Salinas Pliego internacionaliza su disputa fiscal: Acude a la CIDH y denuncia "persecución política"
En un movimiento estratégico que escala su conflicto con el Estado mexicano a nivel internacional, el empresario Ricardo Salinas Pliego se reunió este martes 13 de enero con altos funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El objetivo del encuentro fue denunciar lo que el presidente de Grupo Salinas califica como un "acoso sistemático" derivado de los fallos judiciales que lo obligan a pagar una deuda fiscal multimillonaria.
Desde la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Salinas Pliego informó haber entregado un expediente detallado a Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Según el empresario, la presión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no son meros actos administrativos, sino herramientas de intimidación política.
"Se trata de un acoso coordinado para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto", declaró el dueño de TV Azteca, sugiriendo que el Estado busca sentar un "precedente peligroso" contra la oposición y el sector empresarial.
La batalla legal llega a un punto crítico este mes. El SAT ha proyectado que para enero de 2026, el empresario sea requerido formalmente para liquidar un adeudo que asciende a 51,000 millones de pesos. Este monto integra:
- Impuesto Sobre la Renta (ISR): Correspondiente a omisiones en ejercicios fiscales de 2008 a 2015.
- Accesorios Legales: Actualizaciones, recargos y multas acumuladas por más de una década de litigios.
Aunque el Código Fiscal de la Federación permitiría una reducción de hasta el 39% en multas si el pago se realiza conforme a la ley, Salinas Pliego ha optado por agotar las instancias internacionales tras los fallos de la SCJN de noviembre pasado, que ratificaron deudas por 48,326 millones para Elektra y TV Azteca, además de otros montos menores de subsidiarias.
Lo que inició como una disputa estrictamente técnica-fiscal ha mutado en una confrontación abierta de narrativa política.
Mientras el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sostiene que el proceso es una aplicación imparcial de la ley, Salinas Pliego ha insertado el caso en la arena electoral.
La CIDH analizará si el caso fiscal presentado por Salinas Pliego cumple criterios para ser admitido a revisión internacional.
El empresario ha manifestado públicamente su interés en buscar una candidatura presidencial para 2030, lo que le permite argumentar que los cobros fiscales son un intento por inhabilitarlo o mermar su capacidad financiera de cara a sus aspiraciones políticas.
¿Qué sigue en el proceso internacional?
La entrega del expediente es apenas el primer paso.
La CIDH deberá realizar un examen de admisibilidad para determinar:
- Si se han agotado efectivamente todos los recursos legales internos en México.
- Si existen evidencias suficientes de violaciones a derechos humanos o garantías judiciales.
- Si el caso justifica una recomendación o una eventual remisión a la Corte Interamericana.
Hasta el momento, ni la Cancillería ni la Presidencia de la República han emitido un pronunciamiento oficial sobre esta acción ante la OEA, manteniendo la postura de que el fondo del asunto es estrictamente jurídico y de cumplimiento de obligaciones tributarias.
TomaNota:
- El SAT prevé requerir el pago del adeudo en enero de 2026.
- El monto estimado es de 51,000 millones de pesos, incluidos recargos y multas.
- La CIDH primero evaluará la admisibilidad del caso; no hay resolución inmediata.
- Para avanzar, debe acreditarse que se agotaron los recursos legales en México.
- El gobierno federal sostiene que el proceso es de cumplimiento tributario conforme a la ley.
