuncias por abusos de autoridades y pleitos de barandilla. Lo que suelo llamar “morralla legislativa” en la doble acepción del diccionario: “multitud de gente de escaso valor” o “mezcla de cosas inútiles y despreciables”: a decir verdad, más la segunda que la primera en honor a compañeros de talento y buena voluntad que suelen ser diligentes y constructivos cuando se les llama a tareas constructivas.
La Cámara aprobó un nuevo reglamento que en vez de corregir antiguos vicios vino a consolidarlos. Su propósito ostensible era limitar el uso de la palabra y sancionar incluso a los transgresores, lo que se tornó imposible ante a rebeldía de los diputados convirtiendo en un coto de arbitrariedad la conducción de los debates. Los males de fondo no fueron extirpados: la dictadura de la Junta de Coordinación Política que establece las agendas y conduce a casi todos los rebaños y el escandaloso e impune ausentismo en las comisiones de dictamen. El mayor mérito de esta legislatura es no haber legislado en cuestiones extremamente graves para la nación. La presión de la sociedad, el choque de los contrarios, la ruptura de las alianzas e inclusive la toma de la tribuna impidieron una y otra vez que fuesen aprobadas la minuta sobre Ley de Seguridad Nacional y la retrógrada Ley Federal del Trabajo en que inicialmente se habían coludido el PAN y la cúpula del PRI.
Aun las reformas más avanzadas, como la constitucional sobre Derechos Humanos, que provenía del Senado y era por tanto inevitable se hicieron a despecho de proyectos verdaderamente congruentes con los instrumentos internacionales que pretendían consagrarse. Si bien logramos incluir el principio “pro persona” que favorece al agraviado no se limitó el fuero militar ni se modificaron preceptos abiertamente violatorios de esas convenciones. Menos todavía se tomaron providencias para fortalecer a la CNDH, sancionar violaciones o convertir compromisos internacionales en normas de derecho interno. Si bien se logró establecer el carácter obligatorio de la educación media superior, una malhadada supeditación presupuestal difirió su cumplimiento a un plazo de diez años, cuando el desastre habrá ocurrido de modo irreversible. La Ley de Acciones colectivas aprobó mecanismos limitados para detener afectaciones del medio ambiente o a los derechos de los consumidores y los usuarios de los servicios financieros, pero no en los derechos sociales como vivienda, educación o salud. Predominan el “poquitismo”, la ignorancia y el prejuicio.
Los temas de la cacareada “reforma política” llegaron a la Cámara, a partir de una iniciativa sesgada, de manera caótica. Lo más lejano a la nueva arquitectura institucional que requiere el país. La intención obvia de los principales actores era fortalecer el presidencialismo sobre las ruinas de un congreso inservible y parcelado y bajo los ropajes de un populismo falsamente participativo que finalmente naufragó, junto con la reelección consecutiva. Con un retraso de catorce meses, durante los cuales fracasó la obstinación de nombrar consejeros electorales por cuotas, finalmente la Cámara proveyó -mediante un procedimiento excepcional- los tres miembros faltantes del Consejo del IFE. Valido de esa experiencia he propuesto a la Mesa directiva que elaboremos un listado de las reformas pendientes de mayor calado, así sea para dejarlas a título de herencia. Habida cuenta de los criterios feudales con los que se procede a integrar el próximo Congreso, poco podríamos esperar en ausencia de un genuino movimiento de regeneración nacional; esto es, de un proceso constituyente.
