LA REBELIÓN DE LOS PODERES CONSTITUIDOS

El preclaro teórico de la Constitución, Pedro de Vega García, afirmó con atinadísima razón que: “... las Constituciones dejan de ser en la práctica obra del pueblo y fiel reflejo de la realidad social, para convertirse en creación de poderes constituyentes ocultos y misteriosos.” Y acotando su esclarecedora frase, al cumplirse 100 años de la Promulgación de la nuestra, puntualizando: más en una nación donde los poderes constituidos han usurpado el poder originario y el poder constituyente.

    Esto sucede en el país porque, nunca se ha vivido en un Estado de Derecho; o al menos, nunca se ha respetado el Estado de Derecho. ¿Qué efectos debe traer en la vida daría de un ciudadano el vivir en un Estado de Derecho y valorarlo? Hace más de 2000 mil años lo expresó nítidamente el filósofo griego Sócrates al admitir su sentencia de beber la cicuta –sin protestar ni oponerse-, según se lee en su alegato transcripto en los Diálogos de Platón, dijo: “Al vivir en un Estado de Derecho, renunciamos a nuestra libertad, en aras de la seguridad que nos otorgan las normas jurídicas”.
    Acá se da el caso exactamente contrario: renunciamos a la seguridad que nos otorgan las normas jurídicas –como podría ser la Carta Fundamental- para imponer a nuestro antojo nuestra libertad y nuestros intereses. Cada miembro del Poder Ejecutivo, o del Legislativo o del Judicial hace de su criterio una bandera inderrotable, aunque vaya en sentido contrario al sentido de la norma jurídica. En el país, no corre la sabia frase de que: la mejor ley es la que reduce al mínimo el arbitrio judicial y el mejor juez, el que reduce al mínimo el suyo. No. Aquí la “mejor ley” es la que el actor interesado en ejercicio de su limitado poder, manipula a su favor y le permite imponer su arbitrio, por muy torcido que sea.
    Y aunque las taxativas que se oponen al Ejecutivo y su libre arbitrio son aconsejadas por la experiencia, lo que se estila con toda naturalidad en el país es hacer a un lado esas taxativas para dejarle actuar a su antojo; e incluso se le buscan sesgos supuestamente fundantes y sustento en la disposición normativa para justificar su arbitrario actuar.
    Sobre esas limitaciones y taxativas, escribió Francisco Zarco: “Cuando de ellas se han visto libres algunos de nuestros gobiernos, han prodigado los empleos con gravamen del tesoro, han ido a sacar coroneles de donde no podían salir más que presidiarios, han hecho cónsules a quienes no podían servir ni de dependientes en una casa de comercio y han dado puestos diplomáticos a hombres indignos que se han robado los fondos públicos.”
    Zarco, Zarco ¡cuánta razón te asiste!: han prodigado los empleos con gravamen del tesoro, han sacado “coroneles” de donde solo podrían salir presidiarios, han hecho gobernantes a quienes no podían servir ni de dependientes en un comercio y han dado puestos a hombres indignos que se han dedicado a robar los fondos públicos
    ¿A qué se ha reducido el ejercicio del poder del Gobierno Federal?: ¿Es adalid el Estado de Derecho? ¿Respeta la norma fundamental? ¡No!
    Reducida a su esencia toda política es política fiscal: toda política del Gobierno Federal, es política fiscal, es hambre devoradora de impuestos. Su consigna suprema es: A quién, cómo y por qué le quitamos cuánto para darle cuánto, a quién, cómo y porqué. El poder de crear, de manejar, de intervenir el tesoro público, es el resumen de todos los poderes. En la formación del tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos, puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país, escribió Juan Bautista Alberdi.
    El artículo 3º constitucional en su fracción II, inciso a), es una “caca” de gaviota. A eso lo han reducido los gobiernos federales –sean del pri  o del pan-. Los Poderes Constituidos se han rebelado y se han impuesto.
    El neoliberalismo que los inspira, que se traduce en privatización de la riqueza y socialización del costo, no es acorde con lo dispuesto por todo el texto de la original Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero hace 100 años. Mucho menos acorde con lo prescrito en su artículo 3o. fracción II, inciso a), el cual señala que: la democracia es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.