Tribunal resuelve como imposible crear una Comisión de la Verdad
Ciudad de México, 18 jul 2018.- Sin mayores detalles, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito resolvió que es imposible crear una Comisión de la Verdad para investigar el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordenó la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”, indica el acuerdo.
También la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso para atraer el caso y revisar las razones contra la formación de la Comisión de la Verdad.
REPRUEBAN RESOLUCIÓN CASO AYOTZINAPA; LA CORTE PUEDE CORREGIRLA, DICEN O’NGS
Organizaciones que representan a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron la resolución del magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, al considerar que “sucumbió” ante la presión del gobierno de Enrique Peña Nieto. En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), así como el Centro de Análisis e Investigación Fundar, lamentaron la determinación del magistrado dirigida a combatir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito Judicial, ambos con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para crear un “mecanismo extraordinario” para el caso que ha marcado el sexenio de Peña Nieto.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”, resaltaron, tras destacar que, desde la Presidencia de la República y su Consejería Jurídica, así como diversas secretarías y dependencias federales, incluso, el Poder Legislativo, presentaron un centenar de escritos contra la sentencia garantista. Las organizaciones recordaron que las secretarías que se inconformaron fueron las de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Salud, Defensa Nacional y Marina, así como la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Federal y la Cámara de Diputados. “Lamentablemente, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito sucumbió a esta inusitada presión del gobierno federal y, aunque su resolución no se ha notificado a las víctimas, su acuerdo indica que estimó que el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado es imposible”, señalaron los defensores de las familias de las víctimas. Sin embargo, resaltaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad de corregir la determinación del magistrado Pérez García, toda vez que a la Primera Sala le corresponderá pronunciarse al respecto.
Familiares de las 43 víctimas y sus representantes consideraron que la resolución judicial del magistrado Pérez García “lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado”. Para familiares y organizaciones, el acuerdo publicado este miércoles “muestra que aún tenemos en México un Poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”.
