¿Y a mí qué?

Un estudiante entra a la secundaria, guarda su teléfono y pasa varias horas sin consultar redes sociales, responder mensajes o mirar videos. Terminan las clases, sale de la escuela y vuelve a sumergirse en la pantalla. La prohibición se cumplió, pero ¿cambió realmente su relación con la tecnología?

Desde el 3 de noviembre entraron en vigor nuevas disposiciones para regular el uso de dispositivos digitales en las escuelas mexicanas. El Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece medidas diferenciadas: en primaria y secundaria se restringen los celulares durante la jornada escolar, con excepciones justificadas; en bachillerato cada institución acuerda sus reglas, mientras que en educación superior se promueve su utilización responsable.

El Gobierno busca recuperar la concentración en las aulas, fortalecer la convivencia, estimular la creatividad y prevenir riesgos asociados con el uso excesivo de pantallas, particularmente aquellos relacionados con el bienestar emocional.

La decisión tiene fundamento. Las pantallas compiten constantemente por nuestra atención, incluso durante las clases y las conversaciones familiares. Reducir esas distracciones puede mejorar el ambiente escolar. Ese beneficio merece reconocerse, aunque todavía debemos conocer los resultados de su aplicación en México.

Pero una política pública debe evaluarse también por sus efectos, no solamente por el cumplimiento de sus disposiciones.

En 2025, una investigación publicada en The Lancet Regional Health-Europe analizó a 1,227 adolescentes de entre 12 y 15 años, pertenecientes a 30 escuelas de Inglaterra. Encontró que los alumnos de instituciones con políticas restrictivas utilizaban sus teléfonos aproximadamente 40 minutos menos durante la jornada escolar.

Sin embargo, no identificó diferencias significativas en el tiempo total de utilización durante los días laborables o fines de semana, ni mejores resultados generales de bienestar mental entre estudiantes de escuelas restrictivas y aquellos de planteles más permisivos.

El estudio fue observacional y sus resultados no pueden trasladarse automáticamente a México. Las condiciones familiares, económicas y de seguridad son diferentes. En comunidades donde la inseguridad limita las actividades al aire libre, por ejemplo, las alternativas de convivencia también pueden reducirse.

La investigación plantea una distinción importante: restringir temporalmente una conducta no garantiza modificar los hábitos que la sostienen.

Un adolescente puede permanecer seis horas sin teléfono y dedicar buena parte de la tarde a las redes sociales. Mientras tanto, el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y el uso nocturno de dispositivos pueden continuar fuera del horario escolar.

Hay otra dimensión que merece atención: la preocupación de los padres. En México, donde numerosas familias enfrentan problemas de inseguridad, mantener comunicación con sus hijos representa una necesidad legítima de protección. Saber que llegaron a la escuela o que regresan a casa responde a preocupaciones reales. Por ello, las restricciones deben acompañarse de protocolos de emergencia y canales de comunicación accesibles.

Sin embargo, el desafío más complejo se encuentra fuera de las escuelas. Las redes sociales participan en una economía de la atención. Sus algoritmos, notificaciones y recomendaciones buscan prolongar la permanencia de los usuarios. No hablamos solamente de estudiantes distraídos, sino de plataformas desarrolladas por empresas con enormes recursos tecnológicos para estudiar el comportamiento de sus usuarios.

Desde la psicología, sabemos que la autorregulación y la capacidad para posponer recompensas se desarrollan progresivamente. Exigir que los menores enfrenten por sí solos estos mecanismos resulta insuficiente.

Pero sería incorrecto afirmar que el Gobierno ha permanecido inactivo frente a las empresas tecnológicas.

El 14 de octubre publicó un decreto para proteger a menores de edad en plataformas digitales. Entre las empresas que participaron en las reuniones gubernamentales estuvieron Meta, propietaria de Facebook e Instagram, TikTok, Google, Microsoft, Apple, X y Huawei.

La disposición exige que los servicios digitales comprendidos en ella verifiquen edades, establezcan configuraciones de privacidad para menores, faciliten controles parentales y restrinjan contenidos que promuevan violencia, abuso sexual, autolesiones o acoso. También deben contar con mecanismos para denunciar contenidos peligrosos y retirarlos cuando corresponda.

Las empresas disponen de 30 días naturales desde la entrada en vigor del decreto para realizar ajustes técnicos y documentar las acciones implementadas. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento, aunque la información publicada no precisa cómo se harán públicos los resultados individuales de cumplimiento.

Además, existen propuestas legislativas. En abril, un diputado de Morena presentó una iniciativa para regular el acceso de menores a redes sociales y fortalecer los controles parentales. En octubre, un legislador del Partido Verde propuso impedir que los algoritmos dirigidos a menores se optimicen para prolongar su permanencia mediante determinados contenidos perjudiciales.

Son medidas distintas y todavía requieren seguimiento. El decreto se concentra principalmente en proteger frente a contenidos peligrosos, mientras que la propuesta legislativa también aborda características del diseño tecnológico que pueden favorecer el uso prolongado.

En las escuelas, la SEP contempla acciones para desarrollar una ciudadanía digital crítica y responsable. Además, el artículo 6 del acuerdo establece reuniones semestrales entre autoridades educativas para revisar avances y realizar ajustes.

Existe, por tanto, un mecanismo formal de seguimiento. Sin embargo, el documento publicado no establece expresamente indicadores específicos para determinar cuánto mejoraron el aprendizaje, la convivencia o el bienestar emocional como consecuencia de la restricción.

Esto no significa que la SEP carezca de instrumentos complementarios. Lo pertinente es conocer cuáles utilizará y cómo informará sus resultados.

Una cosa es verificar que los estudiantes guardan sus celulares y otra demostrar que aprenden mejor. Para esto último se necesita información comparable sobre atención, aprovechamiento académico y convivencia escolar.

La regulación apenas comenzó, por lo que sería prematuro declararla exitosa o fracasada. El seguimiento semestral permitirá conocer sus primeros resultados y corregir dificultades.

Aquí termina el texto, pero empieza tu conciencia. Apagar el celular durante las clases puede mejorar el ambiente escolar. El verdadero desafío será comprobar que esa decisión favorece el aprendizaje y que las medidas dirigidas a las plataformas protegen también a los menores fuera de las aulas. Porque educar para el mundo digital exige responsabilidades compartidas y resultados verificables.