Mudanzas

LA DECLARACIÓN DEL GOBERNADOR Javier May Rodríguez, al asegurar firmemente a los colectivos de madres buscadoras que no se va a archivar ninguna carpeta de investigación de personas desaparecidas, representa un necesario y urgente cambio de narrativa institucional en Tabasco. Para un estado lacerado por la violencia de los últimos años, estas palabras no pueden quedarse en la retórica de un evento público; deben significar el quiebre definitivo con un pasado reciente caracterizado por la indolencia, la simulación y, lo peor de todo, la presunta complicidad oficial.
 

LA RELEVANCIA DE ESTE COMPROMISO RADICA en el oscuro espejo que dejó la administración anterior. Durante el periodo de Adán Augusto López Hernández y el interinato de Carlos Manuel Merino Campos, el dolor de las familias de las víctimas de desaparición forzada y delincuencia organizada fue sistemáticamente ignorado o enviado al archivo muerto. En ese Tabasco del pasado inmediato, la justicia no solo estaba estancada, sino que parecía secuestrada. Es un secreto a voces —y una denuncia persistente en la opinión pública— que la impunidad con la que operó el grupo delictivo conocido como "La Barredora" obedeció al descarado contubernio con las altas esferas de la seguridad del estado, en un periodo oscuro donde los mandos policiacos, teniendo a Hernán Bermúdez Requena a la cabeza de la Secretaría de Seguridad, fungían presuntamente como protectores o extensiones de las propias células criminales.
 

QUE HOY EL ACTUAL MANDATARIO ASUMA la responsabilidad de Estado junto a la Fiscalía General para no rendirse en las búsquedas es un acto de elemental humanidad, pero sobre todo de limpieza institucional. Las madres buscadoras no necesitan kermeses o discursos de solidaridad; necesitan que la maquinaria judicial del estado funcione sin las ataduras de los pactos del pasado.
 

GARANTIZAR LA APERTURA Y CONTINUIDAD de cada carpeta de investigación en Tabasco implica también desenterrar la verdad de los años anteriores. La verdadera transformación en materia de seguridad no solo se mide en la contención del delito presente, sino en el desmantelamiento de las redes de impunidad que permitieron que el crimen organizado despachara desde las oficinas públicas. Las familias de los desaparecidos ya no aceptan promesas; el gobierno del estado tiene la oportunidad histórica de demostrar que, esta vez, la justicia sí llegará a los hogares tabasqueños.
 

LA TENSIÓN SOCIAL QUE SE VIVE en la zona Yokot'an del municipio de Centro por el incremento y conflicto en el costo del pasaje es una señal de alerta que no puede ni debe ser ignorada. Lo que comenzó como una inconformidad comunitaria por las tarifas del transporte público corre el riesgo de escalar hacia un escenario de ingobernabilidad si se mantiene la apatía o la respuesta tardía de las instituciones responsables. Para las comunidades indígenas de esta región, el transporte público no es un lujo, sino un servicio de primera necesidad indispensable para acceder a la educación, la salud y el sustento diario. Cualquier alteración arbitraria en los precios golpea directamente la ya vulnerable economía familiar, encendiendo una chispa de indignación legítima.
 

LA HISTORIA NOS HA ENSEÑADO QUE CUANDO las vías del diálogo se perciben cerradas o lentas, la frustración social suele buscar salidas más drásticas. Estamos ante un llamado a tiempo para que las autoridades del transporte y de gobierno intervengan de manera inmediata, enérgica y conciliadora. Es urgente establecer mesas de diálogo transparentes donde se escuche tanto a los usuarios como a los transportistas, garantizando que se respeten las tarifas oficiales y se frene cualquier abuso.
 

PREVENIR UN CONFLICTO MAYOR, EVITAR BLOQUEOS o confrontaciones que fracturen la paz social de Centro está aún en manos de la autoridad. Actuar con sensibilidad política y prontitud no es solo una obligación administrativa, es la única vía para garantizar que la justicia y la estabilidad regresen a las comunidades Yokot'an antes de que la situación se salga por completo de control.
 

LA RECIENTE DECISIÓN CONJUNTA entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas estatales para prohibir el uso de dispositivos móviles en las aulas de educación básica no debe entenderse como un retroceso tecnológico, sino como una medida de emergencia para recuperar el foco en el aprendizaje. En un entorno globalizado, la tecnología es una herramienta valiosa, pero dentro del salón de clases se ha convertido en el principal distractor que fragmenta la atención de los alumnos y fragmenta la labor docente.
 

ESTA DISPOSICIÓN ADQUIERE UNA RELEVANCIA crítica y urgente en el estado de Tabasco. Los recientes y alarmantes resultados de la prueba PISA han dejado al descubierto un rezago educativo profundo que ya no se puede matizar con discursos. Tabasco arrastra asignaturas pendientes muy graves en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Permitir que los estudiantes sigan dispersando sus horas de clase en redes sociales o videojuegos escolares es complicidad ante un problema que compromete el futuro de toda una generación.
 

ADOPTAR ESTA MEDIDA DE FORMA ESTRICTA en las escuelas tabasqueñas es el primer paso para reconstruir el hábito de la concentración y la interacción humana en el proceso de enseñanza. El aula debe volver a ser un espacio sagrado de lectura, razonamiento y diálogo.
 

DESDE EL TAPANCO
 

LA PROHIBICIÓN DEL CELULAR NO RESOLVERÁ el rezago por sí sola, pero es la base mínima para que las estrategias pedagógicas de regularización tengan alguna oportunidad de éxito. El reto ahora está en la implementación. Las autoridades educativas del estado, los directivos y, de manera muy especial, los padres de familia deben cerrar filas para respaldar esta norma. No se trata de satanizar la tecnología, sino de entender que para que Tabasco pueda salir del fondo de las evaluaciones internacionales, primero debe apagar las pantallas y encender el interés por los libros y el pensamiento crítico.