Martínez Pérez enumeró una serie de irregularidades que no se tomaron en cuenta a la hora de calificar la cuenta pública de Granier. (Foto: Joel Arias)
VILLAHERMOSA, TABASCO, 26 DE OCTUBRE DE 2010.- El contralor estatal, Roger Pérez Evoli, no comparecerá de manera urgente ante el Congreso, luego que la mayoría del PRI impidió que se aprobara un exhorto presentado por el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Juan José Martínez Pérez, para que “informe” a la legislatura sobre “los mecanismos que utilizará para fiscalizar los asuntos pendientes de solventar de la cuenta pública 2009, del Poder Ejecutivo”.
El PRI utilizó su mayoría y contó con el respaldo de sus aliados para frenar esa exigencia planteada por el perredista.
Aseveró que en la cuenta del gobernador Andrés Granier Melo quedaron pendientes y sin solventar una serie de observaciones y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) reportó que sólo se “solventaron algunas” de ellas.
Martínez Pérez enumeró una serie de irregularidades que no se tomaron en cuenta a la hora de calificar la cuenta pública de Granier, y entre las más “impactantes” mencionó las que se encontraron en las obras realizadas por la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas (SAOP) que dirige Héctor López Peralta.
Entre ellas, “la mala programación en el pago de las estimaciones de acuerdo a cortes programáticos, hizo falta documentación idónea y contundente que sirviera como soporte para justificar el gasto por determinadas cantidades empleadas en la elaboración de planos, memorias, así proyectos eléctricos”.
Se observó, además, el desfase en las fechas de inicio y de término de los contratos, y a pesar de ello no se aplicó ninguna sanción.
Tampoco hubo resarcimiento del daño patrimonial causado porque hay la conciencia que a más tiempo de retraso más presupuesto utilizado, expuso Martínez Pérez y dijo que aunque el OSFE conocía de estas anomalías “únicamente hicieron ver la falta” y aplicó “mínimas sanciones” para justificar el acto.
Se calificaron cuatro obras que no debieron haber sido consideradas para este año por estar inconclusas.
Otras irregularidades fueron los gastos excesivos y sin autorización que se hicieron en el Instituto Superior de Centla donde “tiraron la casa por la ventana en (la) navidad” del 2009.
“Se realizaron compras y regalos para obsequiar al personal administrativo y docente sin soporte documental, pues no hay un documento que avale y autorice ese gasto, simplemente se gastó el dinero con lo que se afectó el presupuesto del año pasado, dándose el gran lujo, aunque no haya mejoras en el pueblo que carece de muchas necesidades”, dijo.
También sacó a relucir los gastos excesivos en los que incurrió el coordinador de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Máximo Moscoso Pintado, quien regaló 215 agendas personalizadas a líderes religiosos, sin justificación documental alguna.
Lo mismo que las anomalías encontradas en la remodelación del teatro “Esperanza Iris”, que se hizo a destiempo y no hubo seguimiento de la obra, ni presupuestal ni programático; las comprobaciones que hizo fuera de tiempo, además del viaje de placer a Cuba que el IEAT pagó a personas ajenas a la institución con el argumento de que iban a un congreso.
Martínez Pérez aseguró que es “vergonzoso” que el contralor se haya hecho “de la vista gorda” y pregone en los medios de comunicación que los recursos públicos en el gobierno granierista se manejaron con transparencia.
Eso no es cierto y por esa razón miente el funcionario estatal, dijo el legislador del PRD, e indicó que con las irregularidades que presentan las obras, y que además no fueron solventadas las observaciones, “se pueden comprobar con hechos” lo que está afirmando.
Por ello, expuso, las cuentas públicas no sólo deben ser un asunto legal, sino que deben tener una connotación social, un sentido ético, y expresó que, por ley, el contralor estatal tiene la obligación de fiscalizar los asuntos no solventados.
El PRI utilizó su mayoría y contó con el respaldo de sus aliados para frenar esa exigencia planteada por el perredista.
Aseveró que en la cuenta del gobernador Andrés Granier Melo quedaron pendientes y sin solventar una serie de observaciones y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) reportó que sólo se “solventaron algunas” de ellas.
Martínez Pérez enumeró una serie de irregularidades que no se tomaron en cuenta a la hora de calificar la cuenta pública de Granier, y entre las más “impactantes” mencionó las que se encontraron en las obras realizadas por la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas (SAOP) que dirige Héctor López Peralta.
Entre ellas, “la mala programación en el pago de las estimaciones de acuerdo a cortes programáticos, hizo falta documentación idónea y contundente que sirviera como soporte para justificar el gasto por determinadas cantidades empleadas en la elaboración de planos, memorias, así proyectos eléctricos”.
Se observó, además, el desfase en las fechas de inicio y de término de los contratos, y a pesar de ello no se aplicó ninguna sanción.
Tampoco hubo resarcimiento del daño patrimonial causado porque hay la conciencia que a más tiempo de retraso más presupuesto utilizado, expuso Martínez Pérez y dijo que aunque el OSFE conocía de estas anomalías “únicamente hicieron ver la falta” y aplicó “mínimas sanciones” para justificar el acto.
Se calificaron cuatro obras que no debieron haber sido consideradas para este año por estar inconclusas.
Otras irregularidades fueron los gastos excesivos y sin autorización que se hicieron en el Instituto Superior de Centla donde “tiraron la casa por la ventana en (la) navidad” del 2009.
“Se realizaron compras y regalos para obsequiar al personal administrativo y docente sin soporte documental, pues no hay un documento que avale y autorice ese gasto, simplemente se gastó el dinero con lo que se afectó el presupuesto del año pasado, dándose el gran lujo, aunque no haya mejoras en el pueblo que carece de muchas necesidades”, dijo.
También sacó a relucir los gastos excesivos en los que incurrió el coordinador de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Máximo Moscoso Pintado, quien regaló 215 agendas personalizadas a líderes religiosos, sin justificación documental alguna.
Lo mismo que las anomalías encontradas en la remodelación del teatro “Esperanza Iris”, que se hizo a destiempo y no hubo seguimiento de la obra, ni presupuestal ni programático; las comprobaciones que hizo fuera de tiempo, además del viaje de placer a Cuba que el IEAT pagó a personas ajenas a la institución con el argumento de que iban a un congreso.
Martínez Pérez aseguró que es “vergonzoso” que el contralor se haya hecho “de la vista gorda” y pregone en los medios de comunicación que los recursos públicos en el gobierno granierista se manejaron con transparencia.
Eso no es cierto y por esa razón miente el funcionario estatal, dijo el legislador del PRD, e indicó que con las irregularidades que presentan las obras, y que además no fueron solventadas las observaciones, “se pueden comprobar con hechos” lo que está afirmando.
Por ello, expuso, las cuentas públicas no sólo deben ser un asunto legal, sino que deben tener una connotación social, un sentido ético, y expresó que, por ley, el contralor estatal tiene la obligación de fiscalizar los asuntos no solventados.
