Proponen ley de feminicidio con penas de hasta 70 años
La ley general de feminicidio fue enviada al Congreso con una pena propuesta de 50 a 70 años de prisión y reglas únicas de investigación en todo el país.
La ley general de feminicidio ya fue enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la promesa de unificar en todo el país cómo se investiga y sanciona este delito. La propuesta plantea penas más severas, pero el punto de fondo está en si las fiscalías cambiarán la forma en que hoy clasifican y persiguen estos casos.
La iniciativa busca homologar el tipo penal, fijar una sanción de 50 a 70 años de prisión y establecer reglas comunes para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño. El objetivo oficial es reducir la impunidad y evitar que muertes violentas de mujeres sean registradas bajo otras hipótesis, como suicidio.
Durante su presentación, Sheinbaum dijo que “esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”. También sostuvo que el delito registra una disminución de 36 por ciento respecto a 2021, aunque no se precisó el corte estadístico ni la fuente específica durante el anuncio.
- La propuesta define que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.
- Incluye 10 razones para acreditar ese contexto, entre ellas violencia sexual previa, antecedentes de violencia, prejuicios de género y relaciones de poder asimétricas.
- Plantea 19 agravantes que aumentarían la pena hasta en una mitad.
Qué cambiaría en la investigación y castigo
La consejera jurídica Luisa María Alcalde explicó que la iniciativa obligaría a que las fiscalías trabajen bajo un mismo criterio en todo el país. La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, señaló que la investigación deberá realizarse con perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis de contexto y preservación adecuada de indicios.
El proyecto también prevé que la unidad o fiscalía especializada que inicie el caso mantenga su intervención durante todas las etapas del proceso penal, desde la apertura de la investigación hasta la ejecución de sanciones. Eso puede impactar en las familias de las víctimas porque busca dar continuidad al caso y reducir rupturas entre ministerios públicos o dependencias.
- Entre las agravantes están que la víctima esté embarazada o viva con discapacidad.
- También se contemplan casos en que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
- Se agravaría si el responsable es una persona funcionaria pública o si hubo ataques con ácido o sustancias inflamables.
Además de la prisión, la propuesta establece otras consecuencias para la persona responsable:
- Pérdida de derechos sucesorios.
- Pérdida de tutela, curatela, guarda y custodia.
- Pérdida de patria potestad.
- Destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
- Sin excusas absolutorias ni atenuantes.
- Imprescriptibilidad del delito, la sanción y la reparación del daño.
- Sin criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada ni amnistías.
Qué contempla para víctimas y familias
La iniciativa propone una pena de 50 a 70 años de prisión por feminicidio.
La subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar dijo que la iniciativa reconoce derechos para víctimas directas e indirectas, entre ellos acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica urgente, asistencia jurídica especializada y apoyo integral para niñas, niños y adolescentes que queden en orfandad.
- Atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas.
- Asistencia jurídica especializada y gratuita.
- Atención integral para menores en orfandad por feminicidio.
- Entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida.
- Servicios de traducción e interpretación.
La propuesta también plantea un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, actualización de registros de feminicidios y planes integrales de protección para víctimas sobrevivientes. Para la ciudadanía, esto podría traducirse en rutas más claras de atención y en obligaciones más precisas para autoridades estatales y federales, aunque su aplicación dependerá de la aprobación legislativa y de la implementación posterior.
Lo que sigue en el Congreso
La iniciativa fue enviada al Congreso de la Unión y todavía debe pasar por discusión y votación. No se informó un plazo para su eventual aprobación ni si sufrirá cambios durante el proceso legislativo.
El debate ocurre en un contexto de exigencias de colectivos y familias para que las investigaciones por muerte violenta de mujeres no se minimicen ni se reclasifiquen. En México, el tipo penal de feminicidio existe desde hace más de una década, pero su aplicación ha sido desigual entre estados por diferencias legales, periciales y operativas. La propuesta federal intenta cerrar esa brecha con una sola ruta de investigación, castigo y reparación.
El gobierno federal también recordó la red de atención vigente para mujeres, compuesta por mil Centros LIBRES, 85 Centros de Justicia, 99 espacios de refugio, la línea 079 opción 1 y una red de mil 200 abogadas. Esos servicios ya operan, mientras la nueva ley entra a la etapa legislativa.
#TomaNota
- 15 de julio de 2026: la iniciativa fue firmada y enviada al Congreso.
- La pena propuesta por feminicidio es de 50 a 70 años de prisión.
- El proyecto incluye 10 razones de género y 19 agravantes.
- El gobierno federal reportó una disminución de 36% frente a 2021.
