Ya hay Fiscal, carnales

El diseño moderno de las instituciones constitucionales mexicanas comenzó a gestarse en la década de los noventa cuando la teoría clásica de la división de poderes abrió sus puertas a los órganos constitucionales autónomos. A partir de entonces, las funciones del Estado no se depositan únicamente en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino que otros órganos fueron sumados a la actividad estatal.
    Si en al pasado el equilibrio institucional se lograba con la existencia de tres poderes perfectamente delimitados, la actividad pública requirió de otras instituciones para dar certeza a los gobernados. El más claro ejemplo es la función electoral: ¿qué certeza podía existir en las épocas en que la Secretaría de Gobernación controlaba los procesos electorales?
    La Comisión Federal Electoral, presidida por el titular de Gobernación, era el centro de la organización de las elecciones y designación de funcionarios electorales. ¿Podíamos confiar en un organismo que era juez y parte? La respuesta es obvia; sin embargo, así se entendía la normalidad democrática en un país dominado por un partido hegemónico que todo lo ganaba.
    Así transcurrió la mayor parte del siglo XX, incluso durante las elecciones presidenciales de 1988 que fueron las últimas en ver a un todo poderoso Secretario de Gobernación al frente de la organización electoral, si bien todavía durante el proceso de 1994 el titular de Gobernación mantuvo el carácter de presidente del Consejo General del naciente Instituto Federal Electoral.
    El esquema cambió en 1996 al dotar de autonomía constitucional plena al Instituto Federal Electoral. Su prueba de fuego, las elecciones del año 2000, la acreditó con un alto reconocimiento interno y externo. Se justificaba de esta forma su creación como un órgano autónomo y la disminución de facultades al Ejecutivo que fueron sobredimensionados desde el mismo momento en que el artículo 80 de nuestra Constitución se refiere al Poder Ejecutivo como “supremo”.
    En esa misma década fueron concebidos otros órganos constitucionales autónomos, los cuales –por su propia naturaleza- no están subordinados a ninguno de los tres poderes clásicos y, en general, sus facultades son desprendimientos de las facultades que en algún momento tuvo el Ejecutivo.
    De esta forma surgieron como órganos autónomos el Banco de México (1993), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1999); posteriormente vinieron el INEGI (2006), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la Fiscalía General de la República.
    Podemos debatir mucho tiempo sobre la necesidad de contar con tantos órganos autónomos, aunque hay algunos que a simple vista parecen indispensables como garantes de la vida democrática. En todo caso cabe precisar, como en algún momento lo estableció la Suprema Corte, que los órganos autónomos no son entes fuera del Estado, al contrario, forma parte de éste y deben actuar entre ellos y con otros órganos y poderes.
    Originalmente, como la teoría que estaba en boga en ese momento, el constituyente de 1917 plasmó en el texto constitucional (artículos 21 y 102) la facultad del Estado de procurar justicia a través de la figura del ministerio público, cuyo titular era nombrado y removido por el presidente de la República. Aunque a lo largo del tiempo hubo algunas modificaciones, el marco constitucional se mantuvo esencialmente igual hasta 2014, cuando desaparece la Procuraduría General de la República para dar paso a la Fiscalía General de la República.
    Lo relevante de esta reforma no es el cambio de nombre, sino que la Fiscalía General se concibe como un órgano público autónomo, alejado de la esfera del Poder Ejecutivo, cuya concreción había tenido un tránsito accidentado desde 2014 hasta que el viernes pasado Alejandro Gertz Manero fue elegido por el Senado como primer Fiscal General de la República. Pese a su colaboración en distintos gobiernos de colores diversos, su designación y trayectoria no estuvo exenta de cuestionamientos, particularmente por su cercanía a Andrés Manuel en la campaña que lo llevó a la presidencia. Pero cualquiera que hubiera sido el propuesto, no hubiera escapado a las críticas de opositores o medios informativos o desinformativos. Su responsabilidad no es poca cosa y será sujeto de escrutinio permanente.