Piden a Estado mexicano Código Penal Nacional que sancione delitos de género

Ciudad de México, 26 jul 18(Cimacnoticias).-El feminicidio, la desaparición de mujeres y niñas y los altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada son problemas que persisten en México por lo que el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) llamó a tomar acciones y medidas legislativas para frenar esta violencia.

      En las Observaciones finales sobre el Noveno informe periódico que México presentó el 6 de julio en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, el Comité de Expertas recomendó al Estado mexicano tener un Código Penal Nacional que incluya sanciones para los delitos de género, evaluar el impacto del mecanismo de Alerta de Violencia Género y armonizar la tipificación del feminicidio en todas las entidades.
    Después de revisar el informe presentado por el Estado, los 37 informes alternos enviados por organizaciones civiles y tras sostener un diálogo con funcionarios mexicanos, este 20 de julio el Comité de 23 expertas publicó el informe preliminar de sus observaciones finales sobre el cumplimiento de CEDAW.
    Ante estas recomendaciones organizaciones civiles y académicas que participaron en este proceso emitieron un comunicado para llamar al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a combatir de forma decidida la violencia contra las mujeres y las niñas e implementar estas medidas que coadyuvarán al diseño y aplicación efectiva de la política nacional de igualdad de género de los próximos seis años.
    En el documento del Comité CEDAW, disponible ahora sólo en inglés, se expone la preocupación por las desapariciones de mujeres y niñas, la violencia contra periodistas y defensoras, los estereotipos de género en el sistema de justicia y los medios de comunicación, la trata de personas, la violencia política, la falta de derechos laborales y el acceso a servicios de salud como el aborto, entre otros temas.
    En esta ocasión una de las principales preocupaciones de las expertas fue la falta de unificación de las leyes mexicanas. En reuniones privadas con organizaciones civiles las expertas expresaron la necesidad de tener marcos legales armonizados para que el hecho de ser un país federal deje de ser un pretexto para no garantizar los mismos derechos a todas las mexicanas.
    Dicha preocupación quedó de manifiesto en las Observaciones, donde se llamó a reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que el Congreso de la Unión adopte un Código Penal Nacional que regule todos las delitos y especifique sanciones o establezca una base mínima que garantice plenamente los derechos de las mujeres a través de una Ley General en Materia Penal.
    Con la misma idea de armonizar, el Comité también recomendó al Estado asegurar que el feminicidio, tipificado en los Códigos Penales de las 32 entidades, se armonice con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se uniformen los Protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el país.
    Cabe decir que según información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien participó en este proceso internacional, la información de las Fiscalías o Procuradurías de los estados y el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública indican que del periodo de 2014 a 2017 se documentó el asesinato de 8 mil 904 mujeres, de los cuales sólo 2 mil 188 (24.57 por ciento) fueron investigados como feminicidio.
    Actualmente el Artículo 21 de la Ley General de Acceso define como violencia feminicida, la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
    En seguimiento al tema de violencia de género contra las mujeres el organismo llamó a tomar medidas para armonizar la legislación estatal y reconocer la violencia política contra las mujeres como un crimen, estableciendo así responsabilidades claras de prevención, atención, enjuiciamiento y sanción por parte de autoridades federales, estatales y municipales.
    De acuerdo con la Cátedra Unesco de Derechos Humanos, que también envío un informe alterno, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México aseguran que 29 entidades han incluido en sus normas el concepto de violencia política contra las mujeres, los estados que faltan son Guerrero, Hidalgo, y Puebla.