Villahermosa, Tabasco, a 8 de junio de 2020
Sen. Mónica Hernández Balboa.
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez
Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez
Dip. Laura Patricia Ávalos Magaña
Dip. Teresa Burelo Cortazar
Dip. Gregorio Efraín Espadas Méndez
Dip. Estela Núñez Álvarez
Dip. Ediltrudis Rodríguez Arellano
Dip. Manuel Rodríguez González
Dip. Soraya Pérez Munguía
Dip. Ricardo de la Peña Marshall
En unos días empezará el análisis y discusión de la nueva Ley General de Aguas en el Congreso de la Unión, por eso hacemos un respetuoso y atento llamado a nuestros representantes en ese poder Legislativo.
Como ustedes sabrán, desde el año 2015 existe una serie de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco (CEDHT) a raíz de la presencia de metales pesados en el agua que se distribuye en algunas comunidades del municipio de Centro.
A pesar de que las recomendaciones fueron dirigidas a la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento dependientes del gobierno del estado, así como al Sistema de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento de Centro, estas recomendaciones están en proceso de cumplimiento a casi cinco años de haberse emitido. Es decir, en Tabasco no hay un mecanismo eficiente que permita garantizar a los habitantes su derecho humano al agua.
Por otro lado, aunque el Ayuntamiento de Centro opera 19 plantas potabilizadoras de agua, sólo dos funcionan de forma eficiente, 16 tienen deficiencias y una de plano se reporta con fallas constantes; la ubicada en la R/a. Aztlán 3ra. Sección, llamada Aztlan 3ra, se reporta en constante falla debido a la variación de voltaje por parte de la CFE.
Asimismo, de las 20 plantas potabilizadoras a cargo del CEAS en Tabasco, una no funciona desde el año 2017, es la planta Santa Anita, del municipio de Centla. Sin embargo esta misma sigue reportándose por la Conagua en funciones, mientras que los habitantes de esas comunidades deben resolver con sus propios medios la forma de hacer llegar el agua a sus domicilios.
Esta situación no es exclusiva de Centla, datos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal muestran que en Tabasco viven 311 mil personas que no cuentan con servicio de agua en sus hogares, donde el municipio de Centro reporta la mayor población sin el vital liquido con 77 mil personas.
De las 75 plantas de tratamiento de aguas residuales que tiene a su cargo la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del estado de Tabasco, sólo 52 se reportan en buenas condiciones.
En medio de una pandemia, falta de agua y una situación critica de estiaje, sigue latente el interés del presidente municipal de la capital del estado en privatizar el servicio de agua potable, lo cual se empeora con la invitación que ha realizado el gobernador del estado para establecerse a una empresa cervecera que en el norte del país, por decisión popular detuvo sus acciones; lo que nos parece preocupante ante la falta de estudios técnicos que sustenten el impacto que pueda tener en Tabasco dicho ofrecimiento.
Con esto queremos decirle que Tabasco y México en general requiere de una ley que garantice el derecho humano al agua y a su tratamiento, tanto en la ciudad como en el campo.
Por ello resulta importante la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones concernientes al manejo y destino final del agua en nuestras regiones, con la suficiente información que se requiere, haciendo énfasis en que el agua es un derecho humano ,no una mercancía, así como que este derecho ampara a los mexicanos del campo y las ciudades.
Confiamos que ustedes refrendaran y defenderán el mandato popular que se les otorgo.
Como organizaciones civiles estaremos atentos al proceso legislativo para asegurarnos que la palabra empeñada al pueblo se cumpla.
Atentamente
Olmeca Digital, S.C.
Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C.
Colectivo Corazón de Piedra Verde
Asociación Ecológica Santo Tomás A.C.