Martínez Pérez, indicó que se buscará por los medios legales que no quede todo esto en la impunidad. (Foto: Joel Arias)
VILLAHERMOSA, TABASCO, 6 DE OCTUBRE DE 2010.- Abogados del PRD preparan una demanda en contra de funcionarios públicos y contratistas que han cometido acciones fraudulentas con los contratos de obras públicas, anunció el coordinador parlamentario de ese partido, Juan José Martínez Pérez.
Dijo además que se emplazará a la Contraloría del estado para que investigue todas las irregularidades cometidas por servidores públicos y empresarios, porque las observaciones hechas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) no pueden quedar en simples “amonestaciones privadas”.
Es necesario que el contralor Roger Pérez Evoli dé seguimiento a estos hechos fraudulentos, y obligar a los involucrados en los mismos a que resarzan los daños y devuelvan el dinero que “se robaron”, expuso el líder de la bancada perredista.
Aseguró que, junto con abogados de la fracción parlamentaria, se analiza lo que “legalmente podemos hacer para que no queden en la impunidad” todas estas anomalías que aparecen en las observaciones del OSFE y que ha denunciado desde la tribuna y en medios de comunicación impresos.
Indicó que las observaciones datan desde la 58 Legislatura y desde ese entonces el órgano técnico ya había señalado a contratistas de cometer acciones indebidas que la Contraloría había prometido sancionar, pero nunca hizo nada.
Por ello, apuntó Martínez Pérez, vamos a analizar con los abogados para ver de qué manera podemos darle seguimiento y, en su momento, irnos a otras instancias para que esto proceda. Es lamentable lo que está pasando y que no se haga a nada, a pesar que está observado por el OSFE, añadió.
Tal parece, dijo, no se puede hacer nada contra funcionarios y contratistas, e indicó que se buscará por los medios legales que no quede todo esto en la impunidad.
Refirió que de la muestra que hizo el OSFE, sobre la cuenta pública del Ejecutivo, la mayor parte está observada, tanto así que “no me da tiempo en la tribuna de mencionar todo lo que tenemos.”
Abundó: “La mayoría de las obras están observadas, ya sea por el proceso de licitación, por las pruebas de laboratorio, que ni siquiera existen, que fueron hechas por los mismos contratistas para cobrar; los laboratorios se están deslindando de responsabilidades, no quieren saber nada de este tipo de cosas, que son las que sustentan las estimaciones. Es muy grave.”
En el caso de los caminos, Martínez Pérez que en algunas obras no se les aplicó la carpeta de espesos que debe tener de diez centímetros. La emulsión asfáltica aplicada baja entre un 30 a 40 por ciento su calidad. Según nuestros cálculos el robo que están cometiendo estas constructoras oscila entre 30 y 40 por ciento del total de la obra.
Dijo que se le exigirá al contralor Pérez Evoli que le dé seguimiento a estas denuncias, y aseveró que le proporcionarán toda la documentación aún cuando a él se la hacen llegar, “para que nos diga qué es lo conducente.”
La Contraloría, manifestó, no puede avalar las licitaciones y las pruebas de laboratorios apócrifas que se hicieron para que los funcionarios públicos pudieran cobrar, esto no puede quedar en simples amonestaciones privadas, no están resarciendo el daño, no se les ha pedido a los contratistas que regresen el dinero, que hagan las estimaciones porque lo que hicieron fue un fraude.
Dijo además que se emplazará a la Contraloría del estado para que investigue todas las irregularidades cometidas por servidores públicos y empresarios, porque las observaciones hechas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) no pueden quedar en simples “amonestaciones privadas”.
Es necesario que el contralor Roger Pérez Evoli dé seguimiento a estos hechos fraudulentos, y obligar a los involucrados en los mismos a que resarzan los daños y devuelvan el dinero que “se robaron”, expuso el líder de la bancada perredista.
Aseguró que, junto con abogados de la fracción parlamentaria, se analiza lo que “legalmente podemos hacer para que no queden en la impunidad” todas estas anomalías que aparecen en las observaciones del OSFE y que ha denunciado desde la tribuna y en medios de comunicación impresos.
Indicó que las observaciones datan desde la 58 Legislatura y desde ese entonces el órgano técnico ya había señalado a contratistas de cometer acciones indebidas que la Contraloría había prometido sancionar, pero nunca hizo nada.
Por ello, apuntó Martínez Pérez, vamos a analizar con los abogados para ver de qué manera podemos darle seguimiento y, en su momento, irnos a otras instancias para que esto proceda. Es lamentable lo que está pasando y que no se haga a nada, a pesar que está observado por el OSFE, añadió.
Tal parece, dijo, no se puede hacer nada contra funcionarios y contratistas, e indicó que se buscará por los medios legales que no quede todo esto en la impunidad.
Refirió que de la muestra que hizo el OSFE, sobre la cuenta pública del Ejecutivo, la mayor parte está observada, tanto así que “no me da tiempo en la tribuna de mencionar todo lo que tenemos.”
Abundó: “La mayoría de las obras están observadas, ya sea por el proceso de licitación, por las pruebas de laboratorio, que ni siquiera existen, que fueron hechas por los mismos contratistas para cobrar; los laboratorios se están deslindando de responsabilidades, no quieren saber nada de este tipo de cosas, que son las que sustentan las estimaciones. Es muy grave.”
En el caso de los caminos, Martínez Pérez que en algunas obras no se les aplicó la carpeta de espesos que debe tener de diez centímetros. La emulsión asfáltica aplicada baja entre un 30 a 40 por ciento su calidad. Según nuestros cálculos el robo que están cometiendo estas constructoras oscila entre 30 y 40 por ciento del total de la obra.
Dijo que se le exigirá al contralor Pérez Evoli que le dé seguimiento a estas denuncias, y aseveró que le proporcionarán toda la documentación aún cuando a él se la hacen llegar, “para que nos diga qué es lo conducente.”
La Contraloría, manifestó, no puede avalar las licitaciones y las pruebas de laboratorios apócrifas que se hicieron para que los funcionarios públicos pudieran cobrar, esto no puede quedar en simples amonestaciones privadas, no están resarciendo el daño, no se les ha pedido a los contratistas que regresen el dinero, que hagan las estimaciones porque lo que hicieron fue un fraude.
