La Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir en Tabasco, se pronunció contra de la criminalización que viven las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemoró ayer.
Adiel Ramos Zamudio, representante estatal de la RNCJDD y Karina de la Cruz Escobar integrante de la misma organización mencionaron también que este día celebran “la experiencia de libertad vivida por las cerca de 50 mil mujeres, 85 de ellas católicas, que decidieron interrumpir su embarazo ejerciendo su libertad de conciencia”.
En referencia a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que se aplica en el Distrito Federal, Ramos Zamudio dijo que la instrumentación de esa ley es justa, moderna, moderada e integral.
Justa porque permite que todas las mujeres, independientemente de su situación económica, tengan acceso a servicios médicos para la interrupción legal del embarazo; moderna porque reconoce la autonomía y ciudadanía de las mujeres al permitirles ejercer su derecho a decidir libremente la interrupción de un embarazo que no desean.
Moderada, dijo, porque pone un límite a este derecho, las 12 semanas de gestación.
Integral porque establece la adopción de políticas y normas dirigidas a prevenir los embarazos no deseados, a través de una adecuada consejería que ofrezca las tres opciones que tiene una mujer ante un embarazo no deseado: reconciliarse con él, recurrir a la adopción o interrumpirlo.
A pesar de esos avances, dijo Adiel Ramos, tenemos serios motivos de preocupación, por la situación contradictoria se vive en México en relación a ese asunto, en la que por un lado, en el Distrito Federal, hay cambios históricos, trascendentes y por otro “retrocesos legislativos en 17 estados de la república gracias al activismo proselitista de la jerarquía conservadora de la iglesia católica”.
Lo anterior, afirmó, ha profundizado la desigualdad de las mujeres, porque las que viven en el Distrito Federal pueden acceder a ese derecho y las de los estados no.
Esa situación ha quedado evidenciada con el caso de las mujeres de Guanajuato recientemente liberadas, después de haber sido condenadas por abortar, lo cual tiene consecuencias muy serias para la vida y la salud de la mayoría de las mexicanas.
Es grave, pero más cuando se está consciente “de que esa desigualdad es el resultado de una clara violación al Estado laico, de la actitud entreguista y oportunista de líderes de partidos políticos que están dispuestos a negociarlo todo en su búsqueda del poder, de la mezcla indebida entre religión y política”.
En México, prosiguió, la criminalización, la persecución y encarcelamiento de mujeres en los estados que ejercen su derecho a decidir, evidencian la discriminación, la falta de respeto a las diferencias y de garantías para el ejercicio de las libertades individuales y de los derechos civiles.
Expuso la preocupación de la RNCJDD por los retrocesos legislativos en 17 estados del país, donde se han reformado las constituciones locales para prohibir el aborto legal.
“Los fundamentalismos de derecha, bajo el liderazgo de la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica pretenden vulnerar el Estado laico e imponer su concepción de la moral en las políticas públicas, haciéndole creer a la sociedad que la feligresía católica comparte sus posiciones. Nada más lejos de la realidad” dijo.
Posteriormente, Karina de la Cruz, dio a conocer algunos datos de la Encuesta de Opinión Católica 2009 realizada por Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones y una empresa, en relación a temas de la salud, los derechos sexuales y reproductivos y las enseñanzas oficiales de la jerarquía católica en torno a la sexualidad y la reproducción.
Según dicha encuesta, el 57 por ciento estuvo de acuerdo con que, por ley, se permita el aborto; el 24 por ciento aprueba permitir el aborto cuando la mujer lo decida.
También, entre el 70 y 74 por ciento de fieles entrevistados aprueba el que una mujer se practique un aborto si su vida o su salud están en peligro; el 69 cuando la mujer es portadora de VIH/Sida y el 66 por ciento, cuando el embarazo es producto de una violación.
Y en relación a los adolescentes, esa encuesta reveló que: 7 de cada 10 católicos deben tener acceso a métodos anticonceptivos en los servicios públicos de salud, cuando lo soliciten.
El 85 por ciento está de acuerdo en que los libros de texto gratuitos incluyan información sobre el uso del condón en mujeres y hombres para prevenir infecciones de transmisión sexual; el 78 por ciento coincide en el derecho de las y los jóvenes a decidir sobre su cuerpo y sexualidad y el 71 por ciento apoya que los libros de texto gratuitos aborden las circunstancias en las que la ley permite el aborto, agregó
Ante el contexto que se vive en México y en América Latina, donde el aborto es una práctica que pone en riesgo la vida de las mujeres, debido a sus restricciones legales , la RNCJDD, agregó Karina de la Cruz que esa organización continuará trabajando para que:
Ninguna mujer tenga que exponer su vida y salud, ninguna sea violentada con una maternidad forzada o criminalizada por decidir y; para garantizarles justicia y ciudadanía plena.
Se pronunció por la liberación de las mujeres encarceladas, por la libertad y dignidad de todas y la despenalización del aborto en todos los países de América Latina y el Caribe.
