Urdimbres y texturas

En estos días se reflexiona respecto a cómo se ejerce el marco jurídico en nuestro país, y el compromiso que asumen los funcionarios públicos en el contexto de su trabajo y servicio. El escándalo fue destapado por la manera tan deseada como despidieron a Santiago Nieto de la fiscalía para delitos electorales. Nieto fue cesado por “violentar la secrecía” en las investigaciones de la empresa Odebrecht. Un asunto que deberá resolver el Senado. Pero al mismo tiempo se conocieron más detalles sobre los recursos otorgados por la citada empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya, en plena campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, incluso una reunión del ahora presidente con ejecutivos de la firma ahora investigada por haber operado una red de corrupción. 
    La situación de Santiago Nieto, funcionario federal,  no sólo pone en perspectiva  jurídica cómo estamos en materia de justicia, sino que nos permite visualizar lo que sucede cuando alguien se enfrenta al poder. La traición, escribió Nicolás Maquiavelo, es el único acto que no se justifica; aunque en este caso quieren señalarlo como un acto de alta traición, en realidad, se trataba de poner en relieve lo que con frecuencia sucede: cómo se las apaña el poder para callar trampas, acuerdos, negocios que en nada benefician al Estado y a los ciudadanos. 
    Nicolás Maquivelo, escritor y estudioso del  poder,  también escribió que “los celos, la avidez, la crueldad, la envidia, el despotismo, son explicables y hasta pueden ser perdonados, según las circunstancias; los traidores, en cambio, son los únicos seres que merecen siempre las torturas del infierno político, sin  nada que pueda excusarlos”.  Pues, la traición a la patria, o incluso la traición política daña a un grupo político, un ejército, incluso a una nación completa. Traiciones existen a nivel político en cualquier instituto político estructurado, desde las entrañas del grupo se fragua, con el tiempo, por intereses, por impulso, por obedecer a las circunstancias que el contexto plantea.
    En Tabasco las circunstancias sociales y económicas, en los últimos treinta años propiciaron traiciones al Estado, a la ciudadanía, a las comunidades a las personas. Se fraguaron pactos,  surgieron familias políticas, se consolidaron castas; todos con la búsqueda del beneficio para los grupos que se formaron. Jamás se pensó en el beneficio social –o bueno, muy poco-, sino cómo cada vez era posible drenar el presupuesto para hacer crecer a la sombra de los procesos jurídicos no tan claros, los entramados acuerdos que han atado conciencias, procesos y personas. Pero regresemos al caso de Santiago Nieto y su indiscreción. ¿Quién podía ejercer un dictamen correcto? Un proceso entrampado por corruptos, por irregularidades en el proceso mismo. ¿Es posible que  exista un órgano que permita en el marco de la ética tomar las decisiones correctas? Ya en el pasado se han cometido errores jurídicos tremendamente bochornosos. La lista es innumerable, pero cuando se presenta el caso de un fiscal que pretende ser coherente con su papel profesional y de ejercicio ético, marcarlo, señalarlo, e incluso destituirlo se convierte en una persecución implacable.  Claro, hay otros casos en los que la aplicación de la norma –Constitución, leyes secundarias, estatutos de partido-, resulta incuestionable e indispensable. Pensemos en lo que ahora sucede en el PRD, tanto a nivel nacional como estatal: hay una resolución del Tribunal Electoral que debe cumplirse; los dirigentes que ya concluyeron su mandato deben irse. Sólo el respeto a la ley, en buena ley, permite evitar la confrontación y los conflictos.