Nuestro Derecho a la Paz…
De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3 que a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. De aquí se desprende nuestro derecho a vivir en paz.
Por esta razón, los Estados miembros de la Organización Naciones unidas (onu) desde el año 2015, adoptaron los 17 objetivos de Desarrollo Sustentable porque consideraron que no es posible hacer de éste un mundo pacífico si no se toman las medidas pertinentes para lograr el desarrollo social y económico de todas las personas del mundo y garantizar la protección de sus derechos. Los Objetivos Sostenibles abarcan una amplia variedad de materias, entre las que se incluyen: pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medioambiente y justicia social.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, bajo el título “Paz, justicia e instituciones sólidas”, realiza un llamamiento a las sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible a la vez que facilitan el acceso de todas las personas a la justicia y crean instituciones efectivas, responsables e inclusivas a todos los niveles. Una sociedad pacífica es aquella en la que la justicia y la igualdad están al alcance de todos. Un medioambiente sostenible podrá tomar forma gracias a la paz y, éste, a su vez, ayudará a que esta se potencie.(1)
Partiendo de estos derechos reconocidos internacionalmente, vale la pena analizar nuestra realidad y hacer varios cuestionamientos:
¿Qué significa para nosotros los ciudadanos vivir en paz?
¿Cuál es la responsabilidad que nuestro gobierno tiene que asumir para garantizar la protección de nuestros derechos a una vida digna, que garantice a hombres y mujeres la igualdad y la justicia social?
¿Qué políticas públicas se están implementando para alcanzar el desarrollo sostenible y tener instituciones efectivas?
Lamentablemente, con el actual gobierno en nuestro estado, esos ideales por los que la ONU propone que los Estados partes asuman estos objetivos se muy alejado de la realidad.
Vivimos en un estado sumergido en la pobreza, ocupando los primeros lugares a nivel nacional en la tasa de desempleo, (7%) en los últimos tres años. Un estado en el que la inseguridad ha ido en aumento sin que la autoridad haya tenido la capacidad de proponer acciones verdaderamente efectivas en el combate a esta problemática. El sector salud en total abandono, donde las quejas constantes de los usuarios ha sido la falta de medicamentos, la falta de atención y, por supuesto, la falta de inversión en infraestructura que mejore las condiciones de prestar dichos servicios.
Las quejas y plantones constantes de los padres de familias por no tener los suficientes maestros para la educación de sus hijos e hijas. A todo esto, sumamos la exigencia por pagos de salarios atrasados de burócratas y pensionados de distintas dependencias, como la propia Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado, etc.
Ante este panorama, nos preguntamos ¿Dónde queda nuestro derecho a vivir en paz, a la igualdad y a la justicia social?
La paz es fruto de la justicia
Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.
