No se olvida

@UTufigno
Memoria colectiva que le llaman (la individual también reclama su espacio). Ambas memorias no olvidan el 68 porque no hay manera de olvidar. Los hechos ocurridos el dos de octubre de ese año permanecen frescos, tanto que parece como si hace apenas unos días la voz de Díaz Ordaz crispaba la piel cuando decía que no se permitiría la marcha. ¿Cuál marcha?, no importa, ninguna debe ser prohibida.
    El 13 de septiembre miles de personas marchan en silencio desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Se mostraba unidad por parte de la sociedad y desconcierto en un gobierno más preocupado por mostrar “buena imagen” ante la cercanía del inicio de los Juegos Olímpicos. En Chapultepec, dónde manifestantes habían dejado estacionados sus autos, sujetos armados destrozan 123 vehículos.   
    Ciudad Universitaria es tomada por el ejército que no va precisamente a aprender, sino a enseñar lo que es el aparato represor del Estado. Es el 18 de septiembre. La Máxima Casa de Estudios se ve inundada por carros militares de distinto tipo. Las armas del conocimiento son superadas por las armas que hieren, que lastiman, que matan. Se calculan mil quinientos detenidos.
    En las horas siguientes reina la confusión creada por la desinformación. Sólo hay certeza de que el PRI y la CONCANACO expresaron su apoyo y confianza a las “acciones de orden” emprendidas por el gobierno. Lo que hoy llamamos sociedad civil da muestras de solidaridad con los estudiantes y es más participativa, aun en enfrentamientos contra la policía.
    El rector de la UNAM, digno defensor de su autonomía, renuncia por congruencia. La zona centro de la capital del país, especialmente la colindante con centros educativos, parece sacada de una escena de las dictaduras militares latinoamericanas. El fin de septiembre marcó la finalización de la ocupación castrense de Ciudad Universitaria.
    En las horas previas a la concentración del dos de octubre circularon muchos rumores, algunos fundados, otros que intuían lo que estaba por venir. ¿Sería capaz el régimen de masacrar a sus estudiantes, a sus trabajadores, a sus amas de casa, a sus hijos? La respuesta la sabemos, y 50 años después sabemos mucho más de lo que entonces nos negaron los medios informativos oficialistas, es decir, casi todos. Radio, televisión y periódicos ocultaron la masacre. Según ellos, no existió lo que nunca debió existir.
    Sí, ahora sabemos mucho más que entonces, cuando la herida estaba fresca, pero saber mucho más no significa saber la verdad ni tampoco significa que haya habido justicia para las víctimas directas y para sus familiares. Fueron delitos de lesa humanidad porque se cometieron “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil” que produjo el asesinato de unos y la desaparición forzada de otros (Estatuto de Roma).
    Tlatelolco es el hecho más conocido, pero antes el Estado ya había utilizado al ejército para “eliminar movimientos de estudiantes que se gestaban en las universidades locales”: Puebla (1964), Morelia (1966), Sonora y Tabasco (1967). ¿Cuántos murieron, fueron detenidos o desaparecieron allá o acá? No lo sabemos con exactitud.
    Tan solo de la matanza de Tlatelolco el tiempo fue agregando nombres, tantos que hace pocos días la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reconoció oficialmente, por primera vez, que las acciones del gobierno impactaron y dañaron individual y colectivamente a los manifestantes “al señalarlos por su ideología, lo cual generó una polarización social en torno al Movimiento Estudiantil, cuyos integrantes siguen demandando acceso pleno a la verdad, a la memoria y a la justicia”.
    La misma Comisión, la que tardíamente acepta la responsabilidad del Estado mexicano, establece como “reparación simbólica colectiva” para la reflexión y la memoria, la impresión de 400 pares de huellas en el patio central del Centro Cultural Tlatelolco, porque se calcula –en su punto alto- que 400 estudiantes fueron masacrados.   
    Este reconocimiento por parte del gobierno, el primero que se produce en 50 años, es apenas una minúscula reparación de lo que el gobierno germinó con la matanza. Sin embargo, los frutos de aquel movimiento, materializados en el nuevo gobierno, tienen la oportunidad de conducir nuevas investigaciones que lleven a la verdad y, de ser posible, sancionar a los responsables. No es venganza, es justicia. Es honrar a los precursores del cambio.