Hay una pregunta que casi nunca aparece cuando arrancan las campañas, y conviene hacerla en voz alta: ¿quién termina el trabajo que dejan los que se van a buscar otro cargo?
Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde ya mueven sus piezas rumbo a las gubernaturas que se renovarán en 2027. Ordenan aspiraciones, evitan rupturas, fijan reglas internas y buscan llegar con candidaturas competitivas. Hasta ahí, nada ilegal y nada extraordinario. Así funciona la política.
El detalle está en otro lado. ¿Qué le pasa al gobierno cuando alguien acepta una responsabilidad pública y la suelta antes de concluirla para perseguir la siguiente?
Un secretario, un integrante de gabinete, un alcalde, un diputado o un senador no ocupa nada más una silla. Carga con una encomienda concreta. Administra recursos que no son suyos, representa a gente que confió en él, coordina equipos, empuja programas y responde por decisiones que tocan la vida diaria de cualquiera. Por eso, cuando deja el cargo a media tarea para competir por otro, la conversación no debería reducirse a si tiene derecho a aspirar. Claro que lo tiene. La pregunta de fondo es otra: ¿qué deja atrás y con qué resultados?
Cada relevo cuesta. Llegan nuevas prioridades, otro estilo de mando, otros equipos de confianza, otros canales de decisión. Aunque el sucesor venga de la misma casa, tomar de verdad las riendas de una dependencia, en lo político, lo técnico y lo presupuestal, lleva tiempo. Y cuando el cambio toca un área sensible, el costo se ve más rápido. Hablamos de seguridad, salud, finanzas, obra pública, educación o la relación con los municipios. Ahí una transición mal cuidada retrasa decisiones, afloja el seguimiento y deja pendientes sin dueño.
Ese es el punto, y no es menor: no se trata de prohibir aspiraciones, sino de pedir cuentas antes de premiarlas.
En algunas entidades ya se habla de salidas importantes dentro de los gabinetes rumbo al 2027. Si esos movimientos se concretan, varios gobiernos tendrán que rearmar equipos antes de haber consolidado siquiera sus primeras políticas. No hace falta señalar nombres. El problema no es una persona; es la costumbre.
Cuando una administración apenas estrenada tiene que reemplazar a varios funcionarios porque se fueron a buscar candidatura, la duda ciudadana se cae de madura: ¿aceptaron el cargo para cumplir o para hacer tiempo hasta la próxima elección?
Con los legisladores pasa igual. Diputados y senadores fueron electos para representar durante un periodo. Si hoy piden licencia para ir por una gubernatura, no alcanza con decir que la ley lo permite. Cualquiera tiene derecho a preguntar qué entregaron antes de marcharse. ¿Cuántas iniciativas sacaron adelante? ¿Qué compromisos cumplieron? ¿Qué dejaron a medias? ¿Por qué habríamos de confiarles algo más grande si no cerraron con claridad lo que ya tenían en las manos?
Aquí está lo que a usted le toca: cuando un servidor público abandona una encomienda antes de terminarla, el ciudadano tiene todo el derecho de evaluar esa decisión. Pero evaluar no es opinar al aire. Cumplir una responsabilidad pública debería poder medirse con cosas concretas, no con simpatías. ¿Alcanzó las metas de su plan de gobierno? ¿Ejerció el presupuesto con orden y dejó programas con avances que cualquiera pueda verificar? ¿Atendió sus comparecencias, presentó iniciativas que de verdad caminaron, salió de auditorías sin observaciones graves y entregó una transición ordenada? Ese, y no la foto de campaña, tendría que ser el filtro.
Y ojo, no se trata de castigar toda aspiración. Se trata de mirar el comportamiento público con calma. Si alguien cumplió, dejó resultados, cerró pendientes y se aseguró de una transición responsable, que defienda su decisión frente a los electores con la frente en alto. Pero si usó el cargo como trampolín, dejó tareas inconclusas o lo abandonó apenas asomó algo mejor, eso también pesa a la hora de votar.
El próximo año el ciudadano tendrá una herramienta sencilla y poderosa: el voto. Y ese voto no solo elige gobernadores. También aprueba o reprueba maneras de hacer política. Sirve para decir si aceptamos que los cargos se usen como estaciones de paso o si exigimos que quien pide una nueva responsabilidad primero rinda cuentas de la anterior.
Por eso los partidos deberían poner filtros más serios. Renunciar a tiempo o cumplir el requisito formal no debería bastar. Antes de postular a alguien convendría revisar qué resultados entregó, qué pendientes deja y si su salida golpea áreas que importan. Y de paso, habría que hablar del marco legal. Si el sistema permite que un cargo se use una y otra vez como plataforma, entonces faltan reglas más claras para las licencias, límites a la separación prematura en áreas sensibles y criterios que cualquiera pueda verificar.
Ese debate hay que cuidarlo, eso sí. No se trata de cancelar el derecho a votar y ser votado, ni de cerrar la competencia con criterios a modo. Se trata de algo más honesto: preguntarnos, antes de aplaudir una nueva candidatura, si quien aspira dejó resultados o solo dejó pendientes.
Una candidatura no debería premiar nada más presencia, popularidad o disciplina de partido. También debería premiar que alguien sepa cumplir.
Morena, PT y Verde pueden ordenar sus registros, aplicar sus encuestas y definir a sus candidatos. Están en su derecho. Pero si quieren hablar de continuidad, qué mejor que empezar por demostrar que sus cuadros saben terminar lo que empiezan, y no solo correr hacia lo que sigue. Y esto, conste, no es exclusivo del oficialismo. Es un vicio viejo del sistema político mexicano, repartido entre partidos, gobiernos y épocas. Precisamente por eso no debería seguir pareciéndonos normal.
Que algo sea legal no lo vuelve ejemplar. Que haya pasado antes no obliga a que vuelva a pasar. Y que todos lo hayan practicado no nos obliga a aceptarlo sin chistar.
Así que la conversación de 2027 no debería arrancar preguntando quién va arriba en la encuesta, sino con algo más incómodo: ¿quién puede ver a la gente a los ojos y decir que cumplió con lo que ya tenía encargado? Porque cuando el cargo público se vuelve sala de espera electoral, la política gana movimiento y el gobierno pierde continuidad. Aquí termina el texto pero empieza la reflexión: y esa se la dejo a usted, que el próximo año tendrá la boleta en la mano: ¿vamos a seguir premiando a quien se va, o por fin vamos a exigirle que primero rinda cuentas de lo que dejó?
