Urgente atender juicios familiares: Sergio Antonio
También los procedimientos no contenciosos, conciliaciones y ejecutar sentencias
Vhsa. Tab., 18 jun 2020.- “Es paradójico haber paralizado totalmente dos meses las tareas judiciales del fuero común y reiniciarlas parciamente cuando estamos en el pico de la pandemia, a como lo es que sólo reciban demandas de pensión alimenticia cuando todos los asuntos familiares, particularmente donde hay menores, son urgentes y de orden público; los magistrados y consejeros deben enmendar sus acuerdos” consideró el abogado Sergio Antonio Reyes Ramos.
Los juicios de patria potestad, guarda y custodia, convivencia, divorcio y los sucesorios, son tan importantes como los de alimentos, inclusive pueden estar vinculados; y el respeto al derecho de petición que vulneran los jueces al no admitir las promociones y demandas de los usuarios, sin más sustento que siete “acuerdos conjuntos”, de los que solo dos han sido publicados en el Periódico Oficial, que son medidas discrecionales, arbitrarias: “que no corran los términos procesales no es impedimento para no recibir promociones o solicitudes en la Presidencia del TSJ”.
“Y en los juzgados civiles, es un caos. Sólo dan trámite a juicios citados para sentencia, los menos, y aunque te notifican no reciben promociones, cuando muy bien podrían desahogar procedimientos no contenciosos y ejecutar sentencias”. Faltó previsión y oportunidad en el poder judicial para enfrentar los efectos del covid 19, señala, pues desde febrero tuvieron tiempo suficiente para diseñar las estrategias y protocolos aplicables.
“El TSJ está inmerso entre la nueva normalidad decretada y/o la espiral del rezago: el próximo 15 de julio hay vacaciones obligatorias para todo el personal y el octubre se integraran los tribunales laborales que absorberán personal calificado pues serán mejor pagados; pero en vez de implementar la contratación eventual de actuarios y secretarios, y habilitar áreas de trabajo con sana distancia, han preferido trabajar al 10% de su capacidad y con un saldo menor en expedientes atendidos.”
El también integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños dijo que deben reconsiderarse las restricciones impuestas por el TSJ al derecho humano de acceso a la justicia y al trabajo, pues “ninguno de los derechos humanos contenidos en la Constitución ha sido suspendido”; por el contrario, hay que garantizar el ejercicio de todos, aun en medio de la pandemia y que todas las determinaciones del poder judicial deben tener fundamento legal y acatar el requisito de publicación previa; de no hacerlo “seguirán interponiéndose amparos ya no por medidas de protección sino contra las indebidas restricciones al acceso a la justicia”.
Consideró que aun cuando desde el 18 de junio pasado se advirtió (en la Verdad del Sureste) que los juzgados serian foco de contagio, se desestimó la cuestión y hoy sabemos de actuarios, secretarios, proyectistas, que han sido contagiados externamente o en sus centros de trabajo: “En teoría, los juzgados se sanitizan diariamente y tienen filtros sanitarios a cargo de personal médico, pero en la realidad no es así”.
Los juicios de patria potestad, guarda y custodia, convivencia, divorcio y los sucesorios, son tan importantes como los de alimentos, inclusive pueden estar vinculados; y el respeto al derecho de petición que vulneran los jueces al no admitir las promociones y demandas de los usuarios, sin más sustento que siete “acuerdos conjuntos”, de los que solo dos han sido publicados en el Periódico Oficial, que son medidas discrecionales, arbitrarias: “que no corran los términos procesales no es impedimento para no recibir promociones o solicitudes en la Presidencia del TSJ”.
“Y en los juzgados civiles, es un caos. Sólo dan trámite a juicios citados para sentencia, los menos, y aunque te notifican no reciben promociones, cuando muy bien podrían desahogar procedimientos no contenciosos y ejecutar sentencias”. Faltó previsión y oportunidad en el poder judicial para enfrentar los efectos del covid 19, señala, pues desde febrero tuvieron tiempo suficiente para diseñar las estrategias y protocolos aplicables.
“El TSJ está inmerso entre la nueva normalidad decretada y/o la espiral del rezago: el próximo 15 de julio hay vacaciones obligatorias para todo el personal y el octubre se integraran los tribunales laborales que absorberán personal calificado pues serán mejor pagados; pero en vez de implementar la contratación eventual de actuarios y secretarios, y habilitar áreas de trabajo con sana distancia, han preferido trabajar al 10% de su capacidad y con un saldo menor en expedientes atendidos.”
El también integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños dijo que deben reconsiderarse las restricciones impuestas por el TSJ al derecho humano de acceso a la justicia y al trabajo, pues “ninguno de los derechos humanos contenidos en la Constitución ha sido suspendido”; por el contrario, hay que garantizar el ejercicio de todos, aun en medio de la pandemia y que todas las determinaciones del poder judicial deben tener fundamento legal y acatar el requisito de publicación previa; de no hacerlo “seguirán interponiéndose amparos ya no por medidas de protección sino contra las indebidas restricciones al acceso a la justicia”.
Consideró que aun cuando desde el 18 de junio pasado se advirtió (en la Verdad del Sureste) que los juzgados serian foco de contagio, se desestimó la cuestión y hoy sabemos de actuarios, secretarios, proyectistas, que han sido contagiados externamente o en sus centros de trabajo: “En teoría, los juzgados se sanitizan diariamente y tienen filtros sanitarios a cargo de personal médico, pero en la realidad no es así”.
