Esta semana, en el marco del Día de la Administración Pública, vale la pena hacer una pregunta incómoda: ¿qué tipo de servidor público necesita realmente México?
La fecha pudo pasar como una efeméride más, entre mensajes institucionales, fotografías oficiales y frases sobre vocación de servicio. Pero la reflexión no debería quedarse ahí.
México no solo ha cambiado de gobiernos. También ha cambiado de formas de justificar la ocupación del poder. Cada época ha tenido su propio discurso: revolución, estabilidad, modernización, alternancia, reformas estructurales, austeridad o transformación. Pero detrás de cada promesa hubo una pregunta que casi siempre quedó pendiente: ¿quién hace funcionar al gobierno cuando termina el discurso?
Porque el gobierno no trabaja solo, se vuelve real a través de personas. Es quien atiende una ventanilla, quien recibe una denuncia, quien autoriza un trámite, quien opera un programa social, quien firma un contrato, quien legisla, quien juzga, quien gobierna un municipio, un estado o el país entero.
Desde el puesto de base hasta la titularidad del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, el servicio público define si el ciudadano encuentra solución o abandono, legalidad o abuso, respuesta o indiferencia.
No todas las etapas dañaron o fortalecieron la administración pública de la misma manera. El gobierno posrevolucionario construyó instituciones, pero también consolidó burocracias subordinadas al presidencialismo. El viejo PRI ejerció un gobierno amplio, con capacidades reales, pero también con mucho control político, clientelismo y opacidad. La tecnocracia profesionalizó ciertas áreas, sobre todo económicas y financieras, pero muchas veces alejó la decisión pública de la sensibilidad social. La alternancia panista abrió debates importantes sobre transparencia y servicio profesional, pero no desmontó las cuotas partidistas. El retorno priista impulsó reformas legales ambiciosas, pero perdió autoridad moral entre escándalos de corrupción e impunidad.
La etapa actual reivindica cercanía popular, austeridad y ruptura con privilegios; su prueba, sin embargo, es más exigente: demostrar que la lealtad política no sustituye la capacidad administrativa, y que el discurso de austeridad y combate a la corrupción se sostiene en actos verificables. Como decía José Martí: “La mejor manera de decir es hacer”.
Cada etapa produjo su propio tipo de servidor público. México necesita uno seleccionado por mérito, formado de manera continua, evaluado por resultados y protegido de la lógica de cuotas políticas. Que el servicio profesional de carrera deje de ser la mayoría de las veces una simulación.
No basta con pedir servidores públicos honestos, sensibles y preparados. Hay que construir reglas que los formen, los retengan y los protejan. Al servicio público no se le mejora solo con discursos de ética, sino con ingreso transparente, capacitación real, permanencia basada en desempeño, evaluación objetiva, controles útiles y una carrera administrativa que no dependa del humor político del momento.
Cuando eso no existe, el sistema produce lo que después criticamos: perfiles improvisados en áreas técnicas, servidores públicos con miedo a decidir, empleados que sobreviven sexenios pero no transforman procesos y titulares que llegan a aprender lo que deberían saber antes de aceptar el cargo.
La administración pública no es una oficina de favores. Tampoco es refugio de militantes, premio de campaña, cuota de grupo o plataforma personal. Es el aparato que convierte decisiones en servicios, derechos, presupuesto, seguridad, salud, educación, justicia, obra pública y resultados.
Cuando falla, no falla un organigrama. Falla la vida cotidiana.
Falla cuando una denuncia se pierde, falla cuando un trámite se vuelve castigo, falla cuando una escuela no tiene condiciones mínimas, falla cuando un legislador vota sin entender lo que aprueba, falla cuando un gobernador piensa más en su grupo que en su estado, falla cuando cualquier servidor público olvida que su sueldo sale del dinero de la gente. Y falla también cuando una reforma promete mejorar una institución, pero no cuida los incentivos que la sostienen.
El Poder Judicial es un ejemplo delicado. En 2025 México eligió por voto popular diversos cargos federales del Poder Judicial, incluidos ministros, magistraturas y jueces. El cambio puede presentarse como apertura democrática, pero una justicia más cercana al pueblo no se garantiza únicamente cambiando el método de selección. Si el nuevo modelo no protege mérito, experiencia, independencia y preparación técnica, el ciudadano no recibe mejor justicia: recibe más incertidumbre.
