En una entrevista radiofónica, el legislador del sol azteca habló de varios temas, entre ellos la falta de transparencia que prevalece en los gobiernos federal y estatal en lo relacionado con las obras del Plan Hídrico Integral de Tabasco (Foto: Joel Arias)
VILLAHERMOSA, TABASCO. 02 DE OCTUBRE DE 2010. Luego de haber anunciado “con bombo y platillo” el encuentro, el gobernador del estado Andrés Granier Melo seguramente no logró que en la reunión del miércoles el secretario de Hacienda Ernesto Cordero Arrollo aceptara su propuesta de que la administración estatal sea exentada de la aportación del pari passu para que bajen libremente los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pues permanece el silencio oficial sobre los resultados de esa platica, expresó el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Núñez Jiménez.
“Coincido con la especulación de que le fue mal porque no viene a festinarlo ni a decirlo”, indicó el perredista. Hasta ayer por la tarde, no se conocía alguna postura oficial sobre los resultados del encuentro entre Granier y Cordero.Aseguró que es difícil que al estado se le exente del pari passu, pues de ser así se tendría que beneficiar de esa forma a las demás entidades del país que están afectados por las inundaciones.
En una entrevista radiofónica, el legislador del sol azteca habló de varios temas, entre ellos la falta de transparencia que prevalece en los gobiernos federal y estatal en lo relacionado con las obras del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT).Manifestó que la apertura de canales de alivio para desviar el agua hacia algunas comunidades aledañas a Villahermosa aparte de dañar a mucha gente puede tratarse de un negocio más entre funcionarios federales y estatales con empresarios de la construcción, porque bajo el argumento de que esas acciones eran urgentes, se entregaron sin licitación de por medio.
Tenemos derecho a “sospechar” de que hay actos de corrupción en la asignación y realización de esas obras, dijo.Se refirió también al espigón que se construyó seis kilómetros después de la compuerta El Macayo, obra que le cierra al agua paso al río Carrizal y la desvía al Samaria, lo que profundiza las inundaciones en los municipios de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca.Expresó que ante la falta de transparencia muy pocos ciudadanos tienen conocimiento de la existencia de esa obra. Es más, expuso que en la última comparecencia del titular de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, ante el Senado de la República, éste no supo decir el costo de esa obra ni que compañía la realizó.Lo que sí señaló Luege Tamargo es que una vez que cumpla su función, la obra será destruida. Esto significa, sostuvo Núñez Jiménez, que la inversión es dinero tirado a la basura.
Este “manejo discrecional” de la información es lo que termina propiciando actos de corrupción, añadió.
Sobre la denuncia que presentará el senador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal Ávila, contra el gobierno federal por el mal manejo de las presas hidroeléctricas del Alto Grijalva como responsable de la magnitud de las inundaciones, el perredista expuso que está retomando y actualizando el recurso jurídico que en 2007 presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) Andrés Manuel López Obrador por esa misma causa.
Expresó que pueden haber “conductas delictivas” de los servidores públicos que incurrieron en atribuciones indebidas y omisiones, que en su caso deben de sancionarse.Manifestó que a los funcionarios responsables de que miles de personas estén perdiendo sus vivienda, enseres, cosechas y ganado se les puede aplicar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.Si las inundaciones de muchas comunidades son por negligencia y acciones de los gobiernos como este caso, la gente tiene derecho a reclamar que le reintegren su patrimonio, comentó.Cuestionó que ahora sí el gobierno del estado salga a decir que se indemnizará a las familias, cuando durante el desalojo arbitrario nunca les señalaron nada, dejándolas en la incertidumbre.
Consideró que con las altas participaciones federales que ha recibido, el gobierno del estado ya debió crear un organismo local integrado por expertos en cuestiones hidráulicas, para poder intercambiar puntos de vista y en su caso rebatir decisiones a la Conagua, pues actualmente se hace lo que dicta la dependencia federal.
El gobierno del estado no puede seguir tratando el tema hidráulico con “funcionarios amateurs”, es decir no profesionales ni especializados en la materia, como lo hace actualmente con ingenieros en obras, pero nada más.Manifestó que urge un verdadero plan hídrico que incluya un eficiente manejo del agua y sistemas de riesgo, porque se pasa por dos periodos, el de sequía y el de lluvia, y hay que equilibrar.Un plan de este tipo debe proteger no nada más a Villahermosa, sino a todos los municipios, puesto que no hay tabasqueños de primera y de segunda, insistió.
