A partir de este miércoles 25 de febrero, el estado de Tabasco contará con un marco legal robustecido para combatir uno de los delitos que más ha lacerado la tranquilidad de los ciudadanos. Tras su aprobación en el Congreso Local y su publicación oficial, la Ley Antiextorsión se convierte en una realidad operativa.
El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Jesús Manuel Argáez de los Santos, confirmó que la normativa no solo endurece las penas, sino que obliga a una reestructuración institucional y tecnológica para atacar el problema desde su raíz: los centros penitenciarios.
Ejes principales de la Reforma
La nueva legislación no es una simple modificación superficial; contempla cambios estructurales en la procuración de justicia y el control de las cárceles:
- Investigación de Oficio: Con la entrada en vigor de esta ley, el delito de extorsión ahora se perseguirá de oficio. Esto significa que la autoridad tiene la obligación de actuar sin necesidad de que la víctima ratifique una denuncia constante, eliminando así una barrera de impunidad por miedo a represalias.
- Creación de la Fiscalía Especializada: Se reformará la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar paso a la Fiscalía Especializada en Materia del Delito de Extorsión. Este organismo operará con autonomía técnica y profesionalismo para centralizar las investigaciones.
- Fiscalía Anticorrupción: El funcionario adelantó que, bajo este mismo marco de renovación institucional, este año deberá quedar formalmente instalada la Fiscalía Anticorrupción en la entidad.
Tecnología en los Penales: El fin de las llamadas desde el interior
Uno de los puntos más críticos de la ley es la instalación obligatoria de inhibidores de señal (jammers) en todos los centros de reclusión del estado.
- Plazo de ejecución: Las autoridades tienen un máximo de 180 días hábiles para que los equipos estén totalmente funcionales.
- Contexto de seguridad: Esta medida responde a la alta incidencia de llamadas extorsivas originadas en los penales. Recientemente, operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Serafín Tadeo Lazcano, resultaron en el decomiso de más de 400 teléfonos celulares, principalmente en las cárceles de Cárdenas y Huimanguillo.
Desde el 25 de febrero, la extorsión en Tabasco se investigará de oficio y los penales deberán bloquear señal celular en 180 días hábiles.
"Se publica hoy y debe entrar en función a partir de mañana. Se regula que debe haber dispositivos de inhibición en todos los centros de reclusión del estado", enfatizó Argáez de los Santos.
Homologación y Financiamiento
Aunque ya existía una base legal a nivel federal, Tabasco ha realizado los ajustes necesarios para homologar su legislación, adaptándola a la realidad local. Respecto a la inversión económica necesaria para los bloqueadores de señal, el Consejero Jurídico señaló que el monto final será detallado por las autoridades correspondientes tras realizar el recuento técnico de las necesidades de cada centro.
