Ciudad de México, 23 de septiembre.– A pesar de las advertencias de diversos analistas y calificadoras por la aprobación de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, las inversiones en México no se han frenado y entre enero y lo que va de septiembre, el sector privado realizó 197 anuncios públicos de inversión por un monto de 59 mil 900 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
El monitoreo, el cual ha incluido en su portal Data México, arroja que en septiembre, mes donde se aprobó la reforma para que todos los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, se realizaron tres anuncios de inversión por un monto de 520 millones de dólares provenientes de Estados Unidos, Colombia y China.
Las entidades que concentran los anuncios de inversión de los primeros nueve meses del año son: Querétaro (7 mil 166 millones de dólares), Estado de México (6 mil 407 millones), Nuevo León (5 mil 995 millones) y Veracruz (4 mil 937 millones).
En este periodo, los anuncios más importantes de inversión corresponden a Femsa (9 mil 965 millones de dólares), Amazon (4 mil 963 millones de dólares), DHL (4 mil millones), Walmart (3 mil 995 millones de dólares) y Constellation Brands (3 mil millones de dólares).
En el consolidado, la expectativa de inversión crece: Entre enero de 2023 y septiembre de 2024, el sector privado realizó 575 anuncios de inversión en México por más de 170 mil 644 millones de dólares, reflejando la confianza de los inversionistas en la economía mexicana para el desarrollo de las industrias a nivel local y mundial.
Las empresas estadounidenses son las que muestran mayor interés en el país con una expectativa de inversión de 68 mil 455 millones de dólares, resultado de la buena relación bilateral que existe entre las economías. Asimismo, países como China (16 mil 759 millones de dólares), Alemania (12 mil 159 millones de dólares), Argentina (10 mil 673 millones de dólares), Dinamarca (10 mil 170 millones de dólares) y Francia (8 mil 25 millones de dólares) representan una diversificación en el origen de las inversiones importantes.
Entre las principales inversiones chinas anunciadas en 2024 están dos empresas que manufacturan automóviles: ELAM-FAW, con 407 millones de dólares, y Solarever con 601 millones de dólares.
También se encuentran las empresas DHL Supply Chain (4 mil millones de dólares), LGMG Group (5 mil millones de dólares) y Jetour (3 mil millones de dólares).
OPINIONES DIVIDIDAS EN EL SECTOR
EMPRESARIAL
Desde el pasado 5 de septiembre, cuando se aprobó la Reforma al Poder Judicial, políticos de oposición y analistas económicos auguraban que se frenarían o cancelarían las inversiones de empresas de otros países en México, pero hasta el momento, según declaraciones de Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía, el único problema se ha presentado en la industria automotriz ante la incertidumbre de posibles barreras en Estados Unidos para los autos eléctricos con contenido chino si es que Donald Trump gana la Presidencia.
A principios de septiembre, la calificadora Moody’s advirtió que la reforma podría tener un impacto en la calificación crediticia de México, la cual se encuentra en la clasificación “Baa2/perspectiva estable”.
“La Reforma Judicial podría debilitar aún más los controles y equilibrios institucionales, lo que repercutiría en otros aspectos clave de la calidad crediticia de México, como su fortaleza económica y fiscal”, señaló Moody’s en un análisis.
Además, agregó que la incertidumbre jurídica “probablemente afectará más a los sectores corporativos de México que dependen de concesiones del Gobierno y grandes inversiones. Los cambios en el Poder Judicial serían particularmente desalentadores para las futuras inversiones que busquen aprovechar las oportunidades del nearshoring”.
A las críticas se sumó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la cual también consideró que la reforma “compromete la democracia, vulnera el Estado de Derecho y pone en riesgo el futuro” del país.
“La incertidumbre generada por esta reforma ya es evidente en empresas nacionales e internacionales, que han manifestado su preocupación por el riesgo de una politización en la selección de jueces, lo que podría debilitar el Estado de Derecho. Esto, además, afectaría proyectos clave para nuestra economía y, por ende, para el bienestar de todos los mexicanos”, manifestó.
Pese a dichos escenarios pesimistas y previsiones de una pérdida de valor del peso mexicano respecto al dólar por parte de sectores opositores, el día de la aprobación de la reforma la divisa mexicana consiguió una avance frente al billete verde.No obstante, no todo el sector empresarial ha estado en contra de la reforma al Poder Judicial. El 28 de agosto, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) publicó una encuesta que reveló que seis de cada 10 empresarios del sector comercial opinaban que hay demasiada corrupción en el Poder Judicial, y que el 52 por ciento del mismo sector avala la reforma en la materia presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.“La mayoría, de acuerdo con la encuesta, establece que sí se debe de hacer una reforma al Poder Judicial y también confirma el dato de que el sentir, porque es una percepción, es que el Poder Judicial sí tiene un alto índice de corrupción y estamos hablando más de 70 por ciento”, expresó en conferencia Octavio de la Torre de Stéffano, dirigente de la Concanaco-Servytur.
La encuesta fue realizada por Aria Consultores a mil 043 empresarios de las 255 cámaras que agrupa el organismo, y expuso que el 52 por ciento de los representantes del sector comercio, servicios y turismo en México avala la reforma al Poder Judicial.
La encuesta fue realizada por Aria Consultores a mil 043 empresarios de las 255 cámaras que agrupa el organismo, y expuso que el 52 por ciento de los representantes del sector comercio, servicios y turismo en México avala la reforma al Poder Judicial, tal como la propone el Gobierno federal. Sin embargo, las y los empresarios añadieron que los jueces que sean electos deben estar bien capacitados para desempeñar sus cargos. El 48 por ciento restante no estaba de acuerdo con la iniciativa.
