#El fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, tiene un mes para analizar la veracidad de la información que le proporcionaron los más de 20 mil ciudadanos que presentaron una denuncia contra el presidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad ante ese tribunal internacional, de acuerdo con el Estatuto de Roma, aseguraron abogados expertos en derecho internacional.
Marco Antonio del Toro, con más de una década de experiencia litigiosa en asuntos internacionales, refirió en entrevista con La Jornada que el fiscal Moreno debe revisar en ese tiempo si durante la llamada guerra contra el narcotráfico se cometieron en México delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.
Añadió que el funcionario internacional también debe analizar al sistema jurídico mexicano a fin de que cerciore que las instituciones de procuración de justicia de nuestro país sean confiables.
A su vez, el penalista Rogelio Garza, también especialista en derecho internacional, sostuvo que sólo en caso de que Moreno llegue a la conclusión de que las evidencias aportadas por los denunciantes son reales, y de que se cometió en México alguno de los tres delitos antes citados, habrá posibilidad de que se inicie una indagatoria que concluya, probablemente, con la petición ante la CPI de una orden de detención internacional.
“En un mes el fiscal deberá hacer las anteriores actuaciones, y sólo en caso de concluir que hay materia para un caso de la Corte Penal Internacional podrá presentar un informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares, donde un grupo de magistrados revisarán la denuncia y las evidencias, que autorizarán o negarán el inicio de las pesquisas contra el presidente Calderón”, refirió Garza.
El mes pasado un colectivo de más de 20 mil ciudadanos presentó ante la CPI una denuncia contra Felipe Calderón, a quien se imputan delitos de lesa humanidad por los más de 50 mil muertos que se han registrado desde el año 2006 a la fecha, en el contexto de una lucha contra la delincuencia organizada que emprendió la administración calderonista. Entrevistado por este diario, Rogelio Garza dijo que cada año la Corte Penal Internacional recibe cerca de 3 mil denuncias, pero el fiscal Moreno únicamente abre al año entre nueve y 12 indagatorias, la mitad de las cuales no llega ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa instancia con sede en La Haya con una orden de detención. De su lado, Marco Antonio del Toro, destacó que “el fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación, a menos de que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al Estatuto de Roma.
“El fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas versiones”, puntualizó.
Del Toro expuso que una vez que la denuncia supere la primera barrera referente a la competencia y al análisis de procedibilidad el fiscal Moreno estará en posibilidades de iniciar su indagatoria, siempre respaldado por las decisiones de la Sala de Cuestiones Preliminares.
“Esta sala de la CPI atenderá todas las peticiones de salvaguarda internacional solicitadas por el fiscal; impondrá las medidas de seguridad para la protección de las víctimas, expedición de órdenes de comparecencia, esta misma sala podrá, en la medida de sus facultades previstas por el Estatuto de Roma, liberar una orden de captura internacional en contra del o los imputados en cualquier momento después de iniciada la investigación”, añadió Del Toro.
Marco Antonio del Toro, con más de una década de experiencia litigiosa en asuntos internacionales, refirió en entrevista con La Jornada que el fiscal Moreno debe revisar en ese tiempo si durante la llamada guerra contra el narcotráfico se cometieron en México delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.
Añadió que el funcionario internacional también debe analizar al sistema jurídico mexicano a fin de que cerciore que las instituciones de procuración de justicia de nuestro país sean confiables.
A su vez, el penalista Rogelio Garza, también especialista en derecho internacional, sostuvo que sólo en caso de que Moreno llegue a la conclusión de que las evidencias aportadas por los denunciantes son reales, y de que se cometió en México alguno de los tres delitos antes citados, habrá posibilidad de que se inicie una indagatoria que concluya, probablemente, con la petición ante la CPI de una orden de detención internacional.
“En un mes el fiscal deberá hacer las anteriores actuaciones, y sólo en caso de concluir que hay materia para un caso de la Corte Penal Internacional podrá presentar un informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares, donde un grupo de magistrados revisarán la denuncia y las evidencias, que autorizarán o negarán el inicio de las pesquisas contra el presidente Calderón”, refirió Garza.
El mes pasado un colectivo de más de 20 mil ciudadanos presentó ante la CPI una denuncia contra Felipe Calderón, a quien se imputan delitos de lesa humanidad por los más de 50 mil muertos que se han registrado desde el año 2006 a la fecha, en el contexto de una lucha contra la delincuencia organizada que emprendió la administración calderonista. Entrevistado por este diario, Rogelio Garza dijo que cada año la Corte Penal Internacional recibe cerca de 3 mil denuncias, pero el fiscal Moreno únicamente abre al año entre nueve y 12 indagatorias, la mitad de las cuales no llega ante la Sala de Cuestiones Preliminares de esa instancia con sede en La Haya con una orden de detención. De su lado, Marco Antonio del Toro, destacó que “el fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación, a menos de que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al Estatuto de Roma.
“El fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas versiones”, puntualizó.
Del Toro expuso que una vez que la denuncia supere la primera barrera referente a la competencia y al análisis de procedibilidad el fiscal Moreno estará en posibilidades de iniciar su indagatoria, siempre respaldado por las decisiones de la Sala de Cuestiones Preliminares.
“Esta sala de la CPI atenderá todas las peticiones de salvaguarda internacional solicitadas por el fiscal; impondrá las medidas de seguridad para la protección de las víctimas, expedición de órdenes de comparecencia, esta misma sala podrá, en la medida de sus facultades previstas por el Estatuto de Roma, liberar una orden de captura internacional en contra del o los imputados en cualquier momento después de iniciada la investigación”, añadió Del Toro.