Adiel Ramos Zamudio, representante estatal de la RNCJDD y Karina de la Cruz Escobar integrante de la misma organización mencionaron también que este día celebran “la experiencia de libertad vivida por las cerca de 50 mil mujeres, 85 de ellas católicas, que decidieron interrumpir su embarazo ejerciendo su libertad de conciencia”.
En referencia a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que se aplica en el Distrito Federal, Ramos Zamudio dijo que la instrumentación de esa ley es justa, moderna, moderada e integral.
Justa porque permite que todas las mujeres, independientemente de su situación económica, tengan acceso a servicios médicos para la interrupción legal del embarazo; moderna porque reconoce la autonomía y ciudadanía de las mujeres al permitirles ejercer su derecho a decidir libremente la interrupción de un embarazo que no desean.
Moderada, dijo, porque pone un límite a este derecho, las 12 semanas de gestación.
Integral porque establece la adopción de políticas y normas dirigidas a prevenir los embarazos no deseados, a través de una adecuada consejería que ofrezca las tres opciones que tiene una mujer ante un embarazo no deseado: reconciliarse con él, recurrir a la adopción o interrumpirlo.
A pesar de esos avances, dijo Adiel Ramos, tenemos serios motivos de preocupación, por la situación contradictoria se vive en México en relación a ese asunto, en la que por un lado, en el Distrito Federal, hay cambios históricos, trascendentes y por otro “retrocesos legislativos en 17 estados de la república gracias al activismo proselitista de la jerarquía conservadora de la iglesia católica”.
Lo anterior, afirmó, ha profundizado la desigualdad de las mujeres, porque las que viven en el Distrito Federal pueden acceder a ese derecho y las de los estados no.
Esa situación ha quedado evidenciada con el caso de las mujeres de Guanajuato recientemente liberadas, después de haber sido condenadas por abortar, lo cual tiene consecuencias muy serias para la vida y la salud de la mayoría de las mexicanas.
Es grave, pero más cuando se está consciente “de que esa desigualdad es el resultado de una clara violación al Estado laico, de la actitud entreguista y oportunista de líderes de partidos políticos que están dispuestos a negociarlo todo en su búsqueda del poder, de la mezcla indebida entre religión y política”.
En México, prosiguió, la criminalización, la persecución y encarcelamiento de mujeres en los estados que ejercen su derecho a decidir, evidencian la discriminación, la falta de respeto a las diferencias y de garantías para el ejercicio de las libertades individuales y de los derechos civiles.
Expuso la preocupación de la RNCJDD por los retrocesos legislativos en 17 estados del país, donde se han reformado las constituciones locales para prohibir el aborto legal.
“Los fundamentalismos de derecha, bajo el liderazgo de la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica pretenden vulnerar el Estado laico e imponer su concepción de la moral en las políticas públicas, haciéndole creer a la sociedad que la feligresía católica comparte sus posiciones. Nada más lejos de la realidad” dijo.
Posteriormente, Karina de la Cruz, dio a conocer algunos datos de la Encuesta de Opinión Católica 2009 realizada por Católicas por el Derecho a Decidir y otras organizaciones y una empresa, en relación a temas de la salud, los derechos sexuales y reproductivos y las enseñanzas oficiales de la jerarquía católica en torno a la sexualidad y la reproducción.
Según dicha encuesta, el 57 por ciento estuvo de acuerdo con que, por ley, se permita el aborto; el 24 por ciento aprueba permitir el aborto cuando la mujer lo decida.
También, entre el 70 y 74 por ciento de fieles entrevistados aprueba el que una mujer se practique un aborto si su vida o su salud están en peligro; el 69 cuando la mujer es portadora de VIH/Sida y el 66 por ciento, cuando el embarazo es producto de una violación.
Y en relación a los adolescentes, esa encuesta reveló que: 7 de cada 10 católicos deben tener acceso a métodos anticonceptivos en los servicios públicos de salud, cuando lo soliciten.
El 85 por ciento está de acuerdo en que los libros de texto gratuitos incluyan información sobre el uso del condón en mujeres y hombres para prevenir infecciones de transmisión sexual; el 78 por ciento coincide en el derecho de las y los jóvenes a decidir sobre su cuerpo y sexualidad y el 71 por ciento apoya que los libros de texto gratuitos aborden las circunstancias en las que la ley permite el aborto, agregó
Ante el contexto que se vive en México y en América Latina, donde el aborto es una práctica que pone en riesgo la vida de las mujeres, debido a sus restricciones legales , la RNCJDD, agregó Karina de la Cruz que esa organización continuará trabajando para que:
Ninguna mujer tenga que exponer su vida y salud, ninguna sea violentada con una maternidad forzada o criminalizada por decidir y; para garantizarles justicia y ciudadanía plena.
Se pronunció por la liberación de las mujeres encarceladas, por la libertad y dignidad de todas y la despenalización del aborto en todos los países de América Latina y el Caribe.
