Si hay delitos en la Ujat hay deber de denunciarlos: Sergio Antonio
Redacción
Villahermosa, Tab., 12 de julio de 2020.- Aunque en Tabasco no se armonizó la legislación penal con las reformas federales de la 4T que aumentaron la penalidad a los delitos contra el erario, el servicio público y de particulares en hechos de corrupción; sí aplica la obligación de denunciarlos que impone el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales desde 2016.
Consideró lo anterior el abogado Sergio Antonio Reyes Ramos al puntualizar que es una falacia que ese deber sea facultad exclusiva del OSFE “ya sea en la UJAT, las dependencias estatales o municipales, órganos desconcertados u organismos descentralizados o autónomos, en cuenta pública o en hallazgos, de sexenios o trienio anteriorees o actuales”.
Enfatizó que “Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente delituoso esta obligado a denunciarlo ante el ministerio público, proporcionándole todos los datos que tuviere” y que esa es la obligación legal ineludible pero la moda-pretexto de los funcionarios es acudir a un medio de comunicación, hacer señalamientos, incluso con montos, y argumentar que el paquete de acudir a la fiscalia anticorrupcion corresponde al Órgano Superior de Fiscalización, que no es más que un auxiliar técnico del Congreso exclusivamente en materia de cuenta pública, desfasada y tardía, pues para que una resolución de ese tipo tenga efecto procesales de carácter formal hay una distancia mínima de un año y medio, tiempo suficiente para tender cortinas de humo, cajas chinas, que buscan la amnistía fáctica para los responsables.
Es paradójico que se haya tenido urgencia por aprobar la “ley garrote” para reprimir aquí hasta con 15 y 30 años de prisión las protestas ciudadanas, campesinas y obreras, mientras que el peculado, el cohecho, y el enriquecimiento ilícito tienen penas no mayores a los 8 años, sea cuál fuere el monto del daño patrimonial causado al Estado: “es una invitación a cometerlos… a recibir el premio de la impunidad”.
En ese sentido, señaló que a como sucedió en el caso de los consejeros del IEPCT que en 2015 se aprobaron y cobraron salarios superiores a los 200 mil pesos mensuales, las triangulaciones millonarias con el Fidet, la condonación del pagaré de 30 millones a la UGRT, o el inflamiento deliberado del padrón del seguro popular en el sexenio pasado, instó a los integrantes del Colegio de Abogados Tabasqueños A. C. a que “acudamos formalmente ante las instancias competentes a formalizar lo que algunos denuncian mediaticamente… cuando nos enteramos por un programa de radio o un medio impreso de los saqueos, de la impunidad que los rodea, ya hay un deber colectivo contra los acusados mediaticamente pero también contra los que cínicamente evaden así la obligación de denunciar legalmente y no ser encubridores o cómplices de lo que señalan”
Villahermosa, Tab., 12 de julio de 2020.- Aunque en Tabasco no se armonizó la legislación penal con las reformas federales de la 4T que aumentaron la penalidad a los delitos contra el erario, el servicio público y de particulares en hechos de corrupción; sí aplica la obligación de denunciarlos que impone el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales desde 2016.
Consideró lo anterior el abogado Sergio Antonio Reyes Ramos al puntualizar que es una falacia que ese deber sea facultad exclusiva del OSFE “ya sea en la UJAT, las dependencias estatales o municipales, órganos desconcertados u organismos descentralizados o autónomos, en cuenta pública o en hallazgos, de sexenios o trienio anteriorees o actuales”.
Enfatizó que “Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente delituoso esta obligado a denunciarlo ante el ministerio público, proporcionándole todos los datos que tuviere” y que esa es la obligación legal ineludible pero la moda-pretexto de los funcionarios es acudir a un medio de comunicación, hacer señalamientos, incluso con montos, y argumentar que el paquete de acudir a la fiscalia anticorrupcion corresponde al Órgano Superior de Fiscalización, que no es más que un auxiliar técnico del Congreso exclusivamente en materia de cuenta pública, desfasada y tardía, pues para que una resolución de ese tipo tenga efecto procesales de carácter formal hay una distancia mínima de un año y medio, tiempo suficiente para tender cortinas de humo, cajas chinas, que buscan la amnistía fáctica para los responsables.
Es paradójico que se haya tenido urgencia por aprobar la “ley garrote” para reprimir aquí hasta con 15 y 30 años de prisión las protestas ciudadanas, campesinas y obreras, mientras que el peculado, el cohecho, y el enriquecimiento ilícito tienen penas no mayores a los 8 años, sea cuál fuere el monto del daño patrimonial causado al Estado: “es una invitación a cometerlos… a recibir el premio de la impunidad”.
En ese sentido, señaló que a como sucedió en el caso de los consejeros del IEPCT que en 2015 se aprobaron y cobraron salarios superiores a los 200 mil pesos mensuales, las triangulaciones millonarias con el Fidet, la condonación del pagaré de 30 millones a la UGRT, o el inflamiento deliberado del padrón del seguro popular en el sexenio pasado, instó a los integrantes del Colegio de Abogados Tabasqueños A. C. a que “acudamos formalmente ante las instancias competentes a formalizar lo que algunos denuncian mediaticamente… cuando nos enteramos por un programa de radio o un medio impreso de los saqueos, de la impunidad que los rodea, ya hay un deber colectivo contra los acusados mediaticamente pero también contra los que cínicamente evaden así la obligación de denunciar legalmente y no ser encubridores o cómplices de lo que señalan”
