Presupuesto de Egresos de la Federación

Doctor en economía por el Colegio de México (COOLMEX) con estancia en investigación en la Universidad de Princeton, fue catedrático en el Centro de Investigación y Docencia económica y articulista en la revista económica Trimestre Económico.

El Gobierno Federal tiene tareas constitucionalmente encomendadas, entre las que se encuentra la recaudación de los impuestos y la programación del gasto.
    Una vez recaudados los impuestos e ingresos que se esperan tener, se hace un cálculo de los egresos del año siguiente, una serie de negociaciones para el ajuste de dichos egresos y, finalmente, se presenta en la Cámara de Diputados un proyecto de presupuesto.
    Antes de su aprobación se discute, pero, sobre todo, se negocia. Antes de la discusión se veían pasar por la Cámara de Diputados a presidentes municipales, gobernadores, empresarios, representante de firmas ricas y poderosas, etc., tratando de llevar agua a su molino para que apareciera en el presupuesto que se publica en el Diario Oficial de la Federación, una vez que es aprobado.
    Ahora bien, se llama Presupuesto de Egresos de la Federación y no Ley de Egresos de la Federación, porque solamente la Cámara de Diputados tiene la facultad de discutir y aprobar dicho presupuesto y no va al Senado de la República para su discusión y aprobación como sí sucede en el caso de las leyes. En los últimos meses del año se lleva el tema a la Cámara de Diputados y, ahí, si los partidos de oposición no han llegado a un acuerdo que convenga a sus intereses entonces, al momento de la discusión promueven “reservas” que lo que hacen es controvertir ciertas disposiciones del presupuesto planteado, con lo cual se hacen largas las discusiones, pero si hay acuerdo general entre los partidos políticos, al final resulta aprobado el presupuesto.
    Por ejemplo, en el año 2013, cuando me tocó ser diputado federal, no había acuerdos previamente pactados y la decisión del presupuesto terminó hasta las seis de la mañana del día siguiente al inicio de su discusión; sin embargo, en el 2014 estaba todo arreglado y la discusión terminó a las 10 pm, haciendo patente la capacidad de ciertos actores para poder llevar a cabo este tipo de negociaciones con éxito; sin embargo, también los arreglos tienen un tinte coyuntural y es así como se llega a tomar determinaciones que concluyen con la elección del proceso.
    Desde 1990 el gasto social ha aumentado cada año de manera real y porcentual, salvo en 1995 y 2007; sin embargo, se muestra una caída notable desde el 40 hasta 10 por ciento, es decir, en los noventa el aumento al presupuesto de Egresos de un año a otro era de cerca del 40 por ciento; en la década del 2000 la variación no subía del 10 por ciento.
    Recientemente, en la Cámara de Diputados se discutió el Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2018 y se aprobó. El monto aprobado el año pasado fue de 4.888 billones de pesos; en esta ocasión se aprobó un monto de 5.279 billones de pesos, es decir, un incremento de 390 mil millones de pesos, que equivale a un ocho por ciento de aumento relativo. Se señala que este incremento representa un aumento del 3.1 por ciento en términos reales.
    Ahora bien, no todo lo que se aprobó se puede gastar a favor de la sociedad, pues el gasto se divide en Gasto Programable, que “se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la Ley, como la deuda pública, las participaciones a Entidades Federativas y Municipios, entre otros; lo que significa que no financia la operación de las instituciones del Gobierno Federal” (SHCP). Ahora bien, el gasto no programable “se refiere a los ejecutores del gasto, esto es, aquellas instituciones que llevan a cabo acciones que deben ser sustentadas por recursos económicos, como una Secretaría de Estado” (SHCP).
    Pues bien, estos datos nos permiten darnos una idea de que el presupuesto federal no es una “baba de perico”, sin embargo, podemos decir también que, de este gasto social programable, el 32 por ciento se destina al 20 por ciento más rico y el 13 por ciento al 20 por ciento más pobre; esto quiere  decir que estamos en el mundo al revés, pues los que producen la riqueza de forma directa y aportan al estado por la vía de los impuestos, son a la vez los que menos tienen.
    Dijo recientemente en su magnífico discurso ante 100 mil antorchistas en la ciudad de Puebla, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, además de disertar en torno a los tipos de violencia a los que nos enfrentamos en esta sociedad, sus causas y sus consecuencias, que a los pobres de este país se les aplica la “ley del embudo” en materia de recursos económicos, pues resulta que la parte ancha está orientada a los más ricos de México, mientras que la parte angosta va hacia los más pobres; sin embargo, dado que la riqueza proviene de los que trabajan y los que trabajan de forma directa son los más pobres, es así que la injusticia se vuelve doblemente grave, pues, por un lado le explotan como trabajador al quedarse con una parte muy importante del valor creado pero no retribuido y, al mismo tiempo, tiene el trabajador que enfrentar al gobierno que le arrebata una parte importante de sus ingresos por la vía de los impuestos.
    Es por lo mismo urgente reorientar el gasto social y destinar a los que menos tienen una parte mayor de este gasto.
    Hay que aclarar que no es a través de programas sociales que le dan una miseria de dinero como se va a resolver el problema de las condiciones de vida de la gente, pues lo que se hace así es preservar la pobreza y alimentar de forma indirecta a los grandes consorcios capitalistas, pues la gente con el dinero que recibe normalmente compra refrescos, papas y otro tipo de chatarras que engordan los destinos de dichas empresas.
    Ya puse por escrito una vez mi experiencia con los indígenas huicholes que después de recibir su apoyo de “oportunidades” las madres de familia iban directamente a comprar a la tienda de Diconsa de 3 a 5 bolsitas de Maseca y una botella de Coca Cola, es decir, el gobierno les daba directamente el dinero a las indígenas, pero indirectamente a la empresa del fallecido inversionsita Roberto Gonzales y a los capitales extranjeros de la compañía refresquera más poderosa del mundo.
    Es, pues, finalmente, necesaria una reorientación de este gasto público, pero solo el pueblo organizado y en el poder será capaz de hacerlo y ésa es la tarea del momento para lograr un cometido tan importante como necesario.