Piden frenar dictamen de Ley de Feminicidio sin expertas

La discusión de la Ley General de Feminicidio llegó al Congreso con una advertencia de organizaciones y especialistas: aprobarla sin diálogo técnico podría dejar intactas las fallas que hoy impiden investigar y castigar estos crímenes. El debate no se centra solo en una nueva norma, sino en si realmente cambiará lo que ocurre en fiscalías y tribunales.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio pidió abrir un proceso de análisis con organizaciones civiles, familiares de víctimas y personas expertas en derechos humanos antes de dictaminar la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La organización sostuvo que la ley puede ser una oportunidad para mejorar la respuesta del Estado, pero solo si incorpora la experiencia de quienes han litigado casos y acompañado a víctimas.

El reclamo tiene un impacto directo para las familias de mujeres asesinadas, porque la discusión no se limita al texto legal: toca la forma en que se clasifica un caso, se reúnen pruebas y se accede a justicia y reparación del daño. Si esos puntos no cambian en la práctica, el nuevo marco legal podría no traducirse en investigaciones eficaces.

• En 2025 fueron asesinadas 2 mil 795 mujeres en México, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• De ese total, 721 casos fueron investigados como feminicidio.
• La proporción equivale a 25.7 por ciento del total de mujeres asesinadas.

María de la Luz Estrada Mendoza, directora del OCNF, dijo que el problema no está solo en la existencia de una ley. “El problema de fondo es que, aunque tenemos un marco normativo que obliga a implementar los procedimientos establecidos en la ley, en la práctica eso no sucede. Esta ley reconoce la gravedad del feminicidio, pero el análisis de contexto sigue siendo limitado y no contempla cómo este delito puede involucrar otros, como la trata de personas o la violencia sexual”.

Las fallas que especialistas ven en la propuesta

La abogada Andrea Medina consideró positivo que la violencia contra las mujeres esté en la agenda pública, pero cuestionó que la respuesta se concentre en crear otra legislación y elevar penas. Su señalamiento es que México ya cuenta con normas para atender estas violencias, pero las instituciones no las aplican de forma suficiente.

Medina resumió su postura así: “No se trata de aumentar las penas; se trata de que funcione. El delito existe. Lo que hace falta es que las instituciones investiguen adecuadamente y garanticen el acceso a la justicia”.

En 2025 fueron asesinadas 2 mil 795 mujeres en México y solo 721 casos se investigaron como feminicidio.

La especialista señaló problemas estructurales en las fiscalías encargadas de investigar feminicidios:

• Falta de presupuesto.
• Escasez de personal especializado.
• Capacitación insuficiente en perspectiva de género.
• Periciales deficientes.
• Recursos humanos y técnicos limitados para acreditar razones de género.

También advirtió que cambios recientes en el Poder Judicial y otras instituciones provocaron la salida de personal ya capacitado, lo que obligará a reiniciar procesos de formación. En sus palabras, “La prioridad debería ser fortalecer las instituciones, asignar presupuesto suficiente, contar con personal especializado y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas”.

Lo que está en juego en el debate legislativo

Medina alertó que una nueva Ley General de Feminicidio podría fragmentar el sistema jurídico construido durante décadas para proteger los derechos de las mujeres si se aprueba sin debate amplio. Sostuvo que buena parte del marco vigente nació del trabajo de organizaciones civiles, defensoras y familias de víctimas.

“La construcción de los derechos humanos de las mujeres en México ha costado décadas de lucha. No fueron concesiones del Estado, sino conquistas impulsadas por la sociedad civil”, afirmó.

Hasta ahora, el llamado de OCNF y de especialistas se dirige a que el Congreso abra espacios de análisis antes de votar la iniciativa presidencial. No se informó una fecha para la dictaminación ni el calendario de mesas de diálogo.

#TomaNota

• 17 de julio de 2026: OCNF pidió al Congreso abrir diálogo antes de dictaminar la iniciativa.
• En 2025, 2 mil 795 mujeres fueron asesinadas en México.
• Solo 721 casos fueron investigados como feminicidio, equivalente a 25.7 por ciento.
• Especialistas advirtieron que aumentar penas no corrige fallas de presupuesto, personal y capacitación en fiscalías.