“NO SE DESTRUYE-SOLO SE TRANSFORMA”
La designación de un Fiscal General de la República es uno de los temas que en los últimos días ha estado en la opinión pública y de la cual ha causado mucha polémica, tanto en las redes sociales que están en contra de #FiscalCarnal exigiendo que se elimine el “pase automático” que llevaría a Raúl Cervantes a la Fiscalía, como los desacuerdos entre los partidos políticos y los señalamientos por intereses ocultos e intenciones de blindaje político y penal para el pronto ex Presidente Peña Nieto.
La transformación de la PGR a FGR fue concebida como parte de la Reforma Político Electoral que entró en vigor en febrero del 2014. Tres años después la “reforma” no se concreta.
Uno de los artículos transitorios de esa reforma constitucional, el decimosexto, estableció el pase automático del titular de la PGR a la titularidad de la FGR: “El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria, quedará designado por virtud de este Decreto, Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo”.
Al ejecutivo en extinción paulatina, le ha salido muy caro aferrarse en nombrar a Raúl Cervantes, como Fiscal General transexenal. Ha provocado avalancha de oposición de muchos, en su contra; el tema del Fiscal General ha servido como guerra que le declaró Ricardo Anaya al PRI. El ambicioso jefe panista no cesa de repetir que ése es el motivo por el que le armaron el escándalo de enriquecimiento irregular de su familia política. Ciertamente es al revés: el escándalo de enriquecimiento irregular de la familia de Anaya, más su ambición de querer ser candidato panista a la Presidencia, han sido usados por el PRI, para sabotear su aspiración.
Sea como sea Anaya no será el candidato del PAN. No necesita el PRI esos pretextos para dinamitar al corrupto líder panista. Y Cervantes ¿merece ser Fiscal General?
El hasta hoy Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade -quien es promovido por PRI y sus aliados para ser Fiscal General hasta 2026-, tiene registrado un Ferrari con un valor cercano a los 4 millones de pesos en un domicilio fantasma en Xochitepec, Morelos, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Cervantes carga con una PGR a la que diversas organizaciones e incluso la Auditoria Superior de la Federación le han documentado su ineficacia en la impartición de justicia; hoy su parcialidad, está bajo escrutinio por los escándalos de espionaje en contra de periodistas y activistas. Aun si llegara a ser Fiscal General, el costo sería muy alto para el país, cuando se está haciendo una transición a un nuevo sistema de justicia penal que no ha alcanzado credibilidad. Y ¿si sus acciones serían cuestionadas? Se daría el tiro de gracia a la procuración de justicia.,
La pregunta de la ciudadanía es: ¿Esta es la persona que será la máxima autoridad en la investigación de delitos en este país, la que tendría que estar obligada a cumplir cada norma para exigirnos cumplirla? Quien entre muchas de sus facultades tendría la de fortalecer la supervisión, inspección y control de servidores públicos y de los recursos de la FGR.
¿Cómo podría investigar a gobernadores que desvíen recursos, narcotraficantes, defraudadores o delincuentes del orden común si no puede ser honesto con un simple trámite administrativo? ¿No se le hará fácil esconder la corrupción y la complicidad del actual gobierno?
Pero, más allá de quien sea el encargado de encabezar la Fiscalía General, la falta de claridad sobre el andamiaje institucional que acompañará la labor del Fiscal es una discusión fundamental que permanece aplazada. El desgaste que se ha generado en los últimos meses por el nombramiento de los titulares de los órganos clave, ha ocasionado la implementación incompleta de los mismos, como es el caso de Los del Sistema Nacional Anticorrupción.
La nueva Fiscalía General podría nacer no solo incompleta, sino incluso severamente cuestionada: siendo todavía nasciturus es ya un riesgo ante la tensión políticas que se vive -y que aumentará de cara a las elecciones-, cuando nunca había sido más necesaria la estabilidad institucional. A Peña y grupo, no les importa eso.
