Sigue presente -y muy presente- el gravísimo problema de la violencia en nuestro país, no hay manera de ser exagerado si uno se atiene a las cifras: en los primeros cuatro meses de la nueva administración, según informes que publica en su primera plana La Jornada (del 1 de abril), 2 mil 821 personas han sido muertas por hechos relacionados con el crimen organizado, un promedio de 23 por día, una cifra muy parecida al promedio que se alcanzó en los dos últimos semestres de la administración aciaga de Felipe Calderón.
No omito señalar que entre todas las entidades federativas la que se distingue por tener las cifras más alarmantes es el Estado de México en el que, en el mes de marzo, hubo 151 homicidios y en el mes de febrero 136 (eso, sin contar que en 2011 fueron robados 128 vehículos diarios en promedio, mientras que en 2012 fueron hurtados 150 al día), datos negros que deberían llevar a la administración que encabeza el Doctor en Derecho, Eruviel Ávila Villegas, a actuar con voluntad para aprehender y procesar a los criminales que, defendiendo intereses perfectamente identificados con el monopolio del transporte colectivo, se han ensañado con los luchadores sociales del Movimiento Antorchista. Así se evitaría, por lo menos, que estos homicidios aumentaran la delicada sensación de impunidad e ingobernabilidad que ya se percibe en el estado. Ahora, a los ignorados reclamos de justicia por parte de las decenas de miles de mexiquenses que se han adherido al Movimiento Antorchista, han venido a añadirse amenazas telefónicas de muerte y amenazas personales con robo de vehículo a activistas de Antorcha y el “aviso” a balazos en la espalda que recibió un joven funcionario del ayuntamiento de Ixtapaluca que encabeza la distinguida antorchista Maricela Serrano. Hechos, todos, que, como ya queda dicho, la administración estatal finge no ver ni escuchar.
No hay pues, ninguna duda en esa sensación de vulnerabilidad extrema que siguen sintiendo los mexicanos. Concuerdo plenamente con las declaraciones de varios funcionarios de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido, de que no es posible acabar con el fenómeno de un día para otro y, ya por mi cuenta y junto con otros mexicanos, sostengo que no es con la policía y el ejército como se va a erradicar definitivamente el fenómeno, que no se puede eliminar el daño en una parte del organismo, si no se tiene la garantía de que no va a surgir en otro. Hay que ir a las causas últimas. Cito, porque estoy de acuerdo, las declaraciones del Secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García quien, en entrevista con el diario Provincia, aseguró: “Los orígenes de la inseguridad son por un desajuste social y lo que propicia la delincuencia es la falta de empleos, desarrollo, pobreza y hambre”. Muy de acuerdo.
Pero ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cuándo podremos decir que ya estamos eliminando ese “desajuste social”? Leí con interés las declaraciones -5 de marzo- del primer ministro saliente de China, Wen Jiabao, quien aseguró que es interés estratégico de su país incrementar la demanda interna, “hemos de acrecentar –dijo- la capacidad de la gente para consumir, mantener estables sus expectativas al respecto, aumentar su deseo de consumir y mejorar el ambiente de consumo”. Es interés estratégico, es decir, de vida o muerte para China porque su aparato productivo, apoyado en buena medida en las exportaciones, es decir, en el consumo extranjero, ante la crisis en Estados Unidos y en Europa que tienden a comprar menos, tiene que apoyarse cada día más en el consumo interno.
No veo ningún plan equivalente en nuestro país. Nuestra economía está plenamente volcada al librecambio y un proteccionista tibio entre nuestros economistas ortodoxos podría tener el mismo destino que un hereje durante las peores épocas de la Inquisición. Aquí se produce para la exportación, se le da la bienvenida a las inversiones extranjeras, se considera poco menos que un crimen pensar en ampliar y apoyar a las empresas estatales o poner aranceles a la entrada de mercancías provenientes del extranjero. Mediante las nuevas leyes acordes con este modelo, se exige más a la clase obrera, se le paga menos (más reducción de la demanda interna) pero no se toca la productividad; se exige más del maestro, no se aumenta su salario y, sobre todo, no se actúa para mejorar verdaderamente su preparación (más dificultades para la educación de excelencia) y la reforma energética se centra sobre la mayor inversión del capital privado pero nada dice acerca de una mayor participación del sector público en ninguna área clave de la economía.
Vale la pena recordar ahora, nuevamente, algunas de las palabras de Carlos Marx en El Capital, obra científica, si las hay, que nunca ha podido ser refutada por las superficialidades y lugares comunes de la utilidad marginal o la elasticidad precio que han llevado a los economistas del mundo capitalista al precipicio en el que hoy se encuentran. Marx escribió: “El sistema proteccionista fue un medio artificial para fabricar fabricantes, expropiar a obreros independientes, capitalizar los medios de producción y de vida de la nación y abreviar por la fuerza el tránsito del régimen antiguo al régimen moderno de producción”.
El Capital se publicó en 1867, Gran Bretaña, en efecto, no adoptó el libre comercio sino hasta esa década, momento en que su dominio industrial era absoluto y Estados Unidos fue el país más proteccionista del mundo hasta que se sintió consolidado en la década de 1940. Casi todos los países capitalistas desarrollados echaron mano del proteccionismo en su fase de despegue y algunos, incluso, como Finlandia (que llegó a considerar a las empresas con más de 20 por ciento de capital extranjero como “peligrosas”), Japón y Corea del Sur, les impusieron severas restricciones a las inversiones extranjeras. Item más. Países como Francia, Austria, Finlandia, Singapur y Taiwán se apoyaron en empresas estatales para desarrollar sectores clave de la economía; en Singapur, que frecuentemente se pone de ejemplo por sus políticas de libre mercado y su aceptación de inversiones extranjeras, más del 20 por ciento de su PIB proviene de empresas de propiedad estatal (la media mundial es de 10 por ciento). ¿Cómo, pues, si todos estos países han adoptado y adoptan políticas económicas que a nosotros se nos presentan como veneno puro, han llegado a tener el lugar de privilegio que ahora tienen? ¿No sería bueno que revisáramos en serio nuestro modelo económico? Ya tenemos muchos años de librecambistas fanáticos y los resultados son deplorables; si no, repásense nuevamente las cifras de los ejecutados.
