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La Verdad del Sureste

Rumores


La temporada 2015-2016 de la liga premier de fútbol de Inglaterra, fue de ensueño para el hasta entonces modesto equipo Leicester City: nunca antes en sus 132 años de existencia se había coronado en el certamen de la poderosa liga inglesa. Una de las razones que podrían explicar su triunfo fue la adquisición del equipo por parte de un empresario tailandés en 2010.
    El multimillonario propietario del Leicester City –de apellido impronunciable- tenía algunas excentricidades, como la de salir del estadio en un helicóptero que despegaba desde la misma cancha donde se habían disputado los partidos. Hace dos meses, el 27 de octubre, fue la última vez que lo hizo.
    Ese día, al concluir el partido que su equipo empató con el West Ham del “Chicharito” Hernández, el empresario y cuatro personas más –incluidos los dos tripulantes- abordaron al interior del estadio el helicóptero de su propiedad, un Agusta Wetsland (AW 169), que apenas alcanzó a librar el inmueble y se desplomó en la zona del estacionamiento. Todos los ocupantes murieron.
    En la primera semana de diciembre, la División de Investigación de Accidentes Aéreos británica publicó un informe en el que explicó las razones de la súbita caída de la aeronave: se desconectó “el mecanismo que une los pedales de la cabina con el rotor de la cola”; la causa probable fue la “acumulación de grasa negra” en uno de los componentes de dicho mecanismo.
    A raíz de dicho accidente, la Agencia Europea de Seguridad Aérea ordenó (ojo con este verbo) la revisión de los componentes de los helicópteros de este tipo y modelos similares. La aeronave en la que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, el senador Moreno Valle y tres personas más, era del mismo fabricante y de un modelo similar al del dueño del Leicester.  
    Enero de 2010. Un conocido empresario de la Ciudad de México falleció junto con otros miembros de su familia y la tripulación cuando el helicóptero en el que se transportaba, desde la ciudad de Toluca a la capital del país, se precipitó sobre una zona boscosa de Cuajimalpa. En este caso el accidente se atribuyó a las malas condiciones atmosféricas.
    A casi un mes de las elecciones presidenciales de 2012, cayó cerca de Villa del Carbón, estado de México, el helicóptero en el que viajaba, Juan Armando Hinojosa García, hijo del dueño de Grupo Higa y yerno del ex gobernador Fidel Herrera, quien murió en el accidente al igual que los miembros de la tripulación, sin que trascendieran públicamente las probables causas del desplome de la aeronave.
    En estos dos últimos casos, los helicópteros que se vinieron a tierra tenían vigentes sus permisos de operación, los tripulantes tenían suficiente experiencia y se trataba de aeronaves Agusta Westland, del mismo tipo y modelo en el que perdieron la vida la gobernadora y el senador poblanos. Incluso, tal parece que la nave caída en Puebla había formado parte de la flotilla de Grupo Higa.
    Por sus características, desde que comenzaron a ser utilizados en México -hace casi veinte años- estos helicópteros han sido favoritos de los empresarios y aun de los  gobiernos; sin embargo, en este lapso catorce helicópteros de este fabricante han sufrido diversos accidentes, la mayoría de ellos con consecuencias fatales, una incidencia muy alta en comparación a lo que ocurre por ejemplo, en Europa.
    Aunque preliminarmente se descartó la hipótesis de un posible atentado en el caso de la nave que transportaba a la efímera gobernadora de Puebla y al senador Moreno Valle, las causas del accidente deberán quedar plenamente establecidas o se corre el riesgo de que la especulación y la rumorología terminen por apoderarse de la verdad.
    Más allá del encono político suscitado alrededor del accidente, que es apreciable sobre todo en redes sociales, lo cierto es que los mexicanos nos formamos sin tener confianza en las autoridades: si nos mentían una y otra vez, ¿por qué creer en la más sólida de sus evidencias si tenemos nuestras propias convicciones, por más absurdas que sean?  
    La conclusión final a la que se llegue, cualquiera que sea, deberá estar soportada en evidencias científicas y no en meras presunciones o en testigos torturados que digan lo que a la autoridad le conviene.

 

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