La acusación sobre huachicol fiscal campañas políticas escaló este martes después de que la presidenta Claudia Sheinbaum exigiera a la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que presente pruebas sobre el presunto uso de una red vinculada con el CJNG para financiar campañas.
El punto central del reclamo es que, según la mandataria, las autoridades estadounidenses hicieron pública esa relación sin entregar antes evidencia a México. Dijo que las personas y empresas mencionadas ya estaban bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que cuestionó que Washington se adelantara con un comunicado unilateral.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que su gobierno no fue informado sobre pruebas específicas de financiamiento electoral. También comparó este caso con otro antecedente reciente: las medidas del Tesoro contra tres instituciones financieras, en las que, afirmó, México pidió sustento documental y solo recibió información insuficiente.
La presidenta señaló que pedir pruebas es una práctica regular entre ambos países, incluso en asuntos de extradición. Bajo ese argumento, insistió en que Estados Unidos debe respaldar con evidencia cualquier señalamiento sensible, sobre todo cuando involucra a empresas mexicanas, posibles delitos fiscales y presuntos vínculos con campañas políticas.
México pidió al Tesoro de EU pruebas del presunto vínculo entre huachicol fiscal y financiamiento de campañas.
Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano ha aplicado acciones para reducir el huachicol fiscal, entre ellas controles administrativos en Aduanas, medidas del SAT, detenciones a cargo de la Fiscalía General de la República y congelamiento de cuentas por parte de la UIF. Añadió que todavía hay carpetas de investigación abiertas para reunir elementos y solicitar más órdenes de aprehensión.
Según la mandataria, ese trabajo se analizaba de forma conjunta con autoridades de Estados Unidos, pero el anuncio se difundió antes de una comunicación coordinada. Hasta el momento, el insumo no precisa qué personas, empresas o campañas habrían sido beneficiadas ni aporta fechas, montos o pruebas públicas sobre esa presunta financiación.
La presidenta sostuvo además que el delito ha disminuido de forma importante y dijo que una señal de ello es el aumento en las ventas de Pemex. Sin embargo, en la información disponible no se detallan cifras concretas que permitan medir esa reducción ni un plazo para conocer nuevas pruebas o avances formales del caso.
#TomaNota
- 1 de julio de 2026: Sheinbaum exigió pruebas públicas al Tesoro de EU.
- La revisión del caso involucra a la UIF, el SAT, Aduanas y la FGR.
- El insumo no identifica campañas, montos ni evidencias sobre el presunto financiamiento político.
- Según la presidencia, las personas y empresas señaladas ya estaban bajo investigación en México.
