En un acto que podría interpretarse como un parteaguas en la gestión de lo público en Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) tras entregar al Congreso local el resultado de un escrutinio exhaustivo de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2024.
El informe, de una envergadura técnica sin precedentes, no solo revela hallazgos contables, sino que se erige como la prueba de fuego de una nueva cultura de rendición de cuentas que busca romper con opacas prácticas del pasado.
El documento, un compendio de más de 10 mil cuartillas, representa el mapeo financiero más completo de la administración estatal. Su alcance fue omnicomprensivo, abarcando por igual a los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), órganos autónomos y la totalidad de los 17 municipios.
La realización de 131 auditorías, que incluyeron desde macroentidades hasta instituciones específicas como el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, demuestra una voluntad de no dejar resquicio sin examinar, estableciendo un nuevo estándar de supervisión.
El corazón del informe late en las 1,733 observaciones derivadas del proceso.
Lejos de ser presentadas como hallazgos condenatorios, deben entenderse como oportunidades de mejora en la administración de los recursos públicos.
Estas observaciones, que pueden ir desde discrepancias en el ejercicio presupuestario hasta posibles irregularidades, constituyen una hoja de ruta crítica que los entes auditados están obligados a atender en un plazo perentorio de 30 días hábiles.
Este mecanismo convierte la fiscalización de un mero ejercicio de diagnóstico en una herramienta proactiva de corrección.
El elemento más significativo del acto lo proporcionó el fiscal superior del Estado, Juan José Peralta Fócil. Su enfática declaración de que ni el gobernador Javier May Rodríguez ni ningún diputado ha intervenido para modificar los resultados no es un detalle menor; es el núcleo de la noticia.
Esta afirmación, cargada de simbolismo, se contrapone directamente a lo que él mismo señaló como una práctica común "en el pasado": la injerencia del poder político para maquillar cifras y eludir responsabilidades.
Esta independencia reivindicada sitúa al OSFE como un verdadero órgano autónomo y garante, alejado de la influencia de los poderes fácticos que audita.
La ballesta de la rendición de cuentas ahora pasa al campo del Congreso del Estado, y en específico, a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública.
La seriedad y el rigor con que los diputados analicen y dicten resoluciones sobre estas observaciones será la verdadera prueba del compromiso del Estado con la transparencia.
La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil estarán atentas para que este proceso no se diluya en acuerdos políticos bajo la mesa.
El compromiso de divulgar los informes completos a través de la plataforma del OSFE una vez calificados es el eslabón final y crucial de esta cadena.
Esto garantiza el derecho fundamental de acceso a la información y permite que académicos, periodistas y cualquier ciudadano ejerza un escrutinio social, convirtiendo los datos en un bien público.
La entrega del informe del OSFE para 2024 trasciende el trámite técnico anual. Se perfila como un hito en la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones de Tabasco.
Demuestra que es posible auditar con rigor, sin cortapisas políticas, y sienta un precedente poderoso para futuras administraciones.
El mensaje es claro: en la nueva etapa de la fiscalización tabasqueña, la opacidad y la impunidad en el manejo de los recursos públicos comienzan a ser, ellos sí, cosa del pasado.
El verdadero éxito se medirá en cómo se corrijan las observaciones y cómo el poder legislativo ejerza su rol de contralor.
>