PROTECCIÓN OFICIAL A JAVIER DUARTE I
Hay razones de mucho peso para afirmar que el esquema que implementa el Gobierno Federal para el Sistema Anticorrupción es una simulación, que resultará un “elefante blanco” inoperante y lento, que no dará ni siquiera resultados regulares, esto, porque a la Fiscalía -denominada coloquialmente “anticorrupción”- se le ha hecho depender de la Procuraduría General de la República -a la que hace más de 4 años ya constitucionalmente se le ha denominado Fiscalía General, sin que exista realmente como Fiscalía-.
Esa ineficiencia, inoperancia, inutilidad, ese burocratismo y “tortuguismo” se repite en los pocos Estados en donde la Fiscalía “anticorrupción” ha sido creada como dependencia de las Procuradurías o Fiscalías estatales. Las Procuradurías en los Estados, al igual que la General de la República no pueden, no son aptas, no dan resultados en la investigación y castigo de delitos y delincuentes comunes –robos, asaltos, secuestros, homicidios, violaciones, violencia intrafamiliar y otras decenas de delitos comunes-, mucho menos los dan en investigar y castigar delitos y delincuentes de corrupción.
En otros términos, si además del inmenso cúmulo de delitos que tienen que investigar y procesar las Procuradurías de los Estados y la General de la República, se le suman ahora los de combate a la corrupción, el resultado es más que previsible; es certeza que no servirá para nada. Sólo en PGR hay acumulados más de dos millones de denuncias y querellas que no avanzan –ni avanzaran-, y en Procuradurías de los Estados es peor el panorama y rezago.
No pasa lo mismo en los Estados en donde las Fiscalías en contra de la corrupción se han creado como órganos constitucionales autónomos -como es el Estado de Nuevo León-. Con el análisis de un caso de corrupción muy sonado y publicitado, les demostraré lo inconveniente e inútil que es –para los efectos de combate a la corrupción- el hacer depender a la Fiscalía “anticorrupción” de las Fiscalías Generales o de las Procuradurías Estatales; me referiré al asunto de Javier Duarte de Ochoa al que motejaré como Caso JaviDu.
La Auditoría Superior de la Federación, alertó al gobierno mexicano sobre las tracalerías e irregularidades cometidas en el Estado de Veracruz desde 2012, y lo reiteró en los siguientes cinco años, a través de los informes de la Cuenta Pública, sin que alguna autoridad federal investigara la red del entonces gobernador, Javier Duarte.
El organismo de fiscalización hizo 64 denuncias penales por las irregularidades detectadas en Veracruz, ocurridas sobre todo durante la administración de Javier Duarte. Sin embargo, la PGR apenas a mediados de abril, firmará un convenio de colaboración con la ASF para seguir investigando este y otros casos, según informó el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría, Alberto Elías Beltrán.
Aunque la ASF demandó a Duarte más de 60 veces -de 2012 a la fecha- ante la PGR, ubicando al Estado de Veracruz como la entidad con el mayor número de procedimientos penales en todo el país, la PGR no hizo nada al respecto; es decir, la PGR no sólo fue omisa sino cómplice y protectora de la corrupción de Duarte y fomentadora de la impunidad.
Aunque cada año la Auditoría detecta presuntos daños al erario por miles de millones de pesos cometidos por funcionarios públicos de todos los niveles, en noviembre pasado, Juan Manuel Portal, titular del organismo (ASF), informó que los desvíos en Veracruz eran “históricos” y el dinero etiquetado para educación, salud, seguridad, infraestructura, entre otros rubros, no fueron ocupados para ese fin.
El auditor Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría, aseguró que Veracruz fue la entidad con el más alto monto pendiente por aclarar en ese año, incluso mayor a las irregularidades de 16 entidades.
Pues no obstante lo anterior, sólo hasta ahora –época de elecciones- la PGR investiga al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pero sólo por el presunto desvío de 233 millones de pesos de recursos públicos mediante empresas fantasmas; mientras que, según las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los desvíos no sólo son “históricos” sino que podrían superar los 60 mil millones de pesos.
Dígame usted amable lector ¿Había o no protección a Javier Duarte? ¿Para qué sirve la PGR si no es para proteger y ser un cuello de botella o la parte angosta del embudo del castigo a la corrupción? ¿Servirá para algo la Fiscalía “anticorrupción” si se le hace depender de la Fiscalía General? ¿En dónde se trabaran o desviaran todos los casos que se denuncien y se persigan de corrupción si no es en la FG o en la de los Estados?
