Uso de machete, única salida para indígenas

México, DF. “Si con la reforma energética se le cierran a los pueblos indígenas y campesinos los cauces legales para defender su tierra y recursos naturales no les van a quedar más que el machete y las piedras”, aseveró Juan Carlos Flores, del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTAMPT), organización que aglutina a los pueblos de dichos estados opositores a la construcción de una termoeléctrica en Huexca, Morelos, y un gasoducto que cruza las tres entidades.
    Informó que continúa la resistencia a la construcción de la citada infraestructura por parte de indígenas y campesinos porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desestimó los riesgos que científicos, técnicos y los propios habitantes de la zona advirtieron que hay por la cercanía del volcán Popocatépetl, que está en erupción, lo que hace que se conviertan en una “bomba de tiempo”.
    Sin embargo, la CFE, con el apoyo de la fuerza pública enviada por el gobierno de Morelos, lleva más de 80 por ciento de avance en la construcción de la termoeléctrica Centro I en Huexca, pero no han empezado la construcción del gasoducto por la resistencia de la gente. Incluso el responsable del Jurídico de CFE, Demetrio Miguel Castillo Coronel “nos dijo que la empresa Abengoa demandó a la CFE por 26 millones de pesos por el retraso de la obra”, afirmó.
    Flores Solís advirtió que con el artículo 8o. transitorio de la reforma energética “vemos que lo que está pasando con el gasoducto y la termo va a pasar en todo el país, al legalizar el despojo para beneficio de las trasnacionales y no dejar puertas abiertas dentro del supuesto Estado de Derecho para que los campesinos y pueblos originarios se defiendan, equivale a una guerra de despojo, destrucción y exterminio que provocará mucho derramamiento de sangre lamentablemente, pues incluso las instancias internacionales han perdido fuerza ante la imposición del supuesto Estado Mexicano. Con esta reforma y sus reformas anexas, previas y posteriores, han roto la línea delgada de justicia y legalidad que los gobiernos acostumbraban tener para contener el descontento social”.
    De cualquier manera, incluso con las reformas, “las empresas y gobierno no la tienen fácil porque sus inversiones y megaproyectos energéticos se basan en créditos, corrupción y especulaciones y la resistencia de los pueblos les está costando millones de dólares que no tenían planeados; en algunos casos, con licitación, contratos y todo, habrá varias empresas que se tendrán que ir porque el capital no soporta el retardo, como sucedió con Mareña Renovables, en Oaxaca; Abengoa, en Zimapan, y como puede suceder con Elecnor y Enagas con el gasoducto”, enfatizó Flores.
    Recordó la denuncia que durante la discusión de la reforma energética en el Senado hizo el senador Benjamín Robles Montoya, al advertir que además de que en el artículo transitorio 8°, se establece que “derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica... se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas”, se circuló en la Cámara Alta un proyecto de dictamen por el que se proponen reformas a diversa disposiciones de la Ley de Expropiación, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley Agraria y de la Ley de Amparo. En dichas reformas “de manera primordial (se) prevé incluir como causal de utilidad pública para fines de expropiación ni más ni menos que la realización de obras y proyectos de infraestructura vinculados a las áreas estratégicas y prioritarias a que se refieren los Artículos 27 y 28 Constitucionales”.
    Pero no sólo eso, señaló Robles Montoya, “sino que además plantea que para acreditar la utilidad pública, imagínense, no se precisa de un dictamen técnico, sino que únicamente basta con que los diputados hayan contemplado el proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación”. Lo peor de todo, añadió el legislador, “es que cuando el objeto de la expropiación sea un bien comunal o ejidal, y los afectados recurran al juicio de amparo, no se concederá la suspensión del acto reclamado. Esto es que se podrá consumar el acto reclamado de manera irremediable, y por lo tanto, la única opción que le quedará a los ejidatarios será acogerse a una indemnización determinada por una Institución de Crédito, dejándolos así en completo estado de indefensión”.
    Ante este panorama, es fácil prever que se va a incrementar el grado de represión y la saña contra los luchadores sociales, indicó Flores Solís, quien citó como ejemplo que en septiembre, durante una reunión de la Red Nacional de Resistencia Civil por las altas tarifas eléctricas, se le solicitó a la CFE la cancelación de denuncias penales contra integrantes de la red y el Jurídico les respondió que sí, “pero no a Bettina Cruz (de los opositores a los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca), ni a los opositores a la termoeléctrica”, es decir, el propio Flores, Samir Amín y Jaime Domínguez, contra quienes hay órdenes de aprehensión.
    Hay que calcular lo que viene nada más tomando en cuenta que hay 5 mil kilómetros de ductos instalados y el gobierno plantea que deben llegar a 15 mil kilómetros, además de que contemplan la construcción de más termoeléctricas. Mencionó Flores Solís que además, en el caso de amparos que han interpuesto a nivel individual en esta lucha “ha habido triquiñuelas por parte de jueces federales de Morelos que les ocultan lo que ocurre durante el proceso de forma que no puedan cumplir con los plazos legales o lo que pasa en la Procuraduría Agraria, que actúa encubriendo a la CFE y negociando en sus oficinas para convencer a los campesinos de permitir la construcción del gasoducto en sus tierras”.