Lo mismo ocurre con cualquier reforma administrativa. Puede prometer austeridad y terminar debilitando capacidades. Puede prometer simplificación y generar más burocracia. Puede prometer combate a la corrupción y, si no distingue entre corrupción, error administrativo y decisiones tomadas de buena fe, terminar frenando al propio gobierno. Entonces nadie quiere firmar, todos piden otro oficio, otro visto bueno, otra opinión jurídica. La compra se retrasa, la obra se detiene, el trámite se acumula y el servicio no llega. Así se explica muchas veces el subejercicio: dinero autorizado que se queda guardado en una cuenta pública mientras falta mantenimiento, medicinas, infraestructura o atención en el lugar donde la gente lo necesita.
Morena concentra hoy buena parte del poder público y, por eso, tiene una responsabilidad mayor. Pero este problema no nació con Morena ni se resolverá solo cambiando de partido. También involucra a gobiernos del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PRD y de cualquier fuerza que trate o haya tratado la administración pública como espacio de reparto, control o promoción personal.
El problema no son únicamente las siglas. El problema es el incentivo. Mientras sea más útil ser cercano al poder que competente en la función, el gobierno seguirá perdiendo capacidad. Mientras pese más la cuota que el mérito, las instituciones dependerán de personas y no de procesos. Mientras cada cambio de gobierno signifique volver a empezar, se perderá memoria institucional. Mientras los cargos se repartan como pago de favores, la ciudadanía seguirá recibiendo servicios deficientes.
Y esto vale para todos los poderes. Un Congreso no mejora porque tenga mayoría. Mejora cuando legisla con seriedad, fiscaliza al gobierno y entiende lo que aprueba. Un Ejecutivo no mejora solo porque gana elecciones. Mejora cuando convierte mandato popular en administración eficaz. Un Poder Judicial no mejora solo porque sus integrantes llegan por otra vía. Mejora cuando resuelve con independencia, conocimiento y responsabilidad pública.
La ruta no es misteriosa, pero sí exige voluntad para tocar intereses: perfiles profesionales obligatorios para la alta dirección pública: direcciones generales, direcciones de área o jefaturas de unidad; concursos reales, capacitación continua, evaluación de desempeño, permanencia basada en resultados, publicidad de trayectorias, incompatibilidades claras, sanciones efectivas y órganos de evaluación menos dependientes del gobernante en turno. No se trata de inventar otra burocracia, sino de impedir que los cargos técnicos sigan funcionando como premios políticos.
La ciudadanía no diseñó este sistema, pero puede exigir que deje de operar en la oscuridad. No basta con votar cada tres o seis años. También hay que revisar perfiles públicos, trayectorias verificables, evaluaciones de desempeño, declaraciones patrimoniales, resultados medibles y criterios de nombramiento. Existen plataformas de transparencia y obligaciones legales que permiten preguntar, solicitar información y exhibir cuando una persona sin experiencia suficiente llega a un cargo técnico.
Esa tendría que ser una nueva forma de vigilancia ciudadana: no solo preguntar de qué partido viene un funcionario, sino qué sabe hacer, qué ha hecho antes, qué resultados puede mostrar y bajo qué criterios fue nombrado.
El Día de la Administración Pública debería recordarnos una idea básica: el gobierno funciona solo si las personas que lo integran tienen capacidad, ética, responsabilidad y condiciones institucionales para servir bien.
Un mal servidor público puede convertir un derecho en suplicio. Un buen servidor público puede hacer que el gobierno llegue a tiempo a la necesidad de la ciudadanía.
México no necesita servidores públicos que se sientan dueños del cargo. Tampoco necesita militantes disfrazados de administradores, técnicos sin sensibilidad social o políticos sin respeto por la ley. Necesita mujeres y hombres capaces de entender que el poder público no pertenece a quien lo ocupa, sino a la ciudadanía que lo sostiene.
Aquí termina el texto, pero empieza una exigencia mayor: dejemos de preguntar solamente quién gobierna. Preguntemos quién sabe servir.
