En el marco de la celebración del séptimo aniversario de la Transformación del país, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, afirmó que la reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales por el Congreso de la Unión constituye un "avance histórico" para México. Según el legislador, esta legislación no solo reconoce el agua como un derecho humano fundamental, sino que también restituye la rectoría del Estado sobre los recursos hídricos nacionales.
A través de un video difundido en sus redes sociales, Ricardo "El Tigre" Mejía puntualizó que esta decisión legislativa corrige un modelo de abuso y descontrol que se instauró a partir de la reforma de 1992, impulsada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Mejía Berdeja explicó que la reforma de 1992 permitió la dispersión y el acaparamiento de miles de concesiones de agua entregadas en todo el país sin una regulación efectiva. Estos actos, sostuvo el diputado, provocaron presiones severas sobre ríos, cuencas y mantos acuíferos, afectando gravemente a millones de familias mexicanas.
Con el nuevo marco jurídico, "la nación recuperó el control de sus recursos hidráulicos", una acción que, según el legislador, ha generado una enorme inconformidad entre las bancadas del PRI y el PAN. El legislador acusó a ambos partidos de intentar bloquear la reforma para sostener el esquema de privilegios que mantuvo la administración del agua en manos de unos cuantos durante décadas. Mejía Berdeja enfatizó que la transparencia y el interés público guiaron cada artículo de la Ley, a pesar de los intentos de la oposición por frenar la votación mediante tácticas parlamentarias dilatorias.
Uno de los puntos clave del dictamen aprobado, según Ricardo Mejía, es que garantiza una demanda histórica del sector agrario: la posibilidad de transmitir derechos de agua a terceros dentro del núcleo familiar o agrario.
El legislador petista aclaró que un ejidatario ahora podrá heredar o transferir el recurso sin que la concesión pierda vigencia. Además, la nueva definición jurídica vincula el binomio "tierra-agua", asegurando que toda transferencia de dominio mantendrá asociada su concesión hasta que se cumpla el plazo autorizado, permitiendo posteriores gestiones de ampliación.
Mejía Berdeja desmintió categóricamente las versiones difundidas por legisladores del PRI y el PAN sobre una supuesta prohibición para la transmisión de tierras con sus derechos de agua. Argumentó que esta versión fue una estrategia para desinformar a productores, campesinos y organizaciones rurales, y explicó que, por el contrario, el diálogo directo con estos grupos permitió incorporar mejoras sustanciales al proyecto original y fortalecer las garantías para los núcleos agrarios.
El legislador federal por Coahuila también abordó la postura de la oposición, señalando que, al quedarse sin argumentos técnicos, recurrieron a la exigencia de una consulta a pueblos originarios. Si bien la Ley ya establece que toda decisión que los afecte debe ser consultada conforme a la Constitución, Mejía Berdeja señaló que este recurso fue empleado con fines dilatorios y sin un sustento jurídico real.
Criticó esta postura como contradictoria, especialmente por parte de partidos que, según él, históricamente ignoraron las necesidades de las comunidades indígenas. El ex subsecretario de la SSPC recordó episodios de violencia como Acteal, Aguas Blancas y San Salvador Atenco para, dijo, evidenciar la falta de compromiso de los gobiernos del PRI y del PAN con los derechos de estos pueblos.
“La reforma da certeza a los ejidos: los derechos de agua se pueden heredar sin perder la concesión.”
Mejía Berdeja retomó palabras del legislador federal José Luis Sánchez, quien calificó esa postura opositora como "indigenismo de opereta". Recordó que a los partidos que señalaron la inconstitucionalidad de la Ley se les exhortó a presentar una acción ante la Suprema Corte, para lo cual se requieren 166 firmas; una cifra que el PRI y el PAN, al sumar apenas medio centenar de diputaciones, no alcanzan.
En conclusión, Ricardo Mejía Berdeja reiteró que la reforma moderniza el sistema de administración del agua y dota al Estado de instrumentos claros para planificar, regular y proteger los recursos hídricos. Subrayó que esta nueva arquitectura legal permitirá corregir rezagos, evitar abusos y garantizar el acceso equitativo al agua como un derecho fundamental, asegurando un equilibrio entre las necesidades sociales, productivas y ambientales.
El legislador finalizó al enfatizar que el país requería una legislación que pusiera fin al modelo privatizador de los noventa. Anunció que el trabajo legislativo continuará con leyes secundarias y ajustes complementarios, y aseguró que el grupo parlamentario del PT acompañará cada etapa, incluyendo la actualización de concesiones, la integración de padrones y el monitoreo de cuencas, para asegurar la correcta implementación y evitar retrocesos.
#TomaNota:
Se reconoce el agua como derecho humano.
Se permite heredar o transferir derechos de agua dentro del núcleo familiar o agrario.
La concesión permanece vigente al transferirse junto con la tierra.
Habrá leyes secundarias y actualización de padrones para aplicación práctica.
