En su momento no solo no denunció lo que estaba pasando, sostuvo Javier Torres Sánchez, sino que solapó a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad convirtiéndose en su cómplice.
Seguramente en este momento el Gobernador decidió retirarse del (CTOOPHR) para presionar a la federación con el fin de que le envíe los recursos que tanto está pidiendo, porque el gobierno de Felipe Calderón prácticamente ha hecho “oídos sordos” a su planteamiento.
Además de que la postura del Gobernador ha sido tardía, creo que no es por la vía de la presión mediática sino por las jurisdiccionales por las que se tienen que deslindar responsabilidades, dijo el representante de Metab.
Cabe mencionar que un diputado del Partido del Trabajo (Ricardo Monreal) vino a Tabasco e invitó al Gobernador a sumarse a la denuncia penal que interpuso, peor en lugar de respaldarlo, enviando, “las huestes” no solo se mofaron de él sino que lo agredieron en la entrada de la Quinta Grijalva.
Eso significa que hubo condiciones para en cierto momento hacer ese tipo de cuestionamientos a la CFE y Conagua y no después de las terribles afectaciones a las comunidades que prácticamente tiene colapsadas sus economías, comentó.
Pero no solo eso, sino que resulta totalmente incongruente que los funcionarios del gobierno del estado que acompañaron a los de Conagua a abrir las 8 “ventanas de alivio”, como el químico Leonardo García de la Dirección de Concertación Política, que fue quien, el 28 de agosto, ordenó reprimir a los habitantes del Tintillo en puntos como El Zapote y El Bejucal, ahora estén azuzando a los afectados.
Otro de ellos fue el Subdirector de Instituciones Políticas y Sociales de la Secretaria de Gobierno, Manuel Rodríguez, quien el encargado de convencer a los habitantes de Acachapan y Colmena tercera, a los que mintió, para que salieran de sus casas y que ahora vemos declarando que está bien que los ciudadanos se manifiesten.
Esos dos funcionarios del gobierno del estado y otros iban siempre de avanzada en las comunidades en donde se abrieron los canales, para, sino a convencer a reprimir a compañeros.
Cómo entonces creer en el doble discurso del gobierno, cuestionó Torres Sánchez, los ciudadanos no somos ingenuos, sabemos de qué se trata, estamos conscientes de que no les interesa la seguridad de Tabasco, ni la gente, menos los campesinos, ellos más bien trabajan para sus intereses.
Si el Gobernador y sus funcionarios, en realidad quisieran orientar a los afectados, les aconsejarían que acudan a las vías jurisdiccionales.
El Gobierno mismo tendría que optar por esa vía, tiene todos los elementos, dispone de un área jurídica para hacerlo, en lugar de tratar de confundir a la opinión pública, pero no lo hace porque también es responsable y trata de evadir esa responsabilidad, afirmó.
Hay que recordar que el gobierno del estado es coadyuvante en el Plan Hídrico Integral y que el 18 de agosto del 2008 firmaron un acuerdo de colaboración.
Ese acuerdo está rubricado entre otros funcionarios locales, por Andrés Granier Melo y el Secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal, la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental, Silvia Whízar Lugo, el Secretario de Obras Públicas, Sergio Peralta, además de los titulares nacional y estatal de Conagua.
Eso los hace corresponsables, abundó.
Si el gobierno del estado realmente quisiera hacer bien las cosas, ganar credibilidad de los ciudadanos, que promueva las demandas correspondientes ante los órganos jurisdiccionales competentes y no tratar de presionar a través de los medios de comunicación, que a final de cuentas hacen su trabajo al difundir. Pero esas acciones no pasan de eso y si confunden y levantan una cortina de humo a los problemas específicos de las comunidades afectadas, en donde el campo se encuentra colapsado y sus habitantes han entrado a una grave situación de pobreza y marginación de la cual no se recuperarán en mucho tiempo.Para que esos campesinos -los de la zona del Tintillo y los Aztlanes- vuelvan a cosechar un racimo de plátano, ejemplificó, tendrán que esperar siete meses, aparte de los tres que llevan inundados, eso si durante ese lapso no los vuelven a inundar, porque el problema de las inundaciones para ellos es ya cíclico. Lo que tiene que hacer el gobierno del estado es exigir la aplicación real del Plan Hídrico Integral y realizar los estudios necesarios para medir los impactos en las comunidades y no hacer toda esa simulación, agregó.
