Asistimos en la Cámara al destazamiento impío del texto constitucional. Lo contrario a la Reforma integral de Estado y al cambio de régimen político que durante quince años hemos preconizado. Privó la resistencia patológica y la pobreza intelectual para emprender las modificaciones profundas que el país demanda.
Negativa reiterada a la invención de una nueva arquitectura institucional y empeño desordenado en la “parchología” que nos ha llevado a más de quinientas alteraciones al original de 1917. Ignorancia de los inmensos avances conceptuales del constitucionalismo contemporáneo, particularmente en América Latina.
Ni siquiera la revisión cuidadosa de los intentos de 2000 y de 2007 y sí el abandono deliberado de las propuestas que los mismos partidos habían formulado entonces. Caso omiso de los nuevos textos constitucionales que han expedido varias entidades de la República, en especial el proyecto del Estado de Guerrero que repartí en las curules.
Expliqué que todas las reformas políticas parciales han tenido objetivos específicos y han producido distorsiones y contradicciones acumulativas. Las más recientes tuvieron como propósito la apertura del sistema hacia el pluralismo político: la de 1977 por la franja de representación proporcional y el régimen de partidos; las de 1994 y 1996 por un sistema electoral garante del sufragio y la autonomía del Distrito Federal.
Ésta se desenvuelve en tres tiempos: la iniciativa presidencial, la minuta aprobada en el Senado y las modificaciones introducidas en la Cámara. Todas las versiones corresponden a una intención semejante aunque en proporciones distintas: el fortalecimiento directo del Ejecutivo disfrazado con aparentes avances en democracia participativa que, por su diseño, también favorecen a la autoridad.
Insistimos en que los mayores problemas a resolver son la supremacía de los poderes fácticos, el adelgazamiento del Estado, la crisis de la democracia representativa, la disfuncionalidad del régimen de gobierno y la feudalización de la autoridad. Ninguno de ellos ha sido atacado en este ejercicio.
El diseño es la reparación de un sistema presidencial moribundo, que no la devolución del poder a la sociedad ni la reconstrucción estatal necesaria a la recuperación de la soberanía nacional.
Cuestiones fundamentales como la reelección legislativa y la revocación del mandato fueron eliminadas o pospuestas mediante la sorda aplanadora construida por tres partidos como anticipo de la restauración anunciada. En ningún momento se aceptó la urgencia de incluir una regulación democrática a la comunicación electrónica sin la cual los procesos electorales y participativos seguirán siendo manipulables.
La consulta popular adoptada resulta contradictoria y amañada. Carece de técnica jurídica ya que confunde el referéndum -que es la aprobación por los ciudadanos de reformas legales- con el plebiscito -por el que la sociedad autoriza actos o políticas de la autoridad antes de ejecutarse.
Exige un millón de firmas para solicitarla mientras da plena libertad al Ejecutivo para hacerlo a fin de que –con la complicidad de sus socios- las convierta en “teletones”.
Las candidaturas independientes fueron igualmente falsificadas ya que no se aceptaron las condiciones que se han propuesto para regularlas, como: requisitos razonables para las candidaturas, equidad en el acceso a prerrogativas públicas y la prohibición de dinero privado. Se abre la puerta a Berlusconis de toda laya y no a los líderes sociales y ciudadanos distinguidos.
Menudearon en cambio las propuestas retardatarias, desde la iniciativa preferente para el ejecutivo, el veto para el presupuesto, la designación por el presidente en turno de su sucesor provisional o la toma de posesión ante la Suprema Corte.
Con todo y a pesar de la fatiga y exacerbación que generan jornadas irracionales, algunos debates fueron los más parlamentarios que hayamos tenido.
El colofón fue la injuria como método para atraer la atención de medios ávidos de desacreditar al Congreso. Fuerza es extender la convicción de que esta farsa debe terminar y centrar el debate público en la necesidad absoluta de iniciar un proceso constituyente que abra el camino para la transición hacia la dignidad.
Negativa reiterada a la invención de una nueva arquitectura institucional y empeño desordenado en la “parchología” que nos ha llevado a más de quinientas alteraciones al original de 1917. Ignorancia de los inmensos avances conceptuales del constitucionalismo contemporáneo, particularmente en América Latina.
Ni siquiera la revisión cuidadosa de los intentos de 2000 y de 2007 y sí el abandono deliberado de las propuestas que los mismos partidos habían formulado entonces. Caso omiso de los nuevos textos constitucionales que han expedido varias entidades de la República, en especial el proyecto del Estado de Guerrero que repartí en las curules.
Expliqué que todas las reformas políticas parciales han tenido objetivos específicos y han producido distorsiones y contradicciones acumulativas. Las más recientes tuvieron como propósito la apertura del sistema hacia el pluralismo político: la de 1977 por la franja de representación proporcional y el régimen de partidos; las de 1994 y 1996 por un sistema electoral garante del sufragio y la autonomía del Distrito Federal.
Ésta se desenvuelve en tres tiempos: la iniciativa presidencial, la minuta aprobada en el Senado y las modificaciones introducidas en la Cámara. Todas las versiones corresponden a una intención semejante aunque en proporciones distintas: el fortalecimiento directo del Ejecutivo disfrazado con aparentes avances en democracia participativa que, por su diseño, también favorecen a la autoridad.
Insistimos en que los mayores problemas a resolver son la supremacía de los poderes fácticos, el adelgazamiento del Estado, la crisis de la democracia representativa, la disfuncionalidad del régimen de gobierno y la feudalización de la autoridad. Ninguno de ellos ha sido atacado en este ejercicio.
El diseño es la reparación de un sistema presidencial moribundo, que no la devolución del poder a la sociedad ni la reconstrucción estatal necesaria a la recuperación de la soberanía nacional.
Cuestiones fundamentales como la reelección legislativa y la revocación del mandato fueron eliminadas o pospuestas mediante la sorda aplanadora construida por tres partidos como anticipo de la restauración anunciada. En ningún momento se aceptó la urgencia de incluir una regulación democrática a la comunicación electrónica sin la cual los procesos electorales y participativos seguirán siendo manipulables.
La consulta popular adoptada resulta contradictoria y amañada. Carece de técnica jurídica ya que confunde el referéndum -que es la aprobación por los ciudadanos de reformas legales- con el plebiscito -por el que la sociedad autoriza actos o políticas de la autoridad antes de ejecutarse.
Exige un millón de firmas para solicitarla mientras da plena libertad al Ejecutivo para hacerlo a fin de que –con la complicidad de sus socios- las convierta en “teletones”.
Las candidaturas independientes fueron igualmente falsificadas ya que no se aceptaron las condiciones que se han propuesto para regularlas, como: requisitos razonables para las candidaturas, equidad en el acceso a prerrogativas públicas y la prohibición de dinero privado. Se abre la puerta a Berlusconis de toda laya y no a los líderes sociales y ciudadanos distinguidos.
Menudearon en cambio las propuestas retardatarias, desde la iniciativa preferente para el ejecutivo, el veto para el presupuesto, la designación por el presidente en turno de su sucesor provisional o la toma de posesión ante la Suprema Corte.
Con todo y a pesar de la fatiga y exacerbación que generan jornadas irracionales, algunos debates fueron los más parlamentarios que hayamos tenido.
El colofón fue la injuria como método para atraer la atención de medios ávidos de desacreditar al Congreso. Fuerza es extender la convicción de que esta farsa debe terminar y centrar el debate público en la necesidad absoluta de iniciar un proceso constituyente que abra el camino para la transición hacia la dignidad.
