Prácticas delincuenciales del voto

 
Javier Nucamendi Otero, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Denuncias sobre Delitos Electorales de Tabasco (FEDDET) coincide con el señalamiento que hizo en la sesión de los trabajos de apertura el consejero federal propietario del INE, Saúl de los Santos Hernández, cuando exhortó a los partidos políticos a abstenerse de “comprar” a funcionarios de casilla ya capacitados.
     ¡Así es!, afirmó Nucamendi durante el taller sobre delitos electorales impartido integrantes de la Barra Tabasqueña de Abogados, donde sostuvo que hay estudios de Gobierno que revelan el creciente uso de esta práctica en todo el país.
     “La compra directa del voto ya no tiene el efecto que tenía antes, donde se le pagaba a un elector se tenía garantizado el sentido del voto; ahora la estrategia que ya se ha puesto en práctica en otros lados es obtener la seguridad del resultado en las mesas de casilla”, aseguró el titular de la FEDDET.
     Lo que el ciudadano no sabe es que al aceptar una propuesta ilegal de algún partido político incurre en dos delitos electorales: el primero es incumplir un servicio a la sociedad cuando ya fue capacitado por una institución con recursos públicos; y segundo, participa en un acto de soborno, advertencia que hace el fiscal.
     Está bien advertirle a los ciudadanos de los delitos y las sanciones a las que se expone. Sin embargo, habrá que sancionar a los operadores de los partidos que sobornan y lanzan a los ciudadanos hacia el delito, con el fin de beneficiarse de su ausencia en las casillas y aprovecharlos como representantes de sus partidos ¡EN LAS MISMAS CASILLAS!…
     Simultáneamente desmantelan la organización electoral al cancelar la participación de ciudadanos con los conocimientos suficientes para hacer un buen trabajo el día de la jornada electoral. Se necesita ser más severo con los partidos, no solo advertir del delito a los ciudadanos. Hay que atacar los dos extremos del problema.
            No aplicar la Ley a los partidos políticos profundiza la impunidad en esta delicada actividad ciudadana, lo que deriva en que luego se tenga la percepción social que en este país no pasa nada cuando se viola la ley. Que todo se puede hacer contra las reglas. Que nadie defiende las bases de la legalidad. Que las elecciones no son la excepción, e incluso, que en cada proceso electoral, los partidos políticos practican nuevas modalidades de fraude con el pretexto de ganar.
     Lo inexplicable es que se pueda ganar una elección violentando el proceso y sin el temor a sanciones penales.  
     La lectura es sencilla: hay un Estado mexicano permisivo de prácticas delincuenciales del voto. No pueden llamarse de otra manera las actividades ilegales desarrolladas 24 horas antes de la jornada, durante la jornada y entrega de paquetes a los consejos distritales y municipales. Pero veamos:
     Las 48 horas peligrosas en la elección y contra la democracia inician 24 horas antes del día de la jornada electoral. Durante la jornada, al finalizar la jornada, durante el conteo de los votos y elaboración de las actas (primera parte delicadísima). La conducción de los paquetes electorales hasta el sitio donde se localiza la sede del Consejo que recibirá, llevará el conteo de los votos (segunda parte delicadísima) y guardara todo el material electoral en la bóveda de seguridad. Cuya información alimenta los conteos rápidos preliminares (PREPET).
Proceso para el que los organismos electorales capacitan a un presidente de casilla, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. No es una chambita, es el eje de una elección constitucional. Tiempo preciso y precioso donde debe garantizarse la seguridad y la legalidad, evitando que los partidos corrompan los procesos.