Prevale política de despojo salinista contra campesinos

Villahermosa, Tab., A más de veintidós años del comienzo de la “oleada” privatizadoras del campo mexicano con las reformas salinistas al Artículo 27 Constitucional y la Ley de la Reforma Agraria, y el fracaso de los programas de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procedes) y de Certificación de Bienes Comunales (Procecom), lo que hoy prevalece es una política de despojo de tierras,  muy ligada a la industria extractivista.
    Sostiene la abogada agrarista, Emma Villalba, integrante de la agrupación civil Servicio Paz y Justicia, con ejercicio de veintiocho años, en la defensa de la tierra de parte de grupos y pueblos indígenas en varias zonas del país, durante una entrevista con La Verdad del Sureste.
     Las reformas salinistas al Artículo 27 Constitucional en 1992, sentaron el precedente de lo que sería la política neoliberal para el campo mexicano, a raíz de la misma, la Ley Agraria perdió más de la mitad de su articulado para convertirse en Ley Agraria “a secas”, que entre otras cosas, cancela para los campesinos el reparto agrario y la posibilidad de combatir el latifundismo.  
     Posteriormente pero como parte de esa misma ola privatizadora de la tierra, se implementan los programas de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procedes) y de Certificación de Bienes Comunales (Procecom), mediante los cuales se trata de fomentar entre los campesinos, la necesidad de certificar derechos agrarios, cuando ellos ya disponían de los propios.
    El objetivo era crear inseguridad jurídica, puntualiza la abogada.
      Procedes y Procecom  son el primer paso para que los ejidatarios tengan mayor dominio, pero no para que ellos tengan mayor dominio sobre sus tierras, sino lo contrario, para que las parcelas de uso común del ejido, sin necesidad de mediar un juicio expropiatorio, puedan convertirse en ranchos, minifundios o colonias, es decir privatizarse.
    Cuando los campesinos protestan, los de la Procuraduría Agraria les dicen que eso no es de su competencia sino que tiene que ver con los impuestos, es decir con la Secretaria de Hacienda o la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, lo cual, dada la estructura burocrática del estado mexicano en lo que se refiere al sector agrario, por lo que significa un verdadero viacrucis para el campesinado.
    De esto lo que hay que entender es que tiene que ver con la misma política neoliberal, privatizadora que se viene aplicando.
     Al retomar el asunto de la reforma al Artículo 27 Constitucional y la Ley de Reforma Agraria durante la administración de Carlos Salinas de Gortari –la abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1984- afirmó que lo más grave fue la cancelación del reparto agrario y la posibilidad de desintegrar los latifundios.
   Antes de esas reformas a la Ley de Reforma Agraria, los latifundios se podían desmontar a través de un trámite cuando se detectaban “fraccionamientos simulados” o pequeñas propiedades simuladas, por eso a los supuestos o verdaderos propietarios, les importaba mucho tener sus certificados de inafectibilidad.
     Con la reforma salinista, eso deja ya de preocuparle a los latifundistas, porque la actual Ley Agraria permite una extensión de hectáreas enorme en base a las diferentes modalidades del uso de la tierra.
    La reforma cancela el reparto agrario, que era un derecho histórico ganado desde la revolución mexicana, los ejidos y bienes comunales eran inembargables, inalienables e imprescriptibles, su propiedad estaba protegida de embargos, invasiones o ventas y compras, la nueva ley les quita esa protección, ahora los bienes comunales también, si es el deseo de la asamblea, se pueden convertir en ejidos y los ejidos en pequeñas propiedades.
   Eso es el camino a la privatización, sostiene.
   CV-¿El Procedes y el Procecom cumplieron con sus metas?
   EV.-  Fue un fracaso, apenas logró avances, a pesar de la inversión millonaria con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solo el 12 por ciento de los ejidos entraron a esos programas, en su mayoría los del norte del país, no los del sur-sureste.
    Eso es muy interesante, comenta, significa para nosotros que, si bien algunos aceptaron, hay una resistencia en ocasiones pasiva y en otras combativa frente a la política privatizadora de la tierra del sistema neoliberal.
