PBSuccess, ¿Venezuela?
Noviembre de 1978. Imágenes desgarradoras conmueven al mundo. Cientos de miembros de una supuesta secta religiosa –Templo del Pueblo- se suicidaron en Guyana. Según las primeras informaciones, Jim Jones, líder de la secta, había fanatizado con sus discursos a sus seguidores a tal grado que los convenció de beber un coctel letal: limonada con cianuro de potasio.
Jim Jones no era originario de Guyana, sino de Estados Unidos. Jones fundó la secta en 1956, en Indianápolis. Después de recorrer varios estados de la Unión Americana, en 1974 Jones se asentó en Guyana. A pesar de haber recibido el trato de “querido Jim” por parte del presidente Jimmy Carter, muy pronto notas periodísticas dieron cuenta de lo que realmente ocurría al interior de la secta: abuso sexual, vejaciones, “lavado de cerebros”, entre otras acusaciones.
Para no hacer larga la historia, sólo diré que un congresista norteamericano voló a Guyana para comprobar lo que se decía ya que en las informaciones oficiales de su embajada únicamente había alabanzas para el trabajo del Templo del Pueblo. Como resultado de la visita, el congresista Leo Ryan fue asesinado cuando se disponía a regresar a su país.
¿Qué había detrás de Jones y de su secta? En realidad, el Templo del Pueblo había sido concebido como parte de la operación MK-Ultra, un proyecto secreto de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos) y de la cual Jones era un agente encargado de realizar experimentos con los miembros de la secta como parte de su trabajo.
El proyecto MK-Ultra, del que Jones era solo uno, tenía como propósito investigar y ensayar sobre el control de la conducta humana a partir del uso de LSD, trabajo forzado, supresión del sueño, electrochoques y “lavados de cerebro”. El verdadero propósito fue descubierto por el congresista Leo Ryan y por eso, para borrar las evidencias, se decidió su asesinato y el suicidio masivo que horrorizó al mundo.
¿Se trata de una historia fantástica o de una teoría conspirativa? No, a tal grado que en octubre de 1995 Bill Clinton tuvo que ofrecer disculpas a los ciudadanos norteamericanos (aunque se olvidó de los canadienses e incluso de franceses) que voluntaria o involuntariamente fueron sujetos de los experimentos en los que participaron universidades –incluida la prestigiada Harvard-, cárceles, laboratorios y fundaciones asistenciales.
Que el gobierno de los Estados Unidos ha sido uno de los mayores violadores de derechos humanos en el mundo, no debe quedarnos duda. Desde que se consolidaron como país no han abandonado la idea de sentirse los policías del planeta y de decidir el destino de las demás naciones y personas. Si en su propio territorio se han cometido atrocidades como el plan MK-Ultra, ¿qué nos espera a los demás?
Enarbolada en 1823 por el presidente James Monroe, la Doctrina Monroe (“América por los americanos”) fue interpretada inicialmente como una advertencia a las potencias coloniales europeas; sin embargo, no tardó en desvelarse su real propósito. En 1845 se publicó en la “Democratic Review” un artículo de John L. O’Sullivan en el que justificó la hegemonía norteamericana mediante la doctrina del “destino manifiesto”, que no es sino la anexión del continente americano, sin discusión. Fuimos los primeros en saberlo con Texas. Aunque de otra forma, el siglo XX fue pletórico del intervencionismo estadounidense operado desde la CIA para controlar a los gobiernos de la región: las operaciones “Hombre Lobo” en Jamaica, “Fubelt” para derrocar a Salvador Allende, “Urgent Fury” (Granada, 1983), “Fénix” en El Salvador, y decenas fallidas en contra del gobierno revolucionario de Fidel Castro (por ejemplo, operaciones “Mangosta” y ZRRIFLE), por mencionar algunas. Como tales, las operaciones de la CIA para derrocar a gobiernos legítimos comenzaron en Guatemala en 1954, a la cual llamaron PBSUCCESS. Un optimismo desbordado podría llevarnos a suponer que después de la “guerra fría” no hay razón para creer que el intervencionismo norteamericano pertenece al pasado.
De una manera nada pulcra, nuestro vecino país aprobó una remesa de 20 millones de dólares para “ayuda humanitaria” para Venezuela, que en realidad es una forma de apoyar al autoproclamado “presidente encargado” Juan Guaidó, cuya intentona no obtuvo el consenso en la sesión de emergencia celebrada por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde las palabras del representante ruso sonaron muy fuerte.