Anotó que es necesario que Alfredo Elías Ayub sea removido como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de los actos de corrupción en la entrega de contratos en los que se está viendo involucrado el ex director de operaciones de la dependencia, que recibió prebendas como un yate y un auto Ferrari.Núñez Jiménez dijo tener conocimiento que ese funcionario permaneció en la entidad un tiempo durante las inundaciones del 2007, pero aclaró que no le consta que haya incurrido en actos de corrupción aquí.Sobre como se debería dar y la forma en que se da en los hechos la generación de energía en el país, el legislador explicó:“En función de la demanda esperada la CFE hace su programa de abasto, la oferta para responder a esa demanda. Entonces dice la núcleo eléctrica Laguna Verde va a dar cuatro por ciento”, luego las hidroeléctricas otro porcentaje en base del pronostico de lluvias de cada año, las termoeléctricas otro tanto, la energía eólica lo mismo y ahí se van. Ya si hace falta un poquito más, se le compra a los generadores privados. Así debería ser.Sin embargo, en los hechos, se le compra el 30 por ciento de la energía a empresas privadas. Y muchas de ellas no producen para autoconsumo, como dicta la ley, sino para vender.
“Se invirtió el orden del abasto. Entonces primero va la oferta que viene de la núcleo eléctrica de Laguna Verde, luego se le asegura la compra a los privados, luego se ve cuanto viene de las termoeléctricas, luego se ver cuanto viene de la energía del viento, y hasta el final, cuanto se toma de las hidroeléctricas”, dijo, al señalar que esos datos son la base de la demanda que presentó López Obrador en 2007.Además, el país no ha crecido lo suficiente para justificar la compra de energía a empresas privadas.
El perredista rechazó que como funcionario a finales de los 70s se haya opuesto a la construcción del dren Samaria-Golfo de México, a como lo pretenden hacer creer los medios al servicio del gobierno, que han emprendido una “embestida feroz” contra él.
Aclaró que en la parte final de los gobiernos federales de Luis Echeverría y José López Portillo no se pudieron destinar los recursos para ello debido a las crisis económicas al término de esos sexenios, además de que se trataba de un proyecto costoso.Comentó que en su momento hubieron reportes de consultoras ecológicas y columnas periodísticas de Manuel Buendía sobre el impacto ambiental negativo que se podría generar.La preocupación ecológica afloró, pero al final la obra no se hizo por la falta de recursos, puntualizó.
“Coincido con la especulación de que le fue mal porque no viene a festinarlo ni a decirlo”, indicó el perredista. Hasta ayer por la tarde, no se conocía alguna postura oficial sobre los resultados del encuentro entre Granier y Cordero.Aseguró que es difícil que al estado se le exente del pari passu, pues de ser así se tendría que beneficiar de esa forma a las demás entidades del país que están afectados por las inundaciones.
En una entrevista radiofónica, el legislador del sol azteca habló de varios temas, entre ellos la falta de transparencia que prevalece en los gobiernos federal y estatal en lo relacionado con las obras del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT).Manifestó que la apertura de canales de alivio para desviar el agua hacia algunas comunidades aledañas a Villahermosa aparte de dañar a mucha gente puede tratarse de un negocio más entre funcionarios federales y estatales con empresarios de la construcción, porque bajo el argumento de que esas acciones eran urgentes, se entregaron sin licitación de por medio.
Tenemos derecho a “sospechar” de que hay actos de corrupción en la asignación y realización de esas obras, dijo.Se refirió también al espigón que se construyó seis kilómetros después de la compuerta El Macayo, obra que le cierra al agua paso al río Carrizal y la desvía al Samaria, lo que profundiza las inundaciones en los municipios de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca.Expresó que ante la falta de transparencia muy pocos ciudadanos tienen conocimiento de la existencia de esa obra. Es más, expuso que en la última comparecencia del titular de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, ante el Senado de la República, éste no supo decir el costo de esa obra ni que compañía la realizó.Lo que sí señaló Luege Tamargo es que una vez que cumpla su función, la obra será destruida. Esto significa, sostuvo Núñez Jiménez, que la inversión es dinero tirado a la basura.
Este “manejo discrecional” de la información es lo que termina propiciando actos de corrupción, añadió.
Sobre la denuncia que presentará el senador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal Ávila, contra el gobierno federal por el mal manejo de las presas hidroeléctricas del Alto Grijalva como responsable de la magnitud de las inundaciones, el perredista expuso que está retomando y actualizando el recurso jurídico que en 2007 presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) Andrés Manuel López Obrador por esa misma causa.
Expresó que pueden haber “conductas delictivas” de los servidores públicos que incurrieron en atribuciones indebidas y omisiones, que en su caso deben de sancionarse.Manifestó que a los funcionarios responsables de que miles de personas estén perdiendo sus vivienda, enseres, cosechas y ganado se les puede aplicar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.Si las inundaciones de muchas comunidades son por negligencia y acciones de los gobiernos como este caso, la gente tiene derecho a reclamar que le reintegren su patrimonio, comentó.Cuestionó que ahora sí el gobierno del estado salga a decir que se indemnizará a las familias, cuando durante el desalojo arbitrario nunca les señalaron nada, dejándolas en la incertidumbre.
Consideró que con las altas participaciones federales que ha recibido, el gobierno del estado ya debió crear un organismo local integrado por expertos en cuestiones hidráulicas, para poder intercambiar puntos de vista y en su caso rebatir decisiones a la Conagua, pues actualmente se hace lo que dicta la dependencia federal.
El gobierno del estado no puede seguir tratando el tema hidráulico con “funcionarios amateurs”, es decir no profesionales ni especializados en la materia, como lo hace actualmente con ingenieros en obras, pero nada más.Manifestó que urge un verdadero plan hídrico que incluya un eficiente manejo del agua y sistemas de riesgo, porque se pasa por dos periodos, el de sequía y el de lluvia, y hay que equilibrar.Un plan de este tipo debe proteger no nada más a Villahermosa, sino a todos los municipios, puesto que no hay tabasqueños de primera y de segunda, insistió.
Anotó que es necesario que Alfredo Elías Ayub sea removido como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de los actos de corrupción en la entrega de contratos en los que se está viendo involucrado el ex director de operaciones de la dependencia, que recibió prebendas como un yate y un auto Ferrari.Núñez Jiménez dijo tener conocimiento que ese funcionario permaneció en la entidad un tiempo durante las inundaciones del 2007, pero aclaró que no le consta que haya incurrido en actos de corrupción aquí.Sobre como se debería dar y la forma en que se da en los hechos la generación de energía en el país, el legislador explicó:“En función de la demanda esperada la CFE hace su programa de abasto, la oferta para responder a esa demanda. Entonces dice la núcleo eléctrica Laguna Verde va a dar cuatro por ciento”, luego las hidroeléctricas otro porcentaje en base del pronostico de lluvias de cada año, las termoeléctricas otro tanto, la energía eólica lo mismo y ahí se van. Ya si hace falta un poquito más, se le compra a los generadores privados. Así debería ser.Sin embargo, en los hechos, se le compra el 30 por ciento de la energía a empresas privadas. Y muchas de ellas no producen para autoconsumo, como dicta la ley, sino para vender.
“Se invirtió el orden del abasto. Entonces primero va la oferta que viene de la núcleo eléctrica de Laguna Verde, luego se le asegura la compra a los privados, luego se ve cuanto viene de las termoeléctricas, luego se ver cuanto viene de la energía del viento, y hasta el final, cuanto se toma de las hidroeléctricas”, dijo, al señalar que esos datos son la base de la demanda que presentó López Obrador en 2007.Además, el país no ha crecido lo suficiente para justificar la compra de energía a empresas privadas.
El perredista rechazó que como funcionario a finales de los 70s se haya opuesto a la construcción del dren Samaria-Golfo de México, a como lo pretenden hacer creer los medios al servicio del gobierno, que han emprendido una “embestida feroz” contra él.
Aclaró que en la parte final de los gobiernos federales de Luis Echeverría y José López Portillo no se pudieron destinar los recursos para ello debido a las crisis económicas al término de esos sexenios, además de que se trataba de un proyecto costoso.Comentó que en su momento hubieron reportes de consultoras ecológicas y columnas periodísticas de Manuel Buendía sobre el impacto ambiental negativo que se podría generar.La preocupación ecológica afloró, pero al final la obra no se hizo por la falta de recursos, puntualizó.