   No obstante el problema agrario de México, no lo podemos analizar como algo aislado, sino como algo que está sucediendo en todo el continente, en el mundo entero con la política neoliberal, es además algo que trasciende la esfera estrictamente  agraria y agrícola, a términos ecológicos, incluso filosóficos porque nos plantea “qué cosa con nuestro planeta”.
    Luego del fracaso del Procedes y Procecom, hoy los campesinos se enfrentan a una política de despojo violento, vinculado a algo muy grave que está pasando en el continente entero y en el mundo, la industria “extractivista y el megabisness”.
     Toda esa oleada de reformas privatizadoras, incluyendo las de este año, otra al Artículo 27 Constitucional en materia energética, está ligada al asunto de la soberanía, y no solo en términos de nacionales, declarativos, sino a la apertura tremenda de concesionar a las empresas mineras o de megaproyectos trasnacionales, algo muchísimo más complejo.
   Entonces la lucha actual de los pueblos por la defensa de la tierra y su territorio, está aparejada con una guerra de despojo y aniquilamiento.
   Hace apenas unos días en el marco del festejo de cumpleaños del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las casas,  Raúl Vera el obispo de Saltillo decía, “es que ahora ni siquiera podemos hablar de los excluídos de los que este sistema excluye, no sino de los que elimina”,  en ese nivel estamos lamentablemente, asegura Emma Villalba.
       Así hemos sido testigos de luchas,  despojos mediante  la fuerza bruta o engaños a campesinos y pueblos originarios de Chiapas, San Luis Potosí, Jalisco o el istmo de Tehuantepec de parte de  transnacionales mineras o eólicas.
     El no respeto a la consulta de los pueblos originales, lo estamos viendo no solo a lo largo y ancho del territorio de México, incluyendo Tabasco con las inundaciones ocasionadas por las presas, sino hasta la zona mapuche en Chile.

    CV -¿Le quedan recursos legales a ejidatarios, comuneros y pueblos indígenas para defender sus tierras?
    EV -Cada vez se reducen, porque ya ni siquiera existe una Secretaria de la Reforma Agraria, hay solo un Registro Agrario nacional y una Procuraduría Agraria, porque la SER se convirtió en Secretaria de Desarrollo y la Tenencia, que tiene que ver con la cuestión del territorio pero también urbano.
     Durante el gobierno de Felipe Calderón hubo una propuesta, en el sentido de “descampenización”la posibilidad de defensa jurídica de la tierra y el territorio cada vez se cierra más, que también tiene que ver con el problema de la migración no solo externa sino interna, sobre todo de la juventud campesina en busca de mejores condiciones de vida.
    Dentro de las posibilidades de defensa está el Artículo 23 de la Ley Agraria que establece las facultades exclusivas de la asamblea ejidal y de bienes comunales, los campesinos primero deben saber que los ejidos tienen el derecho de contar con un reglamento interno ejidal y los comuneros, un estatuto.
    El Artículo 23 Constitucional establece que es facultad exclusiva, de la asamblea tomar las decisiones, y que la asamblea no es lo que se le ocurre al comisariado, ni una lista de firmas de los ejidatarios, sino que estos reunidos acuerdan algo por mayoría conforme lo solicite la propia ley, mayoría simple o mayoría calificada, para una serie de cosas que tienen que ver con el uso y destino de las tierras ejidales que no son solo sus parcelas o su zona  de asentamiento humano sino la tierras de uso común que son las más codiciadas, particularmente por estas trasnacionales.
    CV -¿Cuál sería es el futuro agrario de México bajo las condiciones actuales?
    Ev –Sostener la defensa de la tierra en términos de la Ley Agraria, pero también han cobrado importancia los acuerdos y tratados internacionales, firmados por el gobierno mexicano.
     Disponemos por ejemplo, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la Organización de Naciones Unidas del 14 de septiembre del 2007, en donde se establece que los derechos humanos no son solo civiles o políticos, sino también económicos, sociales, ambientales y culturales.
    En ese sentido es muy importante rescatar el derecho a la consulta de los pueblos originarios.
   Avizoramos un futuro de disputa de la tierra, que quiere decir también disputa del territorio, de los recursos energéticos también; eso se está dando en cada pulgada del planeta, en cada país  con sus especificidades históricas, estamos en un momento de rapacidad increíble del capitalismo, que incluso conlleva una estupidez autodestructiva del planeta, agregó.