La presidenta enviará al Senado una reforma para limitar pensiones de altos mandos y destinar hasta 5 mil mdp a programas sociales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes enviará al Senado de la República una iniciativa para reformar el artículo 127 de la Constitución. La propuesta establece que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50 por ciento del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal.
Qué cambia: se fijará un tope constitucional a las pensiones de personal de confianza en organismos públicos. Actualmente existen casos de pensiones mensuales de 300 mil hasta un millón de pesos. Con la reforma, ninguna nueva pensión podrá rebasar la mitad del sueldo presidencial.
A quién aplica: exclusivamente a altos mandos de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo. No aplica para trabajadores sindicalizados ni para quienes tienen pensiones establecidas en contratos colectivos o condiciones generales de trabajo.
Desde cuándo: de aprobarse en el Congreso y publicarse la reforma, el nuevo tope aplicará hacia adelante. La presidenta precisó que las percepciones ya obtenidas no podrán modificarse, pero sí se limitarán los pagos futuros que superen el nuevo máximo.
La reforma fijaría que ninguna pensión de alto mando supere el 50% del salario presidencial.
Impacto práctico: el gobierno estima recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que serían canalizados a los Programas para el Bienestar. Solo en Petróleos Mexicanos, 544 personas pensionadas superan el ingreso presidencial, con un costo anual de mil 827 mdp. En la Comisión Federal de Electricidad, 2 mil 199 pensionados rebasan ese monto, con un impacto de 4 mil 496 mdp al año.
Otros casos incluyen a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, donde 9 mil 457 personas reciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, y 3 mil 504 superan el sueldo neto presidencial. En la banca de desarrollo, también hay pensiones por encima del ingreso de la titular del Ejecutivo en Nacional Financiera, Banobras y Bancomext.
La consejera jurídica Esthela Damián Peralta señaló que la reforma se sustenta en principios de austeridad y responsabilidad financiera. Por su parte, la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez detalló que el objetivo es eliminar pensiones consideradas “exorbitantes” en el sector público.
Para la ciudadanía, el cambio no modifica pensiones del IMSS, ISSSTE ni de trabajadores sindicalizados. El efecto se concentrará en altos mandos de confianza y en el uso de recursos públicos destinados a cubrir estas jubilaciones.
