Rehúyen políticos mexicanos a transparencia y rendir cuentas
México, 13 mayo.- “Será un paso histórico en favor de la cultura de la legalidad”, dijo hace un año el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando promulgó a bombo y platillo el Sistema Nacional Anticorrupción, hoy parado en el Congreso por el recelo de los políticos a exponer sus cuentas a la opinión pública.
Una Reforma constitucional nacida para combatir “un mal que afecta la vida económica, política y social” del país, uno de los más castigados por la corrupción, ubicado en el puesto 95 de las 167 naciones evaluadas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, logrando solo 35 puntos de 100.
El Sistema deberá pilotar sobre siete reformas y normas enfocadas a combatir el cohecho, la extorsión y el trafico de influencias, entre otros actos indebidos, pero antes ha de aprobarse en el Congreso Mexicano, que ve con recelo alguna de sus propuestas.
A contrarreloj, las cámaras tienen hasta el 28 de mayo para convocar una sesión extraordinaria y aprobar estas leyes secundarias que darán dientes al Sistema, luego de que el Senado fuera incapaz de avanzar estos reglamentos en su periodo ordinario.
Los cuatros principales partidos “son cómplices en este pacto por la corrupción que hay en México. (Hay políticos) que son infinitamente ricos y es infinitamente inexplicable las fortunas que han acumulado”, dijo a Efe el intelectual y canciller entre 2000 y 2003, Jorge Castañeda. Se trata de siete leyes, dos nuevas y cinco reformadas: la ley del Sistema Nacional, la de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la del Tribunal de Justicia Administrativa, la Orgánica de la Administración Pública, un nuevo capítulo del Código Penal que incluya delitos de corrupción y una reforma a la ley que refuerza y de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción.
Así como la Ley de Responsabilidades Administrativas, que nacida de una iniciativa ciudadana incluye la ya famosa Ley 3de3, que busca que los servidores públicos publiquen su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Ello ha despertado reticencias entre los políticos: “Ha sido un tema muy controvertido. Parece que hay un temor especial de la clase política en conjunto de publicar su patrimonio”, señaló el director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Max Kaiser, uno de los redactores de la iniciativa.
Y es que esta normativa ha causado un auténtico conflicto en el Congreso, con políticos de uno y otro color mostrándose tanto a favor como en contra y acusándose mutuamente de querer “descafeinar” la propuesta